POR GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ* / MEXICO /
En un artículo publicado hace ya muchos años, el especialista colombiano Jose Manuel Alvarez Zárate explica que al aplicar sanciones contra una nación los responsables de esa decisión deben reflexionar en torno a tres importantes aspectos: si es moralmente justo imponer tales sanciones, su conveniencia y, finalmente, la legalidad de las mismas. El texto es de 1998, en los años en que Bill Clinton firmó una ley por la que se imponían sanciones a Libia e Irán, países a los que acusó de ser promotores del terrorismo. Estas medidas se sumaron al embargo económico que años antes había sido impuesto a Irak por la invasión a Kuwait, en 1990, renovado posteriormente por George Bush hijo como una media previa a la invasión que encabezó Estados Unidos para derrocar al presidente iraquí, acusado falsamente de fabricar armas de destrucción masiva.
Ese expediente de represalias contra países donde existen gobiernos que no son del agrado de Estados Unidos siguió abultándose bajo la administración de Barack Obama, que en 2012 impulsó una serie de sanciones contra distintos funcionarios e instituciones venezolanas, las que fueron ampliadas y agudizadas bajo el mandato de Donald Trump.
Al parecer, ni el “horny” de Clinton, ni el “paleto hijo de papá” de Bush jr. (como alguna vez fue definido por una periodista), ni el “moreno” de Obama y tampoco el “anaranjado” de Trump meditaron sobre la legalidad y mucho menos sobre la moralidad de las sanciones económicas que decretaron al estampar sus firmas, pese a que era evidente que las consecuencias las sufrirían las personas de menores recursos económicos y los grupos más vulnerables, ancianos, mujeres y niños.
Esas sanciones hacen terriblemente difícil la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie. Esta verdad ha sido nuevamente ratificada por el informe preliminar presentado por la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas y derechos humanos, Alena Dohuan, tras su visita hace algunas semanas a Venezuela, la más reciente víctima de la furia y soberbia sancionadora de Estados Unidos y la Unión Europea.
El informe de la especialista en derechos humanos expresa que “las sanciones unilaterales que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto progresivamente [a Venezuela]… han reducido los ingresos del gobierno (venezolano) en un 99%”, por lo que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos que percibía previo a las sanciones. Esto ha llevado a una disminución de los salarios de los trabajadores del sector público, de manera que los que antes ganaban 500 dólares estadounidenses ahora reciben diez, y los que devengaban 150 han visto mermados sus ingresos a un dólar. El nivel de pobreza es cada vez más creciente, a la vez que se ha ido socavando “la capacidad del Estado para mantener la infraestructura e implementar proyectos sociales”.
“Hoy, Venezuela enfrenta la falta de maquinarias, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a US$ 6 mil millones”, agrega el documento. Esto se traduce en la imposibilidad del gobierno para comprar alimentos y medicinas, entre tantos otros bienes que Venezuela tradicionalmente compraba en Estados Unido o Europa, los que antes del 2016 eran suministrados gratuitamente a la población. “Los obstáculos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo alimentario, han provocado en los últimos seis años un crecimiento constante de la desnutrición, con más de 2.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave”, muchas familias se han visto obligadas a disminuir el número de comidas diarias de tres a dos o sólo una.
Nada justifica tan brutal castigo, que podemos calificar de inmoral e inhumano. Pero resulta que los gobernantes estadounidenses, ni quienes en Europa y América Latina respaldan esas sanciones, tampoco han pensado en la legalidad (o ilegalidad) de dichas medidas, a todas luces contrarias al derecho internacional. El reporte también insiste en que los argumentos que esgrime el gobierno estadounidense para sancionar a Venezuela no corresponden con las causales establecidas por la legislación internacional para sancionar a un país. Por tanto, dichas sanciones, como el bloqueo impuesto a Cuba desde hace sesenta años, son inmorales e ilegales.
Tras la publicación del informe de la relatora, funcionarios del gobierno estadounidenses y diversos medios internacionales han querido insistir en que las sanciones no tienen que ver o no son responsables de la aguda crisis económica que enfrenta el pueblo venezolano. Pero la lógica más simple indica que si alguien nos roba el dinero y además de eso se niega a vendernos cualquier producto o alimento e impiden que otros también nos vendan, pues tendrá mucha culpa si pasamos hambre. Y yo estoy seguro de que la población venezolana sabe bien quienes son los principales responsables de tantas dificultades que enfrenta.
*Guillermo Fernández Ampié es un periodista nicaragüense con doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
