Trabajadores agrícolas: ¿Desechables?

YENSY ORTIZ / MONTREAL /
María no sabía que estaba embarazada al salir de Guatemala, se enteró poco después a su arribo a Canadá. Laboraba hasta hace un mes en un invernadero de chiles (pimientos) en Leamington, Ontario, como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el mismo bajo el cual llegan hondureños, mexicanos, caribeños, filipinos y tailandeses. Ahora, tras sufrir la “presión de su empleador”, ha retornado a su país. Como ella, muchos empleados más han sido repatriados bajo diferentes circunstancias.

Miedo.  Esa es la palabra que resume el entorno al que se enfrentan los trabajadores agrícolas temporales cuyos derechos han sido vulnerados. “Temor a denunciar y  aparecer en una lista negra, que pueda significar perder esa oportunidad de trabajar en Canadá para el resto de su vida”, refuerza, Tzazná Miranda, organizadora regional de Justicia para Trabajadores Migrantes (J4MW, por sus siglas en inglés), en Toronto.

Para María, como identificaremos en lo sucesivo, fue el pánico a perder al bebé que lleva en su vientre que la obligó a emprender el regreso hacia Guatemala donde tiene al resto de sus hijos.
“Ella sabía que era injusto, que no la debían de estar mandando y que podía seguir trabajando. Pero al final, ella se quería ir porque la acosaban en el trabajo. A uno lo obligan de muchas formas a irse”, asegura Miranda.

La guatemalteca de 37 años llegó a Canadá sin saber que venía en cinta. La prueba de embarazo, ordenada por la empresa reclutadora en su país, habría dado negativa. Lo sorprendente del caso, dice Miranda, es que “nunca han dejado venir a alguien embarazada”.
Contratada como trabajadora temporal agrícola, María debía pasar varias horas en pie para supervisar la calidad de pimientos en un invernadero en Leamington, Ontario. Poco después que su empleador conoció su estado, sus funciones fueron menos pesadas. Pero al mismo tiempo, comenzó la presión psicológica.

La acción legal

Para la J4MW, el caso de María constituye claramente una violación al Código de Derechos Humanos de Ontario, en el área laboral, no sólo en el grado de género sino también de familia.
El Human Resources Development Canada (HRDC), una división del gobierno Federal para el desarrollo de los derechos humanos, puntualiza que “es ilegal despedirla (incluso con aviso previo) o bajarla de rango o categoría porque está embarazada o porque planea embarazarse en un futuro”. También hace referencia a “un trato justo y equitativo en el trabajo si está embarazada o si planea embarazarse”.

“Aquí uno podría levantar una demanda fácil y ganarla” dice Miranda, quien al mismo tiempo expone que el gobierno de Canadá se podría deslindar dado que la contratación se hizo en Guatemala. Sin embargo, la demanda sí procede en contra del empleador que la cesó, porque “la mandaron a su casa y eso si fueron las autoridades de aquí, el patrón de aquí”.
María ha decidido emprender la acción legal, pero el problema es que ya se encuentra en Guatemala y eso dificulta el proceso.

La J4MW, con 11 años de funcionamiento, ha visto a centenares de trabajadores que han sido repatriados a sus países. Muchos de ellos, ignorando sus derechos bajo la ley canadiense.
“Si no saben cuales son sus derechos no saben cuando se están violando. Otros saben que se están violando sus derechos pero no saben qué hacer ni a dónde acudir para poder ejercerlos”, dice Miranda con más de cinco años en la organización.

Pero el miedo a demandar va más allá. Miranda explica que cada trabajador debe pensarlo dos veces antes de tomar acción contra el patrón o el gobierno, porque “eso podría significar perder esa oportunidad de volver a trabajar en Canadá para el resto de su vida, y a veces no solo para ellos, para su familia y hasta el resto de las comunidades. Pues ¿quién se avienta una carga de esas?”

La mano de obra extranjera en Canadá

Bajo el argumento de carencia de obreros locales, en 1974 inició un programa bilateral entre el gobierno de Canadá y México para traer trabajadores a los campos canadienses. Desde entonces “la demanda no ha disminuido ni el interés de los trabajadores; se mantiene en constante aumento” asegura la cónsul para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), Adriana Villanueva.

