Tras el análisis de la información secreta de las agencias de inteligencia del país, el gobierno liberal ha actuado correctamente, concluye
POR OSCAR VIGIL / TORONTO /
Se acabó la controversia. O por lo menos eso es lo que se podría esperar en una democracia del primer mundo. El relator especial nombrado por el primer ministro Justin Trudeau para investigar la supuesta injerencia extranjera, y mas concretamente la injerencia de China en la política canadiense, concluyó que el gobierno liberal ha actuado como ha debido hacerlo con la información que ha recibido.
El relator especial David Johnston rechazó los pedidos de una investigación pública sobre la interferencia electoral extranjera alegando que de realizarse esta se vería obstaculizada por la necesidad de que la inteligencia ultrasecreta se mantenga privada y no arroje luz sobre un problema sobre el cual, también concluyó, el gobierno de Trudeau no ignoró.
Johnston presentó un informe provisional de 55 páginas, en el cual encontró que hay serios problemas en cómo se comparte la inteligencia a través del servicio público y entre los funcionarios políticos, pero también que los informes de los medios de comunicación sobre las elecciones del 2019 y 2021 dieron una imagen incompleta, distorsionada y algunas veces “falsa” sobre el real alcance de la intromisión del estado chino.
Sin embargo, dada la politización que este tema ha tenido, particularmente por parte del líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, es poco probable que sus conclusiones sofoquen las demandas de que se arroje más luz sobre el tema, y el propio Johnston reconoció que eso frustrará a algunos. Incluso admitió que comenzó su trabajo como relator especial cuando fue designado en marzo pensando que una investigación pública era el camino por seguir.
“Empecé con una inclinación a recomendar una investigación pública. Sin embargo, mientras emprendí el proceso de revisión, me pregunté repetidamente qué propósito podría tener una investigación pública para los canadienses a la luz de las restricciones sobre el material que tendría que presentarse ante el comisionado”, dijo, acotando: “He llegado a la conclusión de que no tendría un propósito útil para mejorar la confianza”.
En una de las conclusiones más contundentes, Johnston dijo que los funcionarios políticos de alto nivel, incluido el primer ministro Justin Trudeau, no hicieron la vista gorda ante el alcance de las actividades de aparente interferencia, en algunos casos porque el Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) o los funcionarios de seguridad pública no les informaron sobre ellas.
“No hay pruebas convincentes que respalden las acusaciones más graves sobre la falta de acción del gobierno en casos específicos de interferencia extranjera con respecto a las elecciones de 2019 o 2021”, dijo, agregando que sí hay evidencia de un problema en cómo se recopila y comparte la información de inteligencia.
Los informes se generan y envían, pero nadie hace un seguimiento de quién los recibió o los leyó, y en muchos casos la información no llega ni al ministro político ni a un viceministro que debería verla, escribió.
“Carpetas grandes e indiferenciadas, la falta de rendición de cuentas sobre quién está leyendo esas carpetas, o de quién es el trabajo de responder a lo que contienen, no es lo que se requiere de la era actual de las relaciones internacionales y las amenazas concomitantes”, escribió.
Agregó que parte de la inteligencia que se dio a conocer en una serie de artículos en los medios de comunicación que comenzaron el otoño pasado, en algunos casos eran solo versiones preliminares de memorandos, o en otros casos completamente falsos. Además de eso, hubo una politización abierta del tema, que tampoco es de interés para la seguridad nacional, dijo.
En su primera reacción al informe, el líder conservador Pierre Poilievre se dedicó a afrentar al ex gobernador general David Johnston, a decir que el informe es un encubrimiento y continúo exigiendo una investigación pública sobre el tema.