Piden que Canadá imponga sanciones al gobierno de El Salvador por violaciones a libertad de expresión

Un grupo de periodistas latino-canadienses corroboró tras una investigación que el presidente Nayib Bukele está cometiendo graves violaciones a la libertad de expresión

POR ALEXANDRA CRESPO / TORONTO /

La libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo están en peligro en El Salvador, al ser atacadas por el presidente de la república, Nayib Bukele, quien ahora tiene el control total del poder en el país centroamericano. Con este poder absoluto de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, ha lanzado una campaña de desprestigio contra la prensa independiente, corroboraron los periodistas latino-canadienses tras una extensa investigación.

Ante esta situación, el grupo de periodistas de origen latinoamericano que viven en Canadá y que están agrupados en la organización sin fines lucro Debate Latinoamericano, con sede en Toronto, pidieron al gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau que sancione a la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele, de forma diplomática y económica, y que condicione toda ayuda económica presente y futura al irrestricto respeto a la libertad de expresión y a las garantías necesarias para el libre ejercicio periodístico.

La organización de periodistas envió la petición a través de una carta dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Marc Garneau, y en las próximas semanas se reunirá con influyentes ministros del gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau para denunciar las graves violaciones a la libertad de expresión que está cometiendo el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, explicaron sus integrantes.

“El presidente Nayib Bukele está actuando de una forma dictatorial en El Salvador y aparentemente uno de los principales sectores de la población al que pretende silenciar es a la prensa. Esto ha sido más que evidente en los dos años que tiene de gobernar y todo indica que las cosas van a empeorar”, dice el periodista Gilberto Rogel, miembro de la entidad que promueve y defiende la libertad de expresión en Latinoamérica.

El grupo de periodistas realizó una investigación con periodistas salvadoreños de 10 diferentes medios de comunicación, y sus resultados fueron reveladores:

-El 50% de los entrevistados ha recibido amenazas de muerte relacionadas a su oficio, y en el caso de las mujeres también han recibido amenazas de violencia sexual.

-El 90% dice haber sufrido agresiones o humillaciones verbales, en su mayoría a través de señalamientos públicos por parte de funcionarios del actual gobierno, o más grave aún, de parte del propio presidente de la República.

– El 90% de los entrevistados asegura ser objeto, a título personal y como medio de comunicación, de acoso digital por parte de los seguidores del presidente.

– El 100% de los entrevistados se queja de la falta de acceso a la información que existe por parte del gobierno, sobre todo debido a las medidas de “reserva” a la información relacionadas con la pandemia del COVID-19, y de Seguridad Pública, relacionadas con los planes para combatir la violencia de las pandillas.

– El 90% del total de entrevistados también se queja de la negativa de los funcionarios de gobierno a conceder entrevistas a los medios de comunicación que representan, o de no incluirlos en la lista de periodistas que van a tener acceso a hacer preguntas durante las conferencias de prensa.

-Un 10% de los entrevistados denuncia que sus medios de comunicación están siendo acosados legalmente a través de auditorías financieras ordenadas directamente por el presidente Nayib Bukele, órdenes que el mismo presidente ha reconocido en televisión nacional.

“Acoso legal, acoso digital, amenazas a muerte, robos, negación de entrevistas, mentiras, difamaciones, acusaciones, señalamientos en público que desatan un andamiaje de ofensas a través de las redes sociales y que podrían derivar en ataques físicos contra periodistas y los medios de comunicación que representan, son solo algunas de las graves violaciones a la libertad de expresión que está enfrentando un importante sector de la prensa salvadoreña que reporta sobre las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, en El Salvador”, dicen los comunicadores latino-canadienses.

La periodista Luisa Moncada, de Debate Latinoamericano, expresa que “la situación de violación sistemática a la libertad de expresión en El Salvador debe encender las alarmas de la comunidad internacional para evitar que el presidente Nayib Bukele logre consolidar el régimen autoritario y antidemocrático que aparentemente está construyendo. La comunidad internacional es el último rayo de esperanza para los periodistas salvadoreños”.

Por su parte, el periodista Oscar Vigil dice que “Canadá debe jugar un papel importante en la defensa y promoción de la libertad de expresión en El Salvador. Lo ha jugado en décadas pasadas y tiene la solvencia y autoridad moral para presionar al actual gobierno para que detenga esta maquinaria que ha puesto en marcha en contra de la prensa independiente en El Salvador”.

En la carta enviada al gobierno canadiense, los periodistas destacaron precisamente que durante décadas Canadá ha jugado un rol muy importante en el proceso de democratización de El Salvador, y particularmente en la promoción de la libertad de expresión.

“Es relevante destacar, por ejemplo, toda la cooperación económica y técnica que (Canadá) brindó para que decenas de radios comunitarias a través de todo el país tuvieran una frecuencia en el espectro radioeléctrico por la cual pudieran hacer escuchar sus voces. Sin embargo, todos estos logros en materia de libertad de expresión ahora están en riesgo, y si bien la situación aún no ha llegado a atentados y a asesinatos, Canadá debe implementar medidas para evitar que ello ocurra”, apuntaron.

En consecuencia, los periodistas agrupados en Debate Latinoamericano plantean al gobierno canadiense que “dados los graves y sistemáticos ataques gubernamentales contra de la libertad de expresión que están sucediendo en El Salvador, Canadá debe revisar su cooperación con el gobierno de El Salvador e imponer de inmediato sanciones diplomáticas y económicas al gobierno del presidente Nayib Bukele, así como también condicionar toda cooperación presente y futura al irrestricto respeto a la libertad de expresión”.