Decenas de salvadoreños, hispanos y canadienses, se tomaron las aceras frente al 40 de King Street West, en pleno centro de Toronto, para demandar que la empresa minera canadiense Pacific Rim desista de un juicio por $301 millones que ha entablado contra el gobierno salvadoreño por cancelar la extracción de oro y plata en su territorio.
“Nosotros como latinos y como salvadoreños tenemos el deber, la obligación de protestar en contra de la corporación para que cese su demanda. En este momento están a punto de empezar una explotación minera que ya hay antecedente que ha afectado en el pasado otras localidades, que han destruido un rio que ahora no sirve porque el agua está contaminada completamente, y el riesgo es de que si se pierde esta demanda, si la gana la corporación, tendrían ellos el camino libre para la explotación”, dijo Antonio Henríquez.
Henríquez fue uno de las varias decenas de salvadoreño, hispanos y canadienses que la semana pasada se hicieron presentes frente a las instalaciones de la empresa canadiense Pacific Rim, para exigirle que desista de una demanda judicial por 301 millones de dólares contra el gobierno salvadoreño. La razón: negarse a otorgar la concesión de un permiso para la explotación de una mina de oro y plata que según las autoridades del país centroamericano contaminaría el 60 por ciento del agua potable de la población.
En octubre del 2013, la corporación Oceana Gold adquirió a la compañía canadiense Pacific Rim Mining, que fue quien inició una demanda por 70 millones de dólares, y después de la adquisición Oceana Gold, de capital australiano-canadiense, aumentó su demanda a $301 millones.
Es por esa razón que personas opuestas a la explotación minera de Toronto y sus alrededores, así como también de ciudades como Windsor, London, Kitchener, Ottawa y Montreal, se hicieron presentes frente a las instalaciones de Pacific Rim, en pleno centro de la ciudad, para presionar a la compañía en momentos en que en Washington se está desarrollando el juicio entre la transnacional y el gobierno salvadoreño.
“Nuestra responsabilidad es acompañar este movimiento contra la minería tanto en El Salvador como en toda Latinoamérica”, precisó Henríquez, quien añadió que todo indica que se está despertando en la gente la conciencia sobre el problema de la minería, que es un problema de toda América Latina.
El evento fue organizado por el Consejo de Canadienses, la Red de Solidaridad de América Latina y la Red de Solidaridad contra la Injusticia Minera, entre otras entidades.
“Estamos pidiendo a la empresa que dé al pueblo salvadoreño su legítimo control sobre su propio medio ambiente y sus recursos”, dijo durante la actividad Maude Barlow, presidenta nacional del Consejo de Canadienses. “Tenemos que hacer responsables a nuestros compatriotas canadienses por poner en peligro la democracia en El Salvador y su entorno. La fuente de la vida, el agua no es negociable. El Salvador sólo está haciendo lo que cualquier país responsable haría”, apuntó.
Por su parte, Xenia Marroquín, de la organización Foro del Agua, quien llegó a Canadá proveniente de El Salvador específicamente para participar en la protesta, explicó que en su país natal se está dando “ un caso raro de un consenso nacional no partidista ampliamente sostenido” en relación a la oposición a la explotación minera.
“Hay mucho en juego para el pueblo de El Salvador. Más allá de los costos financieros, la sentencia determinará si un tribunal extranjero puede corregir a un gobierno elegido democráticamente y sus políticas que protegen el interés público y el medio ambiente”, expresó.
Luego de que gobiernos anteriores concedieran un permiso de explotación minera a la empresa Pacific Rim, en el año 2008 el gobierno de turno en El Salvador introdujo una moratoria de facto sobre la minería a gran escala, misma que fue ratificada por los sucesivos gobiernos, incluido el actual presidente Salvador Sánchez Cerén.
En una situación poco usual, la opinión pública se ha opuesto categóricamente a la minería industrial en el país, argumentando principalmente los serios impactos negativos que este tipo de proyectos puede generar particularmente en un país donde el medio ambiente depende en gran medida de una sola cuenca hidrográfica.
Esta semana se llevó a cabo la audiencia judicial ante tres árbitros que integran el International Centre for the Settlement of Investment Disputes (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones), con sede en Washington, que es el organismo que dirimirá si la demanda de la empresa Pacific Rim tiene sustento o no.
Luego de que las partes presentaran sus argumentos en una jornada de siete días, corresponde ahora al británico presidente de la instancia, V.V. Veeder, y los árbitros Brigitte Stern y Guido Santiago Tawil, de Francia y Argentina respectivamente, tomar la decisión final, la cual podría ser dada a conocer en el primer trimestre del 2015.
“Yo no esperaba que viniera tanta gente a esta protesta, hubo muy buena respuesta de parte de la comunidad, no solo salvadoreña sino que latina y canadiense, hubo mucha gente. Debemos estar atentos ante el problema de la minería en nuestros países para que podamos acompañar el movimiento anti minero para poder contrarrestar la gran ofensiva de estas corporaciones”, insistió finalmente Henríquez, quien un destacado líder comunitario hispano canadiense.
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