OSCAR VIGIL / TORONTO /
Las posibilidades de deportación hacia sus países de origen de más de 350 mil latinoamericanos en los Estados Unidos son cada día más evidentes con la eliminación de varios programas de protección temporal. Y si un mínimo porcentaje de esa población decidiera cruzar la frontera y buscar refugio en Canadá, se podría generar una crisis humanitaria sin precedentes.
Es por ello que diversas organizaciones latino-canadienses, y particularmente de origen centroamericano, se reunieron el viernes de la semana pasada con funcionarios del gobierno canadiense para presentarles una propuesta que ayude precisamente a evitar ese potencial flujo masivo, pero que a la vez brinde también la oportunidad a toda esa población afectada por las medidas antiinmigrantes del gobierno del presidente Donald Trump, de poder buscar oportunidades en Canadá.
La propuesta, que ha sido firmada por más de una decena de entidades, entre organizaciones comunitarias, profesionales, universidades y grupos sociales, propone en esencia que el gobierno canadiense flexibilice los programas migratorios con los que ya cuenta a fin de que las personas que actualmente están amparadas ante los diferentes programas de protección temporal (Temporary Protected Status, TPS) puedan hacer sus solicitudes de residencia canadiense desde suelo estadounidense.
La reunión estuvo presidida por el Jefe de Bancada del partido del gobierno federal (Chief Government Whip) MP Pablo Rodríguez, y por dos altos funcionarios del Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía de Canadá (Immigration, Refugees and Citizenship Canada): Olga Radchenko y Jennifer Manasserian.
Por parte de la comunidad hispana estuvieron presentes, entre otros, Eusebio García, de la Asociación Salvadoreño Canadiense (ASALCA); Francisco Rico, del FCJ Refugee Centre; Sandra Lozano, del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana (HCHC); Vilma Filici, de Filici Palacio Immigration Services; Mauricio Ospina, de Hispanic Business; Marta Orellana, del Consejo de Ontario de Agencias que Sirve a los Inmigrantes (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, OCASI), así como también tres abogados de la Asociación de Abogados Hispano Canadiense (Canadian Hispanic Bar Association).
“La cancelación en el 2017 del programa TPS para los haitianos creó una afluencia de más de 15,000 personas que ingresaron al país como llegadas irregulares. Aproximadamente 200,000 salvadoreños afectados por el TPS pueden no ser capaces de resolver su situación migratoria dentro de los EE. UU. Con base en cálculos conservadores, si sólo el 10% de los salvadoreños que no pueden resolver su situación migratoria dentro de los EE. UU. deciden emigrar a Canadá, podemos esperar una afluencia de 20,000 arribos irregulares”, plantean las organizaciones en el documento presentado.
Agregan que, de acuerdo con diversos estudios, muchas de estas personas en los Estados Unidos sólo conocen el programa de refugiados para emigrar a Canadá y carecen de conocimiento de otros programas en los que podrían calificar, como por ejemplo trabajadores calificados federales, mano de obra especializada federales y los programas de negocios.
En este sentido, la Coalición de organizaciones hispanas sugiere que el Gobierno de Canadá tome medidas para mitigar la posible afluencia de llegadas irregulares desde los Estados Unidos, tales como “Relajar los requisitos y los criterios de las diferentes clases de inmigración a Canadá para las personas afectadas que viven en los EE. UU. que deseen solicitar alguno de sus programas de inmigración y refugio”.
En el documento entregado de cuatro páginas, piden al gobierno que “tenga en cuenta que la mayoría de las personas afectadas que viven en los Estados Unidos están bien establecidas y podrían reasentarse en Canadá sin causar una demanda al contribuyente canadiense”.
Los programas que piden flexibilizar son los de la Clase Económica y los de Residencia Temporal (estudiantes y trabajadores). Pero de igual forma, también proponen crear un programa de reasentamiento de patrocinio privado para personas afectadas por el TPS / DACA que puedan demostrar uno de los siguientes criterios: a) riesgos a los que estén expuestos si fueran obligados a regresar a El Salvador, b) motivos humanitarios y compasivos en EE. UU. (separación familiar forzada) o en Canadá (familia extendida en Canadá), y c) el potencial de establecerse con éxito en Canadá.
Al finalizar la reunión, el MP Pablo Rodríguez, quien es de origen argentino, dijo que la propuesta le será presentada al Ministro de Inmigración, Refugio y Ciudadanía, Ahmed Hussen, quien la analizará y regresará a conversar con las organizaciones de origen latinoamericano para explorar cuáles son las posibilidades reales en torno al tema.
No obstante, fue enfático en que “Canadá tiene sus puertas abiertas, es un país de inmigración… pero Canadá puede ser un país abierto precisamente porque tiene un sistema de inmigración que es estructurado, y lo importante es que la gente siga lo que esta previsto en este sistema, las reglas, las leyes, etc., Canadá sigue siendo y siempre ha sido un país de inmigración, pero hay ciertas condiciones”.
Por su parte, Eusebio García dijo que no saben exactamente qué va a pasar al final, pero apuntó que el hecho de haber podido intercambiar ideas y preocupaciones con los representantes gubernamentales les dejó un buen sabor y esperanza de que van a continuar con el diálogo, ya que la que tuvieron fue nada más una primera reunión, en la que quedó claro que se iba a continuar con las conversaciones.
Según datos oficiales, las personas afectadas por la eliminación de los programas de protección temporal en los Estados Unidos son 60 mil haitianos, 57 mil hondureños, 2,500 nicaragüenses y 260 mil salvadoreños, quienes comenzarán a ser deportados a partir del próximo año si no logran regularizar su situación migratoria o si no regresan voluntariamente a sus países de origen.
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