FRANCISCO REYES / TORONTO /
Todos los años, cientos de miles de estudiantes de Canadá aguardan ansiosos la llegada de los campamentos de verano. Unos, con la certeza de que participarán en dichos campamentos y otras actividades al aire libre en la estación calurosa del año. Otros, convencidos también de que, debido a las condiciones económicas precarias de sus padres, tendrán que conformarse con pasearse por los alrededores de sus vecindarios.
En una sociedad donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más ancha, es lógico que los niños con mayores desventajas económicas sean los que más sufran las consecuencias de la repartición desigual de las riquezas.
Hace varias décadas, los miembros del Parlamento votaron por unanimidad eliminar la pobreza en el año 2000. Es decir, la población canadiense, mayormente pobre y de origen inmigrante, se creó la ilusión –hoy completamente falsa- de que el compromiso asumido por los parlamentarios de los tres grandes partidos se haría realidad con el nacimiento del nuevo milenio.
Al momento de la votación unánime, uno de cada siete niños del país vivía por debajo de la línea de la pobreza. La realidad es distinta 26 años después. Uno de cada cinco niños de Canadá vive en extrema pobreza.
¿Cómo es posible que se haya fallado a un compromiso impostergable de erradicar la pobreza en las nuevas generaciones de canadienses? ¿En qué se puede traducir esa irresponsabilidad de los típicos políticos canadienses?
Lo triste de esa realidad es que los que fueron niños en aquel momento histórico del Parlamento, celebrado con bombos y platillos, hoy han tomado “caminos torcidos”, en el negocio de la prostitución; sumergidos en el alcoholismo y otras drogas; pasando por las cortes a recibir condenas carcelarias; víctimas de la deserción escolar; metidos a pandilleros y sin esperanzas de encontrar un trabajo digno para la sobrevivencia; en la vagancia total.
Las promesas de resolver la pobreza en el año 2000 se las llevaron los vientos tormentosos de la desigualdad social.
Lo que hoy viven decenas de miles de niños que no pueden participar en los campamentos y otras actividades de verano es la consecuencia de la irresponsabilidad de los políticos que aquella vez no hicieron más que aparecer en las fotos votando a favor de soluciones que no se materializaron.
Tal es el caso de Sofía y Nancy (nombres falsos para proteger la identidad de las menores), que, desde el balcón de su hogar, junto con su madre soltera, a quien le niegan la ayuda de los servicios sociales (Welfare), miran pasar a sus compañeras de escuela camino a uno de los campamentos.
Miran también cómo otros niños desfilan con destino a las clases de arte (música, pintura, danza), mientras se tienen que conformar con saber que, por su pobreza, no pueden costearse los cursos que desean tomar: guitarra y piano. El paquete entero para las dos es de unos $475 en una escuela de arte de la comunidad hispana.
“Tienen habilidades para la música”, nos dijo la madre, después de regresar de la evaluación para ver si calificaban. Pero no hay dinero para pagar los cursos. “Desconozco que haya alguna organización que les enseñe de manera gratuita”, deploró la madre.
Quizás aparezcan personas bondadosas que se apiaden de Sofía y Nancy haciendo sus aportes para costear las clases, a $20 dólares la hora.
Los interesados podrían comunicarse mediante correo electrónico con el autor de esta nota, para servir de puente y que puedan contactar a la madre de esas dos niñas hispanas que sueñan un día estar en los escenarios artísticos no sólo de Toronto, sino de Canadá, de toda la América Latina.
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