POR OSCAR VIGIL / TORONTO /
La legislación permitirá que pacientes de hospitales puedan ser transferidos sin su consentimiento a centros de atención de largo plazo, pero ahora la pieza legislativa será aprobada sin que los partidos de oposición y el público afectado puedan brindar su opinión.
El gobierno conservador progresista de Ontario aprobó esta semana una moción para omitir las audiencias públicas de una legislación que permitirá que los pacientes hospitalizados que esperan atención a largo plazo sean trasladados a un hogar sin su consentimiento.
El ministro de Cuidados a Largo Plazo, Paul Calandra, dijo que la legislación liberará camas de cuidados intensivos muy necesarias en los hospitales. Según la Asociación de Hospitales de Ontario (OHA), hasta el 17 de agosto pasado había 5,930 pacientes de “nivel alternativo de atención”, es decir aquellos que se considera que ya no necesitan atención aguda en el hospital, de los cuales el 40 por ciento estaba esperando un espacio en los lugares de atención a largo plazo.
Hay que considerar que si bien el texto del proyecto de ley dice que los hospitales deben hacer un “esfuerzo razonable” para obtener el consentimiento de los pacientes, en teoría permitirá trasladar a los pacientes a un hogar de atención temporal a largo plazo sin su consentimiento, mientras esperan una cama en un centro de su predilección.
Pero el gobierno del Premier Doug Ford presentó una moción la semana pasada que avanzaría el proyecto de ley directamente a la tercera lectura, lo que significa que no será considerado por el comité ni estará sujeto a audiencias públicas en esa etapa. Y la moción fue aprobada esta semana.
Po su parte, los defensores de los derechos de las pacientes y los críticos advierten que los cambios planificados de Ontario en la atención a largo plazo son una violación de los derechos de los pacientes. El NDP alega que el gobierno está “silenciando” a la oposición al pasar por alto la opinión pública sobre la controvertida legislación. “Simplemente no podemos apoyar esta legislación”, dijo Jane Meadus, abogada del personal del Centro de Defensa para los Ancianos.