HONDURAS: Civiles buscan redefinir nuevo rol militar

THELMA MEJÍA / TEGUCIGALPA
La subordinación real de las Fuerzas Armadas de Honduras al poder civil, tras haber sido el brazo armado del golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya, pasa por reformas constitucionales y un mayor empoderamiento de la sociedad sobre los temas de la defensa. Así lo explicaron a IPS académicos, analistas y oficiales retirados al aseverar que ha llegado el momento de impedir un avance de la ‘remilitarización’ de la sociedad. Es que la dirigencia política “ha desatendido” el tema al dejar espacios “tan sensibles y vitales a los militares”, dijo Víctor Meza, quien fue ministro del Interior de Zelaya.
Meza, hoy director del Centro de Documentación de Honduras, comentó que abordar estos temas en la crisis posterior al golpe no deja de ser sensible, “pero Honduras debe entrar a un proceso de reconstrucción democrática y en ella los militares deben tener una función menos autoritaria y más de subordinación y rendición de cuentas”.

De ahí que, desde esa instancia de la sociedad civil, este experto promueva un proyecto orientado a debatir y proponer políticas de fortalecimiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas y la temática de defensa en Honduras, para así colocarlo en la agenda pública y generar mayor conocimiento desde la academia.

“Entre abril y junio intensificaremos un diálogo que nos permita identificar hacia dónde deben caminar las Fuerzas Armadas y cómo la sociedad civil debe empaparse en los temas de la defensa para prevenir golpes de Estado y tener un mayor control sobre su presupuesto y los servicios de inteligencia”, acotó.

Las Fuerzas Armadas de Honduras fueron fundadas en el siglo XIX, pero fue sólo a mediados del siglo pasado que intensificaron su desarrollo institucional tras la promulgación de una ley orgánica y la creación del primer batallón de infantería.

Su primera irrupción en la vida política fue en 1956 para derrocar al presidente Julio Lozano Díaz (1885-1957). En 1963 volvieron al primer plano para perpetrar un golpe contra Ramón Villeda Morales (1908-1971) y permanecer en el poder mediante sucesivos cuartelazos hasta 1982, cuando asumió el gobierno Roberto Suazo, el primero elegido democráticamente en varios años.

El gran retorno de los militares a escena fue en la madrugada del 28 de junio de 2009 para sacar a Zelaya de su casa a punta de metralletas sin darle tiempo siquiera a vestirse y llevarlo en avión a Costa Rica. En su lugar fue puesto el hasta entonces presidente del Senado, Roberto Micheletti, pero ellos siguieron manejando los hilos del poder tras bambalinas.

Actualmente las Fuerzas Armadas cuentan con unos 15.000 efectivos, distribuidos en el ejército, la aviación y la marina, y un presupuesto aproximado de 171 millones de dólares anuales.

Previo al golpe, los militares habían logrado revertir en algo la imagen de represores que se habían forjado en la década del 80, cuando al amparo de la doctrina de la seguridad nacional encarcelaron, torturaron a miles de personas e hicieron desaparecer al menos a 187, según un informe oficial del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

“El golpe de Estado significó un retroceso histórico en pleno siglo XXI. Ahora estamos discutiendo otra vez cómo lograr el control civil sobre el militar, algo que creíamos superado”, señaló a IPS el analista político Rodil Rivera Rodil.

El experto agregó que hay que “reestructurar y reeducar” a los militares para que sean subordinados de las autoridades democráticas. Y esa tarea pasa por una reforma constitucional en la cual se elimine el rol que se les asigna de “garantes” del ejercicio de la alternancia democrática.

Esa función “desde ya los vuelve en árbitros de la democracia y hacer retroceder ese aspecto no será fácil con una clase política complaciente y a veces hasta sumisa del poder castrense”, relató, a su vez, el politólogo Ernesto Paz.

El coronel retirado Mario Maldonado cree que Honduras “está a tiempo” para redefinir una relación cívico militar más “estrecha y profesional” que impida la politización del sector castrense. “Eso es lo que hay que evitar”, apunta con preocupación.

La socióloga Leticia Salomón, experta en temas militares, es del criterio de que, para dar ese salto, el país debe cultivar una nueva dirigencia política y una ciudadanía más activa, porque en este momento “se abandonó la propuesta y el cuestionamiento que se hizo en épocas pasadas”.

Salomón sostuvo que la redefinición de los militares debe pasar por cambiar a ese mandato variopinto que tienen las Fuerzas Armadas, que van desde custodios de la frontera y árbitros del poder político y de los conflictos sociales hasta guardianes de los bosques, la seguridad ciudadana y de los intereses particulares a los que “obedecieron con el golpe de Estado”.

Uno de los ejes de la tesis de cambio radica en un mayor seguimiento del presupuesto para una clara rendición de cuentas.

Precisamente, en materia presupuestaria, los militares no son los más dotados en hacer público lo público. Edmundo Orellana, quien fue ministro de la Defensa del gobierno de Zelaya, comentó que las liquidaciones de gasto de la fuerza “sólo las entiende la Dirección General de Presupuesto”.

“A los batallones que están lejos nadie les vende con cheques, se les manda dinero en efectivo y hay que confiar en la buena fe del militar que está a cargo, por lo cual bajo esas circunstancias es normal que se presenten distorsiones en el manejo del presupuesto”, apuntó Orellana a IPS.

Por eso es que la rendición de cuentas es básica en los nuevos planteamientos, además de la subordinación militar a las instituciones democráticas y de darle al Ministerio de la Defensa un carácter real de control civil y no de figura decorativa como es hoy, detallan los expertos a IPS.