Organizaciones comunitarias buscan que Ontario sea “Provincia Santuario”

OSCAR VIGIL / TORONTO / 
Viven aquí, estudian, trabajan, producen y pagan impuestos. Entonces, ¿por qué no darles los mismos beneficios como acceso a la salud y a la educación tal y como lo tienen el resto de residentes? se preguntan los defensores de los indocumentados. Eso podría ser una realidad si las autoridades provinciales acceden a declarar a Ontario como Provincia Santuario.

Ciudad santuario, en su concepción más aceptada, es un término dado a una ciudad de Estados Unidos o Canadá que sigue ciertas prácticas que protegen la inmigración ilegal. Estas prácticas pueden ser por ley o por costumbre.  “El término se aplica generalmente a las ciudades que no permiten que fondos o recursos municipales sean utilizados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, por lo general al no permitir que la policía o los empleados municipales hagan preguntas sobre el estatus migratorio de una persona”, plantea la enciclopedia libre Wikipedia.

Mientras que en los Estados Unidos existen varias decenas de Ciudades Santuario, en Canadá únicamente Toronto y Hamilton se han embarcado en esa dinámica de protección para los indocumentados, y muy probablemente Vancouver, de acuerdo con diversos informes de prensa.

Viviendo en ciudades bajo esta categoría, los indocumentados pueden accesar a los programas de parques, recreación, clínicas municipales y cualquier otro servicio que preste la ciudad sin tener que explicar su estatus migratorio.

Sin embargo, los servicios verdaderamente esenciales para cualquier persona, como salud, educación o asistencia social, están bajo jurisdicción provincial, por lo que diversas organizaciones comunitarias de la provincia están iniciando una campaña para pedir al Parlamento Provincial que Ontario sea declarada como una Provincia Santuario.

La idea no es nueva, dado que alrededor de una decena de estados en los Estados Unidos de una u otra forma se han convertido en estados Santuario, particularmente los estados de California, Oregón, Maine y Alaska, cuyas legislaturas específicamente establecen su territorio y por tanto sus servicios como protectivos de las personas sin estatus migratorio.

El fin de semana se reunieron en Toronto varias decenas de entidades comunitarias provenientes de Toronto, Mississauga, Hamilton, Windsor, Ottawa, Cambridge, Kitchener, Kingston y Oshawa, entre otras ciudades de la provincia, para definir su plan de acción a fin de lograr que Ontario sea declarada como Provincia Santuario.

Netan Prier, uno de los organizadores, explicó que la idea era expandir la definición de Ciudad Santuario hacia Provincia Santuario. “Sabemos que la mayoría de servicios son regulados por la provincia, entonces nosotros debemos hacer una lucha con la provincia para que apruebe la misma resolución que Toronto aprobó en el 2012”, apuntó.

Explicó que la declaración de Santuario significa que todos los residentes de una ciudad, y en este caso de la provincia, tengan derecho a todos los servicios que la ciudad o la provincia ofrezcan, dado que nadie es ilegal. “Los indocumentados no son diferentes y tenemos que luchar con el sistema político para no discriminarlos”, argumentó.

Netan insistió en que los servicios más importantes en Ontario son los de salud, educación (y aquí dijo que no únicamente los de primaria y secundaria sino que también los de las universidades y colleges), y que en ese sentido lo que buscan es que todos los residentes de la provincia tengan derecho a la educación, la salud, y en general a todos los servicios provinciales que son aplicables a todos los ontarianos.

“Después de las redadas contra trabajadores de la construcción en Jane y Finch, que fueron deportados hace doce meses, vimos que eso fue una coordinación entre el Ministerio de Transporte de la provincia y la policía con los agentes de CBSA, entonces luchamos con el gobierno en las calles y ganamos una gran victoria, ya que el Ministerio de Transporte dijo que ya no iban a coordinar con CBSA. Eso fue posible porque los oficiales de CBSA no tienen la capacidad de enforzar las fronteras sin la coordinación con la policía, con los ministerios y con todos los trabajadores provinciales”, explicó.

En este sentido, dijo que las diversas organizaciones comunitarias, proveedores de servicios directos, médicos, profesores de todos los niveles, organizaciones inmigrantes y organizaciones ciudadanas en contra de la pobreza están uniendo esfuerzos para ganar esta nueva batalla.

Por su parte, Derik Chica, un conocido dirigente comunitario que participó de la reunión, dijo que él, cómo profesor de secundaria, ve a diario la problemática que enfrentan muchos hispanos que viven en la provincia sin el apropiado estatus migratorio.

“Como profesor yo veo cómo el estatus de indocumentado le afecta a los estudiantes en las escuelas, porque no pueden entrar a la universidad o al College dado que tienen que pagar casi cuatro veces más que los otros estudiantes. Entonces, ellos no tiene esperanza de entrar a la universidad, y para mí lo más importante es el acceso a la educación”, explicó.

Derik plantea que es difícil decir qué tan grande es la población de estudiantes indocumentados en las escuelas “porque esa no es una pregunta que se les hace a los estudiantes, pero sí hay estudiantes que se me acercan y me dicen cómo les afecta. En una de las escuelas donde trabajé había un estudiante que era un líder de la comunidad pero desafortunadamente lo deportaron”, explica.