Preocupación, indignación y protestas ha generado la detención de 21 trabajadores de la construcción indocumentados, la mayoría de origen latinoamericano, durante una redada llevada a cabo el jueves de la semana pasada en la zona de Jane y Finch y Jane y Wilson, por un operativo combinado de varias agencias federales y provinciales.
Los escenarios fueron los mismos. En el primero, la camioneta donde se transportaban temprano en la mañana, camino a sus trabajos en diferentes obras de construcción, fueron detenidas por agentes de la Policía Provincial de Ontario (OPP) y por el Ministerio de Transporte de Ontario (MTO) supuestamente para verificar que las condiciones mecánicas de la misma eran adecuadas para recorrer las calles de la ciudad. Pero una vez detenidos, se les pidió los documentos de identificación a todos los ocupantes, no sólo al conductor del vehículo.
En el segundo, fueron detenidos cuando entraban a salían a populares cafeterías conocidas por ser puntos de encuentro para recoger empleados de la construcción, la mayoría ubicadas en la zona de Jane y Finch. Igual, les pidieron identificación.
Ya con la identificación en sus manos, los oficiales de policía verificaron si los detenidos tenían órdenes de captura o de deportación, y quienes resultaban identificados eran entregados a oficiales de la Agencia de Servicios de Frontera de Canadá (CBSA), quienes los conducían al centro de detención.
En total fueron 21 los trabajadores de la construcción indocumentados detenidos esa mañana, la mayoría de los cuales eran de origen latinoamericano, denunciaron diversas organizaciones.
Geraldina Ortiz, familiar de uno de los trabajadores indocumentados detenidos, explicó que su cuñado estaba en el proceso de regularizar su situación migratoria, pero que ahora está en prisión. “Tenemos la esperanza de que va a salir, pero muchas familias están asustadas. Mientras yo lo visitaba en el centro de detención, vi a una niña pequeña hablando por teléfono con su padre a través del cristal. Los dos estaban llorando. Esto no está bien. ¿Por qué no le damos a la gente el estatus migratorio?”, se preguntó.
Por su parte, Vilma Filici, catedrática de tópicos migratorios en Seneca College, y consultora de Inmigración, participó durante la mañana del lunes en la revisión de la detención de uno de los jóvenes detenidos, también de origen mexicano, quien no se había presentado ante las autoridades de Inmigración para recibir una fecha de salida, y por lo tanto había una orden de arresto en su contra. Este trabajador de la construcción vivía de forma indocumentada con toda su familia en Toronto.
“A pesar de que por ley este joven tenía derecho a una revisión de la detención a las 48 horas de haber sido arrestado, no lo pusieron en libertad básicamente porque consideraron que no iba a cumplir con las condiciones impuestas si lo dejaban en libertad, pero también porque ya le habían comprado el boleto aéreo para sacarlo de Canadá dentro de un periodo de 24 horas. La miembro de la división de Inmigración encargada del caso dijo que no tenía sentido dejarlo en libertad cuando ya estaba todo listo para sacarlo del país en las próximas horas”, explicó Filici.
Por su parte, Macdonald Scott, consultor de inmigración de la firma Carranza LLP, quien representa a otros dos de los detenidos, dijo que la “obtención de documentos de viaje dentro de las 48 horas de arresto para personas para las que no había órdenes (de arresto) es inaudito. Esto no es justicia, es una acción de discriminación racial, seguida de la deportación inmediata”, apuntó.
Uno de los aspectos preocupantes para los defensores de los derechos de los refugiados es que en la redada del 14 de agosto, junto a la OPP, participaron también funcionarios de los ministerios de transporte y medio ambiente, así como de la CBSA, algo poco usual en actividades similares anteriores.
Es por ello que el martes de esta semana, poco más de medio centenar de personas se reunieron cerca de Queen’s Park para protestar por las redadas, las detenciones y las deportaciones de los trabajadores de la construcción indocumentados, mayormente de origen hispano.
“¿Va a estar la Premier Kathleen Wynne del lado de la agenda racista del gobierno federal o va a estar con los inmigrantes?”, Preguntó Syed Hassan, de No One Is Illegal, durante la protesta, señalando la participación de entidades provinciales en este tipo de acciones.
Estas organizaciones están criticado el hecho de que en sus redadas la CBSA haya contado con el apoyo tanto de la policía provincial como del Ministerio de Transporte de Ontario.
De acuerdo al periódico Toronto Star, la oficina de Wynne no quiso hacer comentarios sobre el tema, pero dirigió la consulta al Ministerio de Transporte de Ontario, donde Ajay Woozageer, portavoz del ministerio, dijo que el MTO fue “invitado” a participar en la iniciativa multi agencia de revisión de vehículos comerciales, que incluye actividades organizadas por los agentes fronterizos.
“Las actividades del ministerio se han centrado en las inspecciones de vehículos y no participamos en ninguna actividad relacionada con los trabajadores indocumentados”, dijo Woozageer, añadiendo que ese jueves se llevaron a cabo 25 inspecciones y que nueve vehículos fueron retirados de la carretera y a ocho se les presentaron cargos.
Por su parte, el sargento de la OPP Pierre Chamberland, dijo que no podía comentar sobre el caso en específico, pero confirmó que sólo un oficial participó en la actividad como oficial de patrulla.
De igual forma, CBSA confirmó a la estación CBC que en la redada arrestó a 21 personas que se encontraban “en violación de la Ley de inmigración y protección de los refugiados”.
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