El Primer Ministro Justin Trudeau tuvo razón al decretar la Ley de Emergencia, concluye reporte

El informe denuncia las fallas policiales y la inacción del gobierno de Ontario durante la protesta que fue ‘insegura y caótica’

POR OSCAR VIGIL/ TORONTO /

Hace un año en Ottawa era una locura, específicamente en los alrededores de Parliament Hill, el edificio que aloja las oficinas del Primer Ministro de Canadá y de los 338 diputados que conforman el Parlamento Federal. Esto obligó al gobierno federal a decretar por primera vez en décadas la Ley de Emergencia que le daba poderes extraordinarios para actuar. Hacer esto fue justificado, concluyó la semana pasada un reporte oficial.

“He llegado a la conclusión de que el gabinete estaba razonablemente preocupado de que la situación que enfrentaba estaba empeorando y corría el riesgo de volverse peligrosa e inmanejable”, dijo el viernes el comisionado Paul Rouleau, explicando que el gobierno federal alcanzó el umbral “muy alto” necesario para invocar la Ley de Emergencias en febrero del 2022, citando “una falla en la vigilancia y el federalismo”.

“La protesta legal descendió a la anarquía, que culminó en una emergencia nacional”, escribió en su muy esperado informe, el cual fue presentado en la Cámara de los Comunes. “La invocación de la Ley de Emergencias es una medida drástica, pero no dictatorial”, agregó.

El documento arroja nueva luz sobre una de las decisiones más controvertidas jamás tomadas por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. El 14 de febrero de 2022, Trudeau invocó la Ley de Emergencias para poner fin a las protestas que habían bloqueado las calles del centro de Ottawa durante casi un mes.

Los manifestantes estaban enojados con la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, incluidos los requisitos de vacunación. Estacionaron vehículