GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ / MÉXICO /
El pasado 29 de mayo falleció en la ciudad de Panamá el general Manuel Antonio Noriega, quien dirigió los destinos del país canalero de 1983 a 1989, año en que fue derrocado por una ilegal como brutal intervención militar estadounidense. Tras el deceso, muchos analistas y medios de comunicación afirmaron, con cierto tono celebratorio, que con el fallecimiento del militar se cerraba un capítulo de la historia del país istmeño. Seguramente en Estados Unidos (EUA) muchos se sintieron aliviados al escuchar la noticia.
Recordemos que en su momento Noriega aseguró conocer muchos secretos sucios de los servicios de espionaje y contraespionaje estadounidenses. Seguramente así era, pues hasta llegó incluso a jactarse de tener agarrado por los testículos a George Bush padre. No obstante, en las casi tres décadas que pasó encerrado en cárceles de EUA y Francia guardó un muy prudente silencio, y habría que ver si todo lo que sabía de verdad fue enterrado con él.
Pero más allá de eso, si observamos la historia con mayor detenimiento comprobaremos que todavía quedan muchos cabos sueltos y que el capítulo de Noriega y la invasión a Panamá aún están lejos de haber sido sellado para siempre. Entre las muchas cuestiones pendientes que aún requieren aclaraciones está, en primer lugar, lo relativo al costo humano en términos de vidas inocentes que provocó la intervención estadounidense.
Casi treinta años después aún se desconoce a ciencia ciertas cuántas víctimas fatales causaron los bombardeos indiscriminados que realizaron las aeronaves estadounidenses. Siguen sin despejarse las dudas razonables que surgieron desde el mismo momento en que tanto las autoridades estadounidenses como las panameñas anunciaron las cifras oficiales. Y hasta ahora está pendiente la realización (o la conclusión) de una investigación exhaustiva destinada a corroborar los testimonios de los sobrevivientes en las zonas más afectadas, que hacen pensar en miles de muertos.
Por justicia para las víctimas y sus familiares se hace imperativo aclarar definitivamente lo ocurrido en los días de la invasión. En este sentido, un excelente primer paso ha sido la creación por parte del actual gobierno de Panamá de un equipo de investigación que tiene por nombre, precisamente, “Comisión 20 de diciembre de 1989”, y que al momento ha logrado verificar la identidad de más de trecientas víctimas. Se sabe sin embargo que hay muchos restos humanos que aún no han sido identificados. Por otra parte, habrá que ver si el gobierno estadounidense contribuye con esa búsqueda de la verdad, y si aceptará la exigencia de indemnizar a los familiares de las víctimas. Mientras esto no ocurra, no puede considerarse cerrado el capítulo de Noriega y de la invasión estadounidense.
Por otra parte, también sigue siendo igualmente necesario investigar sobre los motivos reales de la intervención estadounidense y el consecuente derrocamiento del militar panameño. Desde una perspectiva latinoamericana y latinoamericanista no es coherente ni aconsejable conformarse y aceptar sumisamente la versión que el sistema dominante ha impuesto sobre las causas de la invasión, pues si de algo estamos seguros es que a los gobernantes estadounidenses lo menos que ha interesado es fortalecer los procesos democratizadores en América Latina. Afirmar que pretendía restaurar la democracia, como argumentó hace cinco años mientras bombardeaban Libia, no es más que una broma cínica y cruel. Sabemos también que la lucha contra las drogas no es más que una excusa como lo fue en su momento la lucha contra el comunismo.
Se ha argumentado que el principal motivo de la inquina estadounidense contra su veterano agente e informante se habría debido a la negativa de prestar el territorio panameño para agredir al gobierno nicaragüense encabezado esos años por el Frente Sandinista. Pero también pueden (y deben) expresarse dudas razonables al respecto, más aún si consideramos que, según el testimonio del excoronel Roberto Díaz Herrera, Noriega apoyó incondicionalmente la política de agresión contra la revolución sandinista hasta 1987, el año en que estalló la crisis y su confrontación con Estados Unidos.
Además, también es válido preguntarse si de verdad era indispensable el apoyo panameño para asfixiar al sandinismo, cuando Nicaragua prácticamente ya estaba cercada por otros gobiernos incondicionales con los estadounidenses. Honduras, como se ha dicho, se había convertido en el portaviones terrestre de Estados Unidos, que había desplegado miles de marines y una enorme cantidad de equipo militar en territorio hondureño. Este país, que comparte fronteras con Nicaragua, se había transformado en esos años en una verdadera cabeza de playa desde de donde las fuerzas contrarrevolucionarias cotidianamente lanzaban sus criminales ataques contra la población nicaragüense. Los aeropuertos de El Salvador estaban por igual al servicio de las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses y de la estrategia estadounidense de contrainsurgencia contra los guerrilleros del Farabundo Martí. Enmascarados con una supuesta neutralidad, Costa Rica era otra plataforma desde donde se atacaba políticamente al sandinismo.
Un punto que muy poco se ha estudiado y bien puede sumarse como otra causa, y quizás una muy importante, para que los estadounidenses se decidieran invadir y derrocar a su viejo aliado, habría sido que Panamá se había convertido en una grieta desde la cual Cuba burlaba mínima y dificultosamente el bloqueo económico decretados décadas atrás por Estados Unidos contra la isla. A estos aspectos habría que agregar también los motivos que habría tenido Noriega para rebelarse contra el gobierno al que por décadas habría prestado servicios como informante. Sobre todos ellos hacen faltan luces para aclarar lo que verdaderamente ocurrió.
La justificación oficial, brindada por Estados Unidos, para derrocar a Noriega, fue que el militar panameño había convertido a Panamá en un narco-estado, que se había asociado con narcotraficantes colombianos y que por tanto debían de enfrentar la justicia estadounidense. Qué esta haya sido la principal razón también resulta bastante inverosímil, pues se sabe que desde muchos años antes los negocios sucios del general panameño eran del conocimiento de las autoridades estadounidenses, las que hasta 1987 se hicieron de la vista gorda.
Además, no debe perderse de vista que un elemento vital en el financiamiento de los contrarrevolucionarios nicaragüenses fue precisamente el tráfico de drogas, tal como lo reveló y dejó bien documentado el periodista Gary Webb. Así que a Estados Unidos realmente no le importaba mucho, o durante muchos años pareció no importarle, si Noriega contribuía o no al trasiego de drogas hacia el territorio estadounidense.
Interpretaciones alternativas han sostenido que los objetivos principales de la invasión fueron, por un lado, la destrucción de las Fuerzas de Defensa de Panamá, de las que aún formaban parte muchos oficiales que guardaban fidelidad y admiración hacia el General Omar Torrijos, y por su acentuado carácter nacionalista. Por otro, para probar armamento y equipo militar en esos años de última generación (los que serían empleados poco después para masacrar iraquíes). Sobre estos temas los latinoamericanistas e historiadores latinoamericanos también tenemos muchos que indagar.
*Guillermo Fernández Ampié es Profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la materia “Historia socioeconómica de Centroamérica”.
