México: La pandemia de feminicidios en tiempos del Covid-19

GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ / MEXICO /

La pandemia que se ha declarado por el Covid-19 ha paralizado a buena parte del mundo. Otra pandemia, mucho más antigua, que afecta a México y otros países también paralizó a prácticamente de la mitad población mexicana. Me refiero a la pandemia de la violencia de género y, particularmente, contra las mujeres, que según distintas fuentes arrebata diariamente la vida a entre cinco y diez mujeres, sin importar la edad, sea niñas o mujeres adultas, escolares de primaria, universitarias o exitosas profesionales. Como ejemplo basta señalar que a mediados de febrero diversos medios de comunicación informaron que tan sólo en los primeros cincuenta días del 2020 habían ocurrido cerca de 250 asesinatos de mujeres, incluyendo a varias menores de edad.

Y las mujeres están diciendo ¡basta! Entre las primeras en hacerlo están varias estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante del país. Desde el pasado 4 de noviembre estas jóvenes decidieron ocupar las instalaciones de su facultad para exigir el cese del acoso y la violencia de la que son víctimas por parte de algunos profesores, de sus propios compañeros de clases y de personal administrativo y de servicio.

Más concretamente las Mujeres Organizadas, como se denominan, han exigido la modificación de dos artículos del Estatuto General de la Universidad. Uno de ellos, para catalogar el acoso y la violencia de género como delitos graves. Otro, para establecer las sanciones para docentes, funcionarios y estudiantes que cometan esos delitos. También han exigido que cese la revictimización a que se somete a las jóvenes que se atreven a denunciar el acoso sexual, y que se revisen varios casos a los que las autoridades no dieron respuestas. Desde entonces, varios otros planteles universitarios se sumaron a la toma y paro de sus instalaciones.

Las jóvenes acusan a las autoridades universitarias de proteger y permitir la impunidad de los docentes y funcionarios señalados como acosadores, porque en no pocos casos, una vez denunciados, estos únicamente son trasladados a otras dependencias, en una medida similar a la que ha sido común en la Iglesia Católica con aquellos sacerdotes acusados de pedofilia, que son trasladados a otra parroquia. En su defensa, las autoridades universitarias publicaron cifras de los maestros sancionados por estos delitos, incluso con la rescisión de sus contratos. Las jóvenes contra argumentan que esos datos no resultan representativos del alto número de denuncias y de los casos que han quedado impune.

Incomprensiblemente, en lugar de buscar cómo resolver aceleradamente el conflicto, las autoridades universitarias parecieran haber decidido darle largas al asunto y apostar por el agotamiento de las jóvenes y el desgaste de su movimiento. El mes pasado, el Consejo Universitario, la máxima autoridad de la magna casa de estudios, se reunió y entre los asuntos que discutió estuvo la demanda de las paristas, y decidió realizar la modificación de uno de los artículos, tal como lo han exigido las muchachas. Pero, más incomprensible aún, decidió postergar para otra reunión, que deberá realizarse en los próximos días, para modificar el apartado que establecería sanciones para quienes resulten culpables de acoso y violencia contra las mujeres en las instalaciones universitarias. Esa lentitud para responder a las demandas, que se ha justificado en la dinámica y procedimientos institucionales, también se percibió como un desdén hacia las jóvenes organizadas y sus demandas.

No obstante, el pasado 8 de marzo, la causa de las muchachas implícitamente recibió un inesperado y descomunal apoyo, cuando decenas de miles de mujeres marcharon por las calles de las principales ciudades del país denunciando la violencia contra las mujeres y exigiendo un alto a la pandemia de feminicidio, que incluso ese mismo día se cobró algunas vidas.

El 9 de marzo las mujeres realizaron a un paro nacional, un día sin mujeres, el cual tuvo notable éxito. Lamentablemente, como ocurre con muchas causas justas, no hizo falta quien quisiera colgarse de la actividad y de las denuncias de los feminicidios y la violencia contra las mujeres para utilizarlas como arma política para atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, aunque están en su derecho, tampoco dejó de llamar la atención la presencia de figuras públicas y mediáticas, como presentadoras de las grandes cadenas de televisión y líderes políticos de derecha, quienes hacían llamados en las redes sociales para sumarse al paro o marchar en una manifestación como las que tradicionalmente ellos/as mismos/as han condenado.

En todo caso, la multitudinaria marcha y el paro de mujeres puso en evidencia, una vez más, que el acoso y los feminicidios son una pandemia que afecta a todo el país, y a nivel global; que el hartazgo por esa violencia va más allá de los muros universitarios, que es un rechazo compartido por vastos sectores, y que se trata de una lucha que resulta mucho más compleja y ardua que contener el Covid-19.

FOTO: laquearde.org