FRANCISCO REYES / TORONTO /
El domingo pasado hubo cambio de gobierno en la República Dominicana, tras las elecciones extraordinarias que se celebraron el 5 de julio.
Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue juramentado como nuevo presidente de la nación en una ceremonia bajo estrictas medidas de salubridad debido a la pandemia del COVID-19.
El ascenso de Abinader puso fin a 16 años consecutivos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de tendencia marxista-leninista, cuyos funcionarios, encabezados por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, instauraron el peor régimen de corrupción e impunidad, que definen a la República Dominicana como uno de los países más corruptos de América Latina y del mundo.
El nuevo gobierno afrontará la peor crisis económica del país, que se refleja en el deterioro de los servicios básicos, agravada por la presencia del COVID-19, que ha cobrado más de tres mil vidas, con un alto porcentaje de contagiados por el virus.
Durante el régimen del PLD la deuda externa aumentó de unos $5,000 millones de dólares a cerca de $60 millones, mediante préstamos que fueron a parar a cuentas bancarias de los funcionarios gubernamentales corruptos. El pueblo dominicano votó por el nuevo mandatario, no por méritos propios, sino para sacar del poder al PLD y para que se haga justicia encarcelando y despojando de sus fortunas ilícitas a los funcionarios públicos que desfalcaron las arcas del Estado.
Todos los ministros de los gobiernos anteriores, a partir de 1996, se enriquecieron con fondos públicos y ninguno de ellos ha sido llevado a los tribunales de justicia.
Leonel Fernández y Danilo Medina no solo sobornaron a los jueces sino también a dueños de medios de prensa y a periodistas que ocultaron el robo cometido en las instituciones del Estado.
También participaron en los esquemas de sobornos de la firma brasileña Odebrecht, que ha sacudido a varios países de América Latina.
El narcotráfico ganó terreno y el país se convirtió en un narcoestado, en el que ambos mandatarios participaron en el lavado de activos, según ha reseñado la prensa internacional.
La declaración del estado de emergencia producto del COVID-19 destapó el escándalo de la desaparición de $1,050 millones de dólares del fondo de contingencia creado con cuatro préstamos que se habían tomado desde el 2017, lo que obligó al país a acudir de nuevo al FMI para afrontar la pandemia.
Abinader asume el país dejando en algunos puestos claves a personas que sirvieron a los gobiernos anteriores, como es el caso del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, responsable de alterar cifras para mentir sobre supuestos crecimientos económicos de 6% anual en uno de los países más endeudados de la región. Se trataba de dinero procedente del lavado de activos y de los fondos de pensiones, mientras se robaban los préstamos.
Hay escepticismo en un amplio sector de la población. Se duda que la nueva procuraduría fiscal lleve a la justicia a los expresidentes Fernández y Medina, por haber permitido la corrupción administrativa.
Pero tampoco llevará al banquillo de los acusados al expresidente Hipólito Mejía, uno de los fundadores del PRM, en cuyo gobierno del PRD también hubo corrupción.
Pero Abinader también tendrá que enfrentar la inconstitucionalidad de su mandato presidencial, dado que no renunció a la doble nacionalidad libanesa, como ordena la Constitución Dominicana, con diez años de antelación a la solicitud de inscripción de candidatura en la Junta Central Electoral (JCE).
Debido a que no renunció a su doble nacionalidad estadounidense, la JCE negó la certificación de la candidatura presidencial a Ramfis Domínguez Trujillo, quien sigue alegando que se le conculcó su derecho a la igualdad de participar en las elecciones bajo la misma condición, y que fue discriminado por el tribunal electoral por ser nieto del desaparecido dictador Trujillo.
Se espera que su equipo de abogado someta a la justicia un expediente de interpelación contra Luis Abinader y la JCE, por alegada violación a las leyes electorales del país.
La situación económica se agrava aún más con la presencia en el territorio dominicano de unos tres millones de indocumentados del vecino Haití. Los llamados nacionalistas acusan a Abinader de ser pro-haitiano y de promover la fusión de las dos naciones.
Aunque cambió su discurso tras el triunfo electoral, prometiendo que se mantendrá cerrada la frontera, se le considera partidario de la unificación de la isla, como proponen a nivel internacional George Soros y los Esposos Hillary y Bill Clinton, quienes han adquirido los derechos de explotación de una gigantesca mina de oro en la frontera de ambos países.
Abinader destacó la importancia de las relaciones comerciales con Haití, el mayor importador del producto de su empresa Cemento Santo Domingo.
Los seguidores del PRM mantienen el optimismo de que Abinader hará la justicia denegada por los gobiernos del PLD. Habrá que esperar que el nuevo mandatario se afiance en el poder para ver los cambios prometidos a los dominicanos.
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