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El Tribunal de Ontario criticó la medida del gobierno federal porque se mezcló a los inmigrantes con reclusos criminales
POR OSCAR VIGIL / TORONTO /
El Tribunal Superior de Justicia de Ontario certificó recientemente una demanda colectiva contra el gobierno federal en relación con el uso de cárceles provinciales para inmigrantes detenidos. La demanda representa a 8,360 personas que fueron detenidas en 87 cárceles provinciales y territoriales por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) entre 2016 y 2023.
La demanda fue presentada en el 2022 por un grupo de inmigrantes y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y dos años después el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha certificado dicha demanda colectiva contra el gobierno federal.
La certificación significa que el tribunal cree que hay pruebas suficientes para justificar la demanda, pero sólo un juicio futuro determinará si el grupo de inmigrantes detenidos o el gobierno federal gana el caso. La demanda pide 100 millones de dólares en daños y perjuicios, que se dividirán entre los demandantes, si ganan.
En la decisión emitida, el tribunal rechazó cada una de las 15 objeciones planteadas por los abogados del gobierno federal que intentaban detener el proceso.
“Los inmigrantes detenidos fueron encarcelados en prisiones provinciales y encontraron las mismas condiciones que los reclusos criminales, incluida la mezcla con delincuentes violentos, el uso de medios de inmovilización como grilletes y esposas, registros al desnudo y severas restricciones de contacto y movimiento”, escribió el juez Benjamin Glustein.
Vilma Filici, profesora de temas de inmigración en Seneca College y consultora de inmigración, explicó que los abogados que presentaron la demanda dijeron que el propósito de las cárceles es castigar únicamente a las personas que han cometido delitos graves, y que por lo tanto nadie que no esté condenado por un delito, o que no esté acusado de un delito, debe ser colocado en ese tipo de lugares.
Los inmigrantes detenidos, de hecho, no están acusados penalmente y se supone que su detención no es punitiva, sin embargo están detenidos de forma indefinida por una de tres razones: a) La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) cree que es “poco probable que comparezcan” para su deportación u otro asunto de inmigración; b) su identidad no ha sido confirmada, o c) porque la CBSA cree que son un “peligro para el público”, generalmente debido a cargos penales anteriores por los que ya han cumplido una sentencia.
Agregó que de hecho, los datos presentados en la demanda plantean que la gran mayoría de los detenidos (más del 80 por ciento) están recluidos en cárceles provinciales de máxima seguridad únicamente porque es “poco probable que comparezcan” para su deportación u otro asunto.
Hay que recordar que el gobierno federal tiene acuerdos con las provincias para que se les permita poner a los detenidos migratorios en las cárceles comunes, ya que los centros de detenciones no dan abasto para el número de personas detenidas.
Pero una pregunta clave que se debe hacer, dice Filici, es ¿cuál es la diferencia entre tener a los inmigrantes detenidos en un Centro de Inmigración, que son centros de detención manejados por el IRCC, y tenerlos en una cárcel común?, explicando que la diferencia es abismal.
“Primeramente, cuando detienen a una persona por cuestiones migratorias, les ponen esposas en la manos y cadenas en los pies como si fuesen criminales peligrosos, lo cual no es para nada cierto y es absolutamente innecesario traumatizar a las personas de esta manera. Luego, hay una diferencia tremenda entre llevarlos a un centro de detención y a una cárcel.
En el centro de detención, por ejemplo, la persona está en cuartos comunes con las puertas abiertas. Igual están detenidos, hay guardias y no pueden salir, etc., pero pueden ir a las áreas comunes donde se juntan y hablan con todos los demás detenidos. Tienen acceso al teléfono en cualquier momento, pueden tener el número de visitantes que quieran durante el horario de visitas, etc., mientras que en las cárceles provinciales, aunque sean detenidos de inmigración, son tratados exactamente como los presos por crímenes.
Así, en las cárceles, los inmigrantes están detenidos en celdas la mayor parte del del día, solamente tienen un periodo corto para hacer algo de ejercicio, pueden tener solamente dos llamadas telefónicas por semana, y pueden tener solamente dos visitantes por semana (y eso incluye a sus abogados). Es decir que los tratan como si fuesen personas peligrosas para la sociedad. Además, los detenidos de inmigración sufren las mismas consecuencias que los presos comunes cuando hay cierres o alarmas en las cárceles, lo que implica que les suspenden las visitas, no tienen acceso a llamadas telefónicas, etc.”, explicó.
El otro problema que señalaron los abogados en la demanda judicial es que no hay una idea de cuándo se va a terminar la detención, lo cual también es traumatizante para el detenido por qué no se ve una luz al final del túnel. Una persona puede estar detenida durante meses o años, y lo hemos visto, simplemente porque les falta documentación o por otros motivos menores.
“Otro elemento de vital importancia a destacar es que cuando a una persona la detienen por un asunto migratorio, esta tiene la posibilidad de ser puesta en libertad por el mismo oficial que la detiene. Si esto no sucede, la persona tiene derecho a una audiencia para que un miembro de la División de Inmigraciones decida si lo sueltan o no dentro de las 48 horas de haber sido detenido, y si no la sueltan, tiene otra posibilidad de otra audiencia a los 7 días de la primera. Y si tampoco la sueltan, tiene otra audiencia a los 30 días de la segunda, y luego las siguientes cada 30 días”, apuntó.