LUISA MONCADA / TORONTO /
El Salvador es actualmente uno de los países latinoamericanos con mayores índices de violencia y solicitudes de asilo en Canadá. El homicidio es la principal causa de muerte en niños y adolescentes; los medios de comunicación intentan sobrevivir a la presión y amenazas de criminales y organismos de seguridad; y el derecho a la vida no pertenece a cada salvadoreño, sino a las reglas y condiciones impuestas por grupos armados.
Vivir en El Salvador se puede resumir en caminar día a día por un territorio repleto de fronteras invisibles. Cosas que para el resto del mundo son impensables, en El Salvador son comunes y se convierten en el diario vivir de sus habitantes.
Por ejemplo, el control territorial que tienen la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Callejera 18, también conocida como “Barrio 18”, determina −en los municipios con los mayores índices de criminalidad, principalmente en la zona central del país− la forma en que se pueden desplazar sus habitantes. También define en qué escuela estudiarán los jóvenes o quiénes pueden visitar a los residentes de una zona determinada. Equivocarte de estación de bus o portar una camiseta con el numero 13 o 18 te puede costar la vida. Incumplir estas reglas no escritas, pero aceptadas en silencio, puede significar convertirse en un número más de las estadísticas de homicidios del país más pequeño de Centroamérica.
El Salvador cuenta con 6.3 millones de habitantes y en 2016 se registraron 5,278 muertes violentas. Mientras que, en Canadá, un país con una población de más de 36.5 millones, fueron asesinadas 611 personas en el mismo periodo. El homicidio es la principal causa de muerte en niños y adolescentes salvadoreños.
La presión asfixiante que ejercen estos criminales sobre su territorio ha incrementado las solicitudes de asilo de ciudadanos salvadoreños alrededor del mundo. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 216 salvadoreños pidieron asilo diariamente durante 2016. Es decir, 78,959 personas fueron registradas como refugiadas o solicitantes de asilo solamente el año pasado. Esto equivale a un aumento del 878% de casos de refugio respecto a los últimos seis años. En el mismo periodo, un informe presentado por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) destaca que 220,000 personas huyeron a consecuencia directa de la violencia. Las estadísticas reflejadas en ambos documentos sitúan a El Salvador como el segundo país en el mundo con el mayor número de desplazados a causa de la violencia (sólo superado por Siria).
En Canadá, El Salvador es el primer país de Centroamérica y el tercero de América Latina con más solicitudes de asilo en 2016. Mientras que, en España, en el primer semestre de 2017, este país ocupa el primer lugar de solicitantes de asilo del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), con 680 solicitudes presentadas; cifra que cuadruplica la registrada en el mismo periodo del año pasado. A pesar de esto, el gobierno salvadoreño aún no sienta postura en cuanto a los desplazados que buscan protección a nivel internacional.
A estas condiciones de violencia se suman las denuncias hechas desde diferentes medios de comunicación digitales sobre casos de abuso policial y ejecuciones extrajudiciales. Según declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, actualmente 526 policías tienen procesos judiciales pendientes por diferentes delitos, 156 de estos son acusados por homicidio.
Mientras tanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos asegura tener 17 casos abiertos por ejecuciones extrajudiciales y cinco más en los que se ha logrado determinar que efectivamente hubo actuar criminal. Todas las instituciones que velan por la defensa de los Derechos Humanos coinciden en que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada son las entidades más denunciadas por abuso de autoridad.
La libertad de expresión y el derecho a la información también se ha visto amenazada a causa de la violencia colocando a los periodistas en una condición de mayor riesgo sólo por dedicarse a esta profesión. La Asociación Nacional de Periodistas de El Salvador (APES) cita como ejemplo de esto el asesinato de 5 profesionales de la comunicación entre marzo de 2016 y noviembre de 2017. La APES también denuncia casos de amenaza y acoso, incluso por parte de las autoridades policiales.
En medio de este panorama, el 16 de enero de 2017 El Salvador celebró el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de conflicto armado. Un cuarto de siglo después las circunstancias han llevado al país a reconocer que existe una gran diferencia entre firmar un acuerdo y vivir en paz, y en consecuencia desde el Gobierno se ha planteado la necesidad de consolidar un nuevo diálogo que permita firmar una segunda generación de acuerdos que garantice el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la ciudadanía. ¿Se planteará este país seriamente el reto o será sólo un nuevo acto de protocolo?
*Luisa Moncada, periodista salvadoreña radicada en Toronto.
Foto: Vladimir Chicas
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