GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ* / TORONTO /
El escándalo surgido en el Estado Español al conocerse las grabaciones de las conversaciones entre el reconocido periodista y presentador de televisión Antonio García Ferreras, el empresario y expolicía José Manuel Villarejo; el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, y dos personajes más, revela una vez más cómo medios de comunicación poderosos pueden incidir y hasta determinar, de manera antidemocrática, los resultados de una elección.
En la conversación mencionada, grabada por el propio Villarejo, García Ferreras y el expolicía comentan como han conspirado para publicar información falsa elaborada por otros funcionarios policiales y el también periodista Eduardo Inda, para dañar la reputación de la agrupación política Podemos y de su principal líder, Pablo Iglesias, que entonces encabezaba las encuestas como el candidato favorito para jefe de gobierno, a pocos meses de realizarse las elecciones generales, en 2016.
Según lo conversado, Inda, Ferreras y otros medios de comunicación españoles divulgaron como cierta la falsedad de que Iglesias tenía una cuenta en un paraíso fiscal, en la que el presidente venezolano Hugo Chávez le habría depositado 270 mil dólares para financiar a Podemos. Ferreras divulgó la “noticia” en su programa estelar, a pesar de que el propio Iglesias le había advertido que era una falsedad. El bulo efectivamente perjudicó a Podemos y al propio Iglesias, que a partir de entonces comenzó a bajar en las encuestas y finalmente quedó en tercer lugar en dichas elecciones, con el 17% de los votos.
El tema es relevante también en América Latina, desde donde los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y Argentina, Alberto Fernández, se solidarizaron con Iglesias. El mexicano calificó de “indignante” la campaña lanzada contra Podemos y sus líderes, mientras que Fernández señaló que lo mismo ocurría en Argentina donde ciertos periodistas difunden noticias falsas “para difamar o perseguir a dirigentes políticos”, con lo que “hieren profundamente a la democracia”.
A los latinoamericanos sobra la razón, pues basta recordar la campaña sucia lanzada contra aquellos líderes más vinculados a los sectores sociales subalternos o empobrecidos. A López Obrador se le llegó a calificar como “una amenaza para México”. La estrategia es la misma: vincular a estos líderes con políticos o países a los que el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses presentan como enemigos de Estados Unidos, de la paz mundial, o de financiar el terrorismo o estar asociados al narcotráfico. Las acusaciones falsas esgrimidas contra Iglesias son las mismas que se hicieron contra José María Villalta en Costa Rica, en 2010: ser financiado por el Hugo Chávez, entonces ya demonizado por los medios estadounidenses y sus cajas de resonancia en Latinoamérica.
Se supone que entre los deberes del periodismo y medios de comunicación está el de fiscalizar el ejercicio del poder, pero ¿quién los fiscaliza a ellos cuando se han convertido en un propio poder y más aún, en un instrumento del poder político y económico dominante?
Ya se ha escrito bastante sobre el poder, la influencia y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, en especial de aquellos de mayor difusión, de los que son verdaderamente dominantes, además de estar asociados a grandes corporaciones empresariales y económicas, en el giro que toman acontecimientos nacionales e internacionales. Ellos son el principal factor que incide y modifican la opinión pública frente a prácticamente cualquier acontecimiento. Basta recordar el papel jugado por los principales medios de comunicación estadounidenses para modificar la opinión global y generar apoyo a favor de la invasión a Iraq, apoyados en la noticia falsa de que ese país estaba fabricando y almacenando armas de destrucción masiva.
Lo más contradictorio e irónico de todo esto, es que son estos medios los que reclaman la realización de elecciones libres, o que argumentan y pretenden decidir en qué país se realizaron o no elecciones libres, o qué tan libres fueron estas.
Visto lo ocurrido con Pablo Iglesias y Podemos, y cómo esta patraña mediática urdida en lo que muchos españoles califican como “las cloacas del Estado”, prácticamente los sacó del juego político, bien cabe preguntar si realmente fueron libres las elecciones que ratificaron como jefe del gobierno español a Mariano Rajoy en 2016. Queda claro que los gobernantes españoles no tienen autoridad para exigir a ningún otro país la realización de elecciones que en su opinión sean libres, ni para descalificar ninguna elección que para ellos no hayan sido libres. Por lo menos no mientras sean electos con la ayuda de periodistas inescrupulosos como el tal Ferreras.
