FRANCISCO REYES / TORONTO /
La crisis venezolana ha llegado a un punto de no conciliación entre el gobierno y sus opositores. Ante la persistencia de la oposición de acabar con el régimen chavista, el presidente Nicolás Maduro ha cambiado de parecer el pasado viernes, asegurando que en el 2018 habrá elecciones “llueve, truene o relampaguee”, “como ordena la ley”.
Esta promesa disfuma la atmósfera de tensión que se vive en el país sudamericano desde principio de abril. Pero la oposición mantiene la posición de no favorecer el proceso de elecciones. Por el contrario, persiste con las manifestaciones de protesta a lo largo del país para sacar del poder al presidente Maduro.
No es tan fácil encontrar una solución adecuada a la crisis que se presentas como elemento desestabilizador en la región sudamericana. En el terreno de los hechos se convergen actores con intereses opuestos a los del pueblo venezolano y que no desean sentarse en la mese del diálogo.
El gobierno, la oposición, la OEA y los Estados Unidos tienen parte de la culpa de que la situación se haya salido de control. Unos, por terquedad; otros, porque buscan deshacerse de Maduro a como dé lugar; otros, porque quieren ejercer control sobre la política y la riqueza petrolera de Venezuela.
Si bien es cierto que Maduro hace todo lo posible por mantenerse en el poder violando los derechos de los venezolanos, con la represión brutal en las manifestaciones de protesta, no menos cierto es que se ha visto forzado a tomar medidas drásticas para evitar la desaparición total del chavismo y su “Revolución Bolivariana”.
La oposición, que se aprovechó de la intransigencia del gobierno para lanzar las olas de protesta que sacuden al país, ahora no acepta la propuesta de elecciones hechas por Maduro y se ha obstinado en mantener las protestas para derrocarlo.
Igualmente son culpables los grandes comerciantes con los que cuenta la oposición, acaparando los productos de primera necesidad, agravando la crisis de medicinas y productos básicos de la canasta familiar, con el fin de empujar las manifestaciones callejeras, aumentando del caos político, económico y social.
Este hecho no es más que una repetición de lo que ocurrió en Chile en 1973 para producir la caída de Salvador Allende. Después de su derrocamiento, los comercios se abarrotaron, porque se trataba de una escasez ficticia.
¿Es real o ficticia la crisis monetaria en Venezuela? ¿Quiénes son culpables del alto nivel de la inflación en el país sudamericana? Repasemos lo que ocurrió en Chile.
El papel de la OEA no ha estado claro en la solución de la crisis. El Consejo Permanente del organismo regional aplazó la reunión prevista para el 29 de abril. En cambio, aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres, en Washington, el 22 de mayo para discutir el caos político que afecta a Venezuela.
La demora ha sido aprovechada por la oposición para crear nuevas olas de protestas, como la amplia caravana del pasado sábado y el Gran Plantón Nacional este lunes. Es evidente que detrás de estos actos están los Estados Unidos dando “apoyo logístico” a los opositores al gobierno.
No en vano el representante de Antigua y Barbudas, Ronald Sanders, se quejó de que, debido a la demora de la OEA, se realizan “reuniones secretas” y fijar posiciones desfavorables a la verdadera negociación de la crisis. Canadá sintió preocupación considerando que “el tiempo apremia en Venezuela”, pero aceptó la postergación de la reunión.
Obviamente, los Estados Unidos no juegan un papel pasivo. De hecho, la Casa Blanca nunca ha dejado de intervenir directamente en Sudamérica, con el financiamiento a grupos de desestabilización interna en Venezuela, con la compra de cancilleres en la OEA y la aplicación de sanciones económicas aprobadas en el Congreso.
La única solución correcta es la del Papa Francisco, aceptada el viernes por el presidente maduro y que deben ser realizadas dentro de un marco de respeto a la voluntad popular y a los derechos humanos.
La propuesta del Sumo Pontífice encontró eco en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). En su XXXVI Asamblea Ordinaria, celebrada en El Salvador el pasado fin de semana, los obispos de América Latina y El Caribe se pronunciaron frente a la situación venezolana.
Para la Iglesia Católica la solución es electoral, posición que Canadá ya había fijado previamente el 9 de abril, a través del Sub-comité Parlamentario de los Derechos Humanos Internacionales.
En su comunicado difundido el pasado viernes, antes de la promesa del presidente Maduro, el CELAM expresó su “preocupación por la crisis política y humanitaria que vive Venezuela” y desde San Salvador lanzó “un llamado urgente a buscar soluciones por las vías constitucionales”.
Este llamado se opone a todas formas de protestas, cuyos autores –la oposición y quienes los financian desde afuera- ahora no quieren las elecciones que antes pedían a gritos.
De no seguirse las recomendaciones del Papa Francisco y su Consejo Episcopal Latinoamericano, habrá razones para que los actuales gobernantes de Venezuela sigan culpando a la oposición y a los Estados Unidos de buscar su derrocamiento. Veremos cuál será la posición de la OEA.
