Nueva legislación que entra en vigencia el sábado endurece procesos para obtener refugio en Canadá

Por Vilma Filici
vilma@filici.com

TORONTO. En la columna del miércoles de la semana pasada hablamos sobre los cambios al sistema de refugio que entrarán en vigencia a partir del próximo 15 de diciembre. Ese mismo día, el gobierno canadiense dio un paso polémico en la implementación de la nueva legislatura al declarar como “Irregular Arrivals” a cinco grupos de solicitantes de refugio que cruzaron la frontera de Quebec en meses pasados.

“Con el anuncio de hoy, el gobierno está enviando un mensaje claro de que se tomarán medidas decisivas contra quienes, criminal e ilegalmente, tomen ventaja de nuestro sistema de inmigración”, dijo ese día el ministro de Ciudadanía e Inmigración, Jason Kenney.

Las declaraciones del Ministro reflejan claramente la decisión que ha tomado el gobierno de endurecer las políticas inmigratorias en el país, algo que afectará incluso a las personas que ya viven como residentes permanentes en Canadá como producto de una solicitud de refugio, pero que aun no se han hecho ciudadanas.

Esto es así porque el Ministro de Inmigración puede presentar una solicitud al Consejo de Refugiados para determinar si una persona ha dejado de necesitar protección como refugiado de convenio, con lo cual la persona puede perder el refugio dado que se le quita el estatus de refugiado. Una vez perdido este estatus, puede también perder la residencia permanente.

Pero aquí hay que tener en cuenta que cuando la protección deja de existir, pero no porque el cliente regresó al país de origen voluntariamente sino porque de pronto hay un cambio en las condiciones del país, el quitarle la residencia permanente a la persona no es automático.

En otro de los cambios, en el pasado, si un refugiado dentro de Canadá cometía un crimen, de todas maneras podía hacer su reclamo de ser refugiado. Pero con la interpretación de la nueva ley, si la persona ha cometido un crimen en Canadá y el crimen podría haber recibido diez años o más de cárcel, a la persona se le niega acceso al Consejo de Refugiados, no importa si le dan diez años o más de cárcel o no.

A esa persona se le va a dar la oportunidad de hacer una solicitud por riesgos, y si es aceptada por riesgo (es decir si es aceptada en el Pre Removal Risk Assessment, PRRA), podrá permanecer en Canadá pero no podrá obtener el estatus de refugiado como persona que necesita la protección del Estado.

Otro de los cambios importantes que va a entrar en vigencia a partir de este fin semana es que, así como una persona no tienen derecho a presentar una solicitud de PRRA si no han pasado 12 meses desde el momento que se le negó el refugio (y para las personas que vienen de países designados si no han pasado 36 meses), tampoco tendrá derecho durante 12 meses para presentar una solicitud de residencia por razones humanitarias una vez que haya recibido una decisión negativa del Consejo de Refugiados.

Hay excepciones, y las excepciones son cuando se trata de un caso en el que se argumenta el mejor interés de los niños y cómo esos niños van a ser afectados si son deportados. Otra excepción es cuando hay riesgo de que si es deportada la persona sufriría a causa de que no hay tratamiento médico para una condición que tiene, es decir que no hay tratamiento para esa enfermedad en el país de origen.

Otro de los cambios que entran en vigencia esta semana es que en el pasado se podía tramitar paralelamente el caso de refugio y el caso de razones humanitarias, pero ahora, bajo las nuevas leyes, esto ya no es posible. Si la persona que está solicitando refugio quiere hacer una solicitud por razones humanitarias, y el Consejo de Refugiados aun no ha escuchado el caso, entonces la persona tiene que retirar el caso de refugio para poder procesar su caso por razones humanitarias.

Definitivamente, con todos estos cambios que entran en vigencia el sábado, de la única manera que nosotros vamos a poder trabajar eficientemente es con la cooperación del cliente.

Si una persona está viniendo a Canadá para pedir refugio, va a tener que ponerse en contacto con un abogado, con un consultor o con la persona que quiere que lo represente, y empezar a trabajar el caso desde antes de llegar al puerto de entrada. Con esto se va a asegurar de que haya suficiente tiempo para preparar bien la historia y para asegurarse de recopilar la documentación que va a ser necesaria para hacer la presentación del caso, porque 30 días es muy poco tiempo para mandar a pedir documentación, que llegue de vuelta, que se haga traducir y poderla tener lista para la audiencia.

También, para las personas que se encuentran en Canadá es muy importante que contraten a su asesor de inmigración, ya sea consultor o abogado, con suficiente tiempo para preparar todo, porque se debe tener toda la documentación lista en el momento que se va a la entrevista.

Definitivamente se va a necesitar mucha paciencia, mucho trabajo y muchísimas horas para poder tener un caso bien preparado a fin de tener posibilidades de que la persona sea aceptada.

Por otra parte, las persona que vengan de países designados (y creemos que van a ser países como México, Costa Rica, eventualmente Colombia, etc.) van a ser mucho mas perjudicadas porque se les dará menos tiempo para preparar sus casos y porque no tendrán derecho a una apelación ante la nueva División de Apelaciones de Inmigración.

Según todas las declaraciones que ha hecho el Ministro de Inmigración y otros funcionarios del gobierno, estas medidas fueron tomadas para proteger a los refugiados y para proteger la integridad del programa de refugio en Canadá, pero en realidad el problema es más grande, aparte de los cortos plazos para poder procesar un caso de refugio.

De hecho, el Ministro de Inmigración lo dijo claramente en unas declaraciones: Que si las personas no tienen los beneficios de poder trabajar, de tener beneficios de salud, etc., es una manera de disuadirlos de venir a Canadá y hacer una solicitud de refugio.

Esto tendría mucho sentido si pudiéramos estar cien por ciento seguros de que las personas que vengan de los países que van a ser designados no corren en realidad riesgo en sus países sino que, así como dice el Ministro, son casos fraudulentos. Pero lamentablemente hay muchísimas personas que vienen de México, de Costa Rica, de Jamaica, de países donde se considera que hay democracia y que no hay problemas, y las personas tiene muchos problemas de seguridad y están en riesgo de muerte si son regresadas a sus países de origen.

En este sentido, el temor con la nueva legislación es que, al tratar de agilizar los procesos, no estemos dando verdaderamente la posibilidad a personas que se encuentran en peligro real de poder presentar su caso de manera efectiva para que esos casos sean aceptados, y con ello estemos poniendo en peligro sus vidas.