POR GILBERTO ROGEL*/ TORONTO /
Si hay algo que está claro en Perú, es que la solución a sus múltiples y complejos problemas no llegará pronto, ni caerá del cielo, ni tampoco será consensuada. Todo lo contrario, los acontecimientos de las últimas semanas están apuntando hacia un lado específico: el gobierno transitorio peruano estaría violando claramente los derechos de los ciudadanos, quienes hartos de la inestabilidad política y social han salido a las calles en señal de protesta, con el saldo de decenas de muertos y heridos de gravedad y un país que se desmorona cada segundo.
Como lo hemos señalado en más de tres artículos en esta misma columna, la crisis peruana es un laberinto en el que quien entra en él se perderá en sus marañas y tendrá que pagar un costo muy elevado. Lo más grave de este caso es que Perú, en teoría, debería estar en un momento diferente, no solo por sus inmensos recursos naturales- principalmente el Petróleo- sino por su supuesta experiencia política, luego de despertarse de la pesadilla del Fujimorismo finalizada hace casi 25 años, y que en la actualidad muchas personas añoran.
Para los que nos gusta seguirles la pista a estos procesos políticos latinoamericanos, llama la atención cómo el agravamiento de la crisis peruana ha devenido en algo inesperado y sobre todo lamentable. Hasta pocas horas antes de escribir esta columna, leía en la web que hay decenas de fallecidos, muchos de ellos jóvenes estudiantes universitarios o miembros de organizaciones populares cansados del manipuleo electoral a manos de grupos conservadores peruanos, particularmente luego de la captura del último presidente electo Pedro Castillo, el primero de origen campesino.
Y este es el momento exacto para traer en cuenta al profesor Castillo. Aun y cuando la situación política y social del Perú no era la mejor en más de tres décadas, al menos cuando este llegó a la presidencia, muchos pensamos que por fin el país se enrumbaría hacia la estabilidad y dejaría atrás la improvisación y el clientelismo típico de los gobiernos anteriores. Pero no fue así. Castillo con su inexperiencia política- para darle el beneficio de la duda- ayudó de sobremanera a elevar la crisis, teniendo como punto final el decreto de disolución del congreso a fin de gobernar al mejor estilo de un dictador, un terrible error de cálculo político que ahora lo tiene en una celda común.
Castillo ha pasado a engrosar la lista de gobernantes que han sido destituidos por el congreso o han tenido que renunciar por múltiples razones y con ello echó al cesto de la basura un llamativo esfuerzo político social de base, compuesto por indígenas, trabajadores, estudiantes y sectores pobres, quienes vieron en él una oportunidad para romper con este ciclo de inestabilidad y por fin poder contar con ciertos beneficios sociales y económicos mínimos garantizados únicamente para reducidos sectores cercanos a los círculos de poder.
Aunque puede sonar un poco fatalista, la lectura de los acontecimientos recientes en Perú nos está indicando que la represión ordenada por las nuevas autoridades transitorias no cesará a mediano plazo. Con seguridad habrá elecciones generales en un par de meses, pero otra vez volverán al poder las mismas estructuras políticas conservadoras que han dominado el país por décadas y que lo mantienen en ese estado de crisis constante y sin salida.