Por Vilma Filici
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Toronto. El 27 y 28 de octubre recién pasado participé en una conferencia llamada “Nuevos Comienzos”, la cual tiene su origen en el hecho de que el día 28 de octubre era el último día que los Consultores de Inmigración tenían para afiliarse al nuevo cuerpo regulatorio que fue designado por el Ministro de Inmigración para ser el cuerpo que regule la profesión de consultorías de inmigración. Esta fue una conferencia muy interesante porque hubo distintos oradores y presentadores que hablaron de distintos temas que afectan a la inmigración en estos momentos, pero tal vez lo más interesante fue la alegría que se veía en la organización, dado que las nuevas personas del directorio a cargo de la profesión de consultores es un grupo de personas abiertas y transparentes, lo cual no existía con la antigua organización encargada.
La organización previa básicamente estaba solamente para sacar dinero de los profesionales, quienes por ley debían ser miembros de esta organización, pero la cual realmente prestaba poca o nula ayuda a sus miembros.
Sin embargo, en la actividad de la semana pasada se sentía un espíritu de celebración, y uno de los directores destacó la importancia y el poder que tiene ahora esta organización para parar a los consultores falsos, dado que esta nueva organización tiene un equipo de detectives e investigadores que tiene el poder no solamente de hacer las investigaciones para encontrar a las personas que están trabajando sin tener licencia para ello, sino que también tienen el poder de hacerles cargos criminales a estas personas. En este sentido, se espera que esto pare a muchísimos personas que sin tener todas las cualificaciones y estar acreditados prestan servicios como consultores de inmigración, lo que los convierte en consultores falsos que han estado trabajando por muchísimos años y que han seguido trabajando a pesar de que en diciembre del 2003 se creó el cuerpo regulatorio que regulaba la profesión.
La nueva organización se llama Consejo Regulatorio de Consultores de Inmigración de Canadá (ICCRC, por sus siglas en inglés) y las personas que quieran saber si un consultor de inmigración o si una persona está autorizada legalmente para practicar leyes de inmigración y ayudarle en su caso migratorio, puede chequear el sitio web de la ICCRC, ir a la sección para el público (http://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm) y revisar la lista de consultores de inmigración dado que los nombres de todos los consultores que pueden trabajar legalmente en el país aparecen por orden alfabético y se les ha asignado un número. Los consultores también tienen una tarjeta de identificación otorgada por la nueva institución.
Es importante hacer notar que esta organización tiene el poder no solamente de educar y controlar sino que también de sancionar a los consultores que cometan negligencia o que abusen de sus clientes, y en ese sentido ese es otro beneficio que tienen ahora los clientes: cada consultor de inmigración debe tener un seguro que cubre errores u omisiones, y por lo tanto si hay algún problema con un caso que fue error u omisión por parte del consultor de inmigración, la persona puede recuperar su dinero después de que esta falla sea corroborada a través de una investigación realizada por el cuerpo que disciplina a los consultores en la organización.
También, la organización se está encargando de dar clases de prácticas de gerencia de negocios a los consultores de inmigración para asegurase de que los honorarios que se cobran queden bien asentados en las cuentas de los consultores de inmigración y de los clientes, para así evitar que haya problemas en relación al dinero pagado por los clientes.
Esta organización básicamente fue creada para la protección de los clientes de inmigración, y es importante que las personas sepan y recuerden que tienen que asegurarse de que la persona que los ayude a presentar su caso de inmigración sea o un abogado que esté registrado en la Asociación de Abogados de Inmigración de Canadá, un notario de Quebec que esté asentado con el gobierno de Quebec, o un consultor de inmigración que sea miembro de este nuevo cuerpo regulatorio para los consultores a nivel nacional.
Repito que a pesar de que ha existido esta regulación desde diciembre del 2003, hay muchas personas que aun siguen usando los servicios de gente que no está calificada para practicar leyes de inmigración en el país.
De hecho, recientemente me tocó ver un expediente de una señora en el que el consultor falso había escrito una carta al Departamento de Inmigración en la cual esta persona decía que había ayudado a la señora con el trámite de inmigración sin cobrarle absolutamente nada, cuando de hecho le había cobrado más de 3 mil dólares para hacer el caso.
El problema aquí no es el que esta persona haya cobrado o el que no haya cobrado, el problema es que la ley dice claramente que una persona, sin cobrar, puede ayudar a procesar un caso sin ser miembro de la Asociación de Consultores, de la Asociación de Abogados o de la Asociación de Notarios de Quebec, pero que en el momento que una persona cobra por sus servicios debe tener la autorización , o sea debe tener la certificación por parte de este organismo de gobierno para poder ayudar a procesar casos de inmigración.
Aquí es importante resaltar que en esta situación hay dos problemas fundamentales: uno es que no hay ninguna garantía que un consultor falso sepa lo que está haciendo ya que no hay ningún control para esa persona. Y el segundo problema es para el cliente, porque si el cliente permite que una persona mienta en su solicitud, el cliente está cometiendo un delito al igual que el consultor falso ya que está permitiendo que se le dé información falsa al Departamento de Inmigración.
Y lo que sucede cuando un cliente permite que en su nombre se le dé información falsa al Departamento de Inmigración es que el cliente también va a ser penalizado por el Departamento de Inmigración, lo que podría significar que a la persona se le acuse precisamente de dar declaraciones falsa y por tanto el gobierno no solamente le rechace el caso sino que también lo penalicen por dos años en que no podrá hacer ningún trámite migratorio en el país.
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