Salvadoreños en Canadá están inquietos por actitud mesiánica y dictatorial de presidente Nayib Bukele

OSCAR VIGIL / TORONTO /

El fantasma de las despiadadas dictaduras militares y de las atrocidades de los temibles cuerpos de seguridad sobrevoló sobre San Salvador el domingo pasado, cuando el presidente Nayib Bukele invadió las instalaciones de la Asamblea Legislativa con soldados fuertemente armados en traje de fatiga y con fuerzas policiales que tenían ordenes de neutralizar cualquier resistencia.

En una acción sin precedentes en la historia reciente de la democracia salvadoreña, el presidente del país provocó una de las crisis políticas más graves en tiempos de paz al ordenar al ejército y a la policía invadir las instalaciones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Dichos fondos serían destinados para implementar la tercera fase del programa Plan Control Territorial, con la cual el gobierno pretende brindar mas seguridad a la ciudadanía.

Sin embargo, la propuesta que el gobierno envió al legislativo ha levantado serias dudas entre los legisladores, ya que incluye la compra de dos aeronaves de combate y de un buque para la marina, los cuales aducen nada tienen que ver con la política de seguridad ciudadana que pregona el presidente. De igual forma, la propuesta también incluye la compra, por $25 millones, de equipos de vigilancia, los cuales serían comprados a una empresa mexicana que recientemente financió un viaje con lujos y en avión privado al Viceministro de Seguridad y Director General de Centros Penales, quien tiene la decisión sobre la compra.

Pero el presidente de la República, quien lleva ocho meses en el poder y ganó en primera vuelta las elecciones del 2019 a los partidos políticos que tradicionalmente han gobernado el país, pareciera no aceptar la dinámica democrática de poderes y contrapoderes del país, y la semana pasada ordenó a los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa que realizaran una reunión extraordinaria el domingo, con el único punto de agenda de aprobar el mencionado préstamo.

Para emitir dicha orden, Bukele se amparó en el articulo 167 de la constitución política salvadoreña que establece que en caso de emergencia nacional el Consejo de Ministros que él preside puede convocar la realización de una reunión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Por su parte, los diputados aducen que por el momento El Salvador no atraviesa ninguna emergencia nacional.

Los dos principales partidos políticos del país, que juntos hacen mayoría parlamentaria, se negaron a obedecer la orden del presidente alegando que esta constituye una injerencia de uno de los tres poderes del estado (que son los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sobre otro, lo cual es inconstitucional.

Así, el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que cuenta con 37 diputados y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que tiene 23 no se presentaron a la reunión forzada, dejando el hemiciclo únicamente con una treintena de legisladores cercanos al presidente.

PREPOTENCIA
De la mano con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, el Presidente de El Salvador invadió momentáneamente la Asamblea Legislativa

A eso de las 4:00 de la tarde del domingo el presidente Bukele llegó al recinto legislativo y se dirigió a unas cinco mil personas que se habían hecho presentes, en su mayoría empleados de gobierno y seguidores que habían sido acarreados en buses y camiones estatales, y les dijo que si los diputados no cumplían con sus obligaciones el pueblo tenía la prerrogativa de aplicar el articulo 87 de la Constitución de la Republica, que establece el derecho a la insurrección.

Sin embargo, les dijo que antes de tomar esa decisión le permitieran ingresar al recinto legislativo para hacer una oración a Dios. Dicho y hecho, entró a las instalaciones en las que había más militares y policías que legisladores, se sentó en la silla que corresponde al presidente del órgano legislativo, quien también había decidido no asistir al espectáculo, se cubrió la cara con sus manos y después de aproximadamente dos minutos se levantó, salió del lugar sin decir palabra y subió a la tarima frente a sus seguidores.

Ahí, les dijo a los presentes que había hablado con Dios, y que Dios le había dicho que tuviera paciencia, por lo cual les daría ocho días más a los diputados para que aprobaran el préstamo, caso contrario los convocaría nuevamente el próximo domingo 15 de febrero a las 3:00pm, y que en esa ocasión él no se interpondría entre ellos (el pueblo) y su derecho a la insurrección en contra del Órgano Legislativo.

Jocosamente, un salvadoreño-canadiense explica que cuando el presidente entró a la Asamblea Legislativa a hablar con Dios, lo que hizo fue marcar el número telefónico (503) 2501-2999, que corresponde a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, y que ahí fue donde obtuvo respuesta.

Porque la negativa y condena a la acción promovida por el presidente fue inmediata por parte de diversos organismos internacionales y gobiernos extranjeros, incluida la Embajada de Estados Unidos en El Salvador que es una de las principales fuentes de apoyo del presidente, así como también por parte de las principales instituciones académicas, sociales y empresariales del país.

Pero mas contundente aun, el lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó “al Consejo de Ministros, del cual forma parte el Presidente de la República, el cese de los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a efecto que se apruebe el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la implementación de la Fase III del Plan Control Territorial, así como cualquier convocatoria relacionada con el tema; 2) Suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnado; 3) Ordenar al Presidente de la República a que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarías a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes; 4) Ordenar al Ministro de la Defensa Nacional y al Director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados”.

Hay que recordar que de 1980 a 1992 El Salvador vivió una de las mas cruentas guerras civiles del continente, la cual dejó un saldo de mas de 80 mil muertos, cien mil lesionados y desaparecidos y más de un millón de desplazados y refugiados. La violencia política ha sido despiadada en El Salvador, pero al parecer algunos dirigentes no han aprendido nada de la historia.

FOTO: www.elfaro.net