EMILIO GODOY MÉXICO
Malena Reyes, su hermano Elías y la esposa de éste, Luisa Ornelas, fueron secuestrados el 7 de febrero en el municipio de Guadalupe, en el norteño estado de Chihuahua, y sus cuerpos encontrados dos semanas después. Este caso es uno de los que pone a México en la mira de la ONU. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) recaba en estos días datos de los expedientes de una treintena de activistas que han sido víctimas de esta práctica para analizar y emplearlo de materia prima para su informe en 2012.
Malena y Elías son hermanos de la defensora de derechos humanos Josefina Reyes, asesinada en enero de 2010 en Ciudad Juárez, situada también en Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos.
La tragedia de esta familia incluye el asesinato en 2009 de Julio César Reyes, hijo de Josefina, y en agosto de 2010 de otro hermano de la activista, Rubén Reyes.
El caso de Guadalupe es el primero documentado de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de este año en México.
Frente a ello, el Estado mexicano se expone a una dura reprimenda por su virtual inacción ante un delito considerado de lesa humanidad por la ONU, cuya misión de expertos hace una visita oficial al país desde el 18 de este mes y hasta el día 31.
“Esperamos que el Grupo de Trabajo constate que la desaparición forzada ha vuelto a ser una política del gobierno para controlar a las organizaciones sociales y a los defensores de derechos humanos”, señaló a IPS Héctor Cerezo, uno de los promotores de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
El Comité Cerezo México, que surge a raíz de la detención el 13 de agosto de 2001 y posteriores tormentos sufridos por este activista y sus hermanos Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, se reunió el lunes, junto a otras cinco organizaciones humanitarias, con los integrantes del equipo de expertos de la ONU presidido por el sudafricano Jeremy Sarkin.
En ese ámbito, los activistas mexicanos entregaron un reporte de 33 páginas de extensión, que analiza la situación de ese fenómeno en el país y expone 30 casos de relevancia.
Agrupaciones humanitarias calculan que más de 3.000 personas han sido desaparecidas desde 2006 en esta nación latinoamericana. En ese lapso, la estatal aunque autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha conocido 283 denuncias, 124 de las cuales sólo el año pasado.
La CNDH asegura que 532 personas desaparecieron en los años 60 y 70, en el marco de la llamada “guerra sucia” de fuerzas estatales contra las guerrillas izquierdistas, militantes y dirigentes sociales. Ante ello, han fracasado las querellas en contra de los presidentes y altos funcionarios de la época.
“Hay un fenómeno sumamente preocupante que incentiva esa práctica, y es la impunidad, y que sirve de aliciente” a los responsables de estos crímenes, declaró a IPS Alberto Herrera, director de la sección mexicana de Amnistía Internacional.
Los activistas han asegurado que la lucha contra el narcotráfico emprendida en diciembre de 2006 por el presidente de México, Felipe Calderón, pocos días después de asumir el cargo, ha potenciado el repunte de este flagelo.
Calderón, del derechista Partido Acción Nacional, ha desplegado más de 60.000 efectivos militares para combatir a las bandas de traficantes de drogas que se disputan violentamente este comercio ilícito hacia Estados Unidos. A la fecha, unas 36.000 personas han muerto en el marco de esa campaña.
En la norteña ciudad de Saltillo, la Red de Defensores de Derechos Humanos ha enlistado 118 casos entre 2007 y lo que va de este año, en los cuales habrían intervenido elementos de las fuerzas de seguridad en 25 de ellos.
El informe de 2011 de Human Rights Watch, la organización con sede en Nueva Cork, contabilizó más de 12 expedientes de desaparición forzada de personas en el nororiental estado de Nuevo León, en los cuales habrían participado soldados, marinos y policías.
Las organizaciones de derechos humanos piden que el Estado mexicano cree un registro nacional de personas desaparecidas, con el aporte de la sociedad civil, y que establezca entes para su búsqueda y el resguardo de un banco de muestras de ADN de los familiares que consientan su entrega.
México arrastra con una condena de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal regional, por la desaparición del dirigente comunitario Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 en el sureño estado de Guerrero.
De las 18 cláusulas de la sentencia, México sólo ha cumplido una, que es la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación.
El incremento de este delito se relaciona con “la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad de la ciudadanía de manera legal”, enfatizó Cerezo. “Visibilizamos que el problema es actual y grave”, apuntó.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de México mantiene vigente la figura de la desaparición forzada, en tanto no aparezca la víctima. Pero el tipo contenido en el Código Penal Federal sólo alude a autoría por “servidores públicos”, sin referirse a terceros, como podrían serlo integrantes de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares cobijados por el Estado.
En agosto de 2010, una red de organizaciones defensoras de los derechos humanos lanzó la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y difundió un manual al respecto, para orientar a los familiares sobre cómo actuar en un caso de esa naturaleza.
Entre 2001 y fines de 2009, la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia Militar no se había hecho cargo de ningún caso de militares vinculados con ese delito, por lo cual no hay persecuciones penales ni condenas, según la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional.
Por eso, los activistas abogan por la reforma del polémico fuero de guerra, una figura contenida en el Código de Justicia Militar de 1933 para los soldados que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones y que ya se debió cambiar para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.
“No es sólo un tema de acceso a la justicia, sino una institución que viola los derechos humanos, es el corazón del asunto”, subrayó Herrera.
Gabriel Cruz y Edmundo Reyes, del insurgente Ejército Popular Revolucionario, y 38 trabajadores de la firma estatal Petróleos Mexicanos han sido reportados como desaparecidos desde 2007. Lo mismo ha ocurrido con 12 periodistas desde 2000, según la CNDH.
El 23 de diciembre entró en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada en 2006 por la ONU. En consecuencia, los Estados parte, del cual México es uno de ellos desde 2008, deberán entregar un informe anual respecto de esta situación, con datos duros y acciones legislativas y judiciales para enfrentarla.
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