La selección de los empleados es hecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, mientras que el programa es administrado en Canadá por el HRDC y la asociación de granjeros.

La funcionaria confirmó que durante 2011 llegaron 16,000 mexicanos para cultivar verduras, tabaco, flores y frutas; de los que 3,200 se distribuyeron en 350 granjas de Quebec. El resto en Alberta, Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Ontario y Saskatchewan.

Los trabajadores agrícolas son como las aves que migran. Aparecen entre los meses de abril, mayo o junio, emprenden camino luego de una temporada de 8 meses. Con sus ingresos se vuelven el sostén económico de sus familias en su país de origen.

Esa misma necesidad ha impulsado a otros a dejar su campiña. Desde 2003 también se puede ver a  guatemaltecos en los campos canadienses. La diferencia es que no existe un convenio directo entre los gobiernos de ambos países para el reclutamiento de personal. En este caso es la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que cumple esa misión.

Los hondureños también venían en ese combo, pero el Gobierno de ese entonces no le dio continuidad, puntualiza el cónsul de ese país en Montreal, Miguel Díaz Barahona. Ahora, ese mismo programa ha sido retomado por las nuevas autoridades en 2010, permitiendo el arribo de las primeras 70 personas a Quebec; cifra que en 2011 se elevó a 300 en la provincia y 700 en todo Canadá. Aunque él explica que “los guatemaltecos y mexicanos han prácticamente cubierto la necesidad”.

La contratación es manejada por el Centro de Investigación y acción en Derechos Humanos (CIADEH por sus siglas en inglés). La ONG establecida en Tegucigalpa, ha suscrito acuerdos con el Servicio de Gestión de Recursos Agrícolas Extranjeros (FARMS-Ontario) y con la Fundación de Empresas para el Reclutamiento de la Mano de Obra Extranjera (FERME-Quebec), para suplir la demanda. Mientras que el Gobierno de Honduras brinda el apoyo y logística a los obreros.

El PTAT está dedicado a personas que habitan en zonas rurales, con experiencia en la agricultura, que sepan leer y escribir y con dependientes económicos. Desde su ingreso a suelo canadiense, los trabajadores cuentan con asistencia médica provincial y un seguro privado. “Si ellos llegan a tener una enfermedad relacionada con su trabajo se les cubre. Prácticamente están cubiertos al 100%”, asevera Barahona.

Pero las organizaciones que velan por los derechos de los trabajadores están prestas a criticar el programa.  El J4MW señala que con la participación de agencias para la contratación de obreros “se está privatizando la migración temporal y cuando se vuelve algo privado hay menos control”, argumenta Tzazná Miranda.

Entre ese manojo de problemas señala que hay un acceso “teórico” a los servicios de salud locales, pero que es “casi nulo”. Ella explica que muy pocas clínicas permanecen abiertas hasta la hora que los trabajadores han concluido su jornada, que en ocasiones se extiende por 12 horas.

La distancia entre las granjas y los centros asistenciales, así como el poco acceso de transporte hacia los hospitales cuya “única forma es en automóvil o bicicleta” también limita la atención médica. A todo esto, Miranda agrega la barrera del idioma “no he visto una sola clínica en todo este tiempo que contrate a un traductor”.

El temor a una posible repatriación y a ser excluido del programa también obliga a los trabajadores a callar sus enfermedades. La voluntaria de J4MW ejemplifica con el caso de un guatemalteco que sufrió la amputación de la punta de su dedo índice mientras laboraba  en un invernadero de flores en Ontario.

“Del trabajo lo mandaron a su casa, en vez de llevarlo al doctor, había perdido mucha sangre”, afirma Miranda. El campesino fue llevado de forma tardía al hospital, sorprendentemente 8 horas después su dedo fue añadido.

Casos como estos resuenan en British Columbia, donde la denuncia “es el pan de cada día”, asevera Adriana Paz de J4MW. Ella siguió de cerca el problema de un mexicano que tras siete años de laborar en un mismo invernadero se le descubrió leucemia. Aunque recibió tratamientos paliativos, tan pronto como mejoró fue retornado a su país donde no cuenta con ninguna protección médica, relata.

Paz critica que siendo la agricultura la cuarta ocupación más peligrosa en Canadá y en el mundo, muchas veces no se tomen las precauciones debidas con los trabajadores al dotarlos del equipo adecuado.

“La agricultura es un trabajo demandante. Muchos se convierten en enfermos y se les descarta como si fueran una maquinaria. Dejó de funcionar y lo mandan”, señala Paz  al tiempo que reprocha la ausencia de mecanismos de ley, y en el programa mismo que ayuden a lidiar ante situaciones de ese tipo.

En Quebec

Noé Arteaga es un guatemalteco que llegó a Canadá en abril de 2008 para trabajar en un invernadero de tomates en Saint-Étienne-des-Grès. Ese mismo año, en julio, su compañero Osvaldo Cañeda enfermó tras fumigar las plantaciones invadidas por una plaga.

Al rehusarse a volver a hacerlo aludiendo sentirse mal, Arteaga asegura que Cañeda fue presionado a quedarse una jornada más. “El traductor le dijo que uno no venía a sentirse bien, sino que a trabajar”. Una semana más tarde, el obrero “entró en crisis y hablaba incoherencias”.

Preocupado por esa situación, Arteaga asegura que envió unos correos al consulado de Guatemala exponiendo lo ocurrido. Dos meses después, él y su compañero fueron repatriados sin ninguna explicación.

“En el contrato decía una semana de preaviso, me descontaron el billete de avión y nunca fui reintegrado al trabajo”, dice el guatemalteco quien un mes después de su expulsión retornó a Canadá para proseguir con una demanda legal.

Él interpuso la denuncia  en diciembre de 2008, ante el Centro de Trabajadores Inmigrantes de Montreal. Ese organismo lo ha acompañado en el proceso que ha sido conocido por la Comisión de Relaciones del Trabajo. A casi cuatro años de la acusación, el caso ha llegado al arbitraje.

Como Arteaga, son pocos los que deciden tomar acción legal por diferentes motivos. Adriana Paz de J4MW dice que “hasta que ellos se conecten con estos grupos (de defensa de los derechos laborales) pueden pasar muchos meses bajo abuso, porque no conocen el idioma, no conocen el sistema o no tienen contacto con la sociedad”.

A esto se suma que las inspecciones no son periódicas. En el caso de México, la cónsul Adriana Villanueva explica que dado el número de trabajadores y de granjas no se pueden inspeccionar todas. Sin embargo, asegura que mantienen el contacto telefónico para atender a sus ciudadanos ante cualquier inconveniente.

“Nosotros dependemos de que los trabajadores se quejen. No tenemos manera de estar monitoreando cada granja, no hay manera que podamos adivinar que algo está pasando”, expone.

Villanueva dice que ponen “especial atención” en aquellas granjas donde se han reportado problemas. La palabra clave es siempre la mediación. No obstante,  ya han dejado de enviar trabajadores a ciertas empresas por incumplimiento a las normas establecidas.
La vivienda es una de las denuncias que se siguen escuchando en algunas granjas de Ontario. Tzazná Miranda de J4MW dice que si  bien han visto  viviendas decentes también las hay deplorables en los que ningún canadiense viviría.

“Hay gente que está viviendo en un garaje, en tráiler, sin aire acondicionado cuando hay días de hasta 40 grados centígrados de calor. Hemos visto lugares con ratas y cucarachas. Con dos estufas para 50 personas, dos baños para 50 personas.  Otros con 7 literas en cada recámara. Ahí hay cero privacidad, la privacidad la encuentran al salir de su casa”, concluye.

Miranda asevera que los patrones son los únicos que al final supervisan. Debido a que nadie se responsabiliza de esa función. “Hay una inspección antes que vengan los trabajadores pero nunca durante su estadía, los problemas que vienen de la interacción diaria, del uso de las instalaciones no se vé en una inspección antes de que ellos lleguen”.

Con un escenario de “ojos cerrados”, donde la constante es la poca o nula supervisión del cumplimiento de los derechos de los trabajadores, pareciera ser que al gobierno canadiense solo le interesa atraer mano de obra “descartable”, sin importar las repercusiones que esto podría conllevar a los extranjeros. En un intento que a toda costa busca llenar la demanda de obreros en el cultivo de los campos, una tarea que se ha vuelto poco llamativa para los nacionales. Mientras que el temor y silencio que guardan los foráneos no hace más que reforzar el círculo de abusos al que se ven sometidos en las granjas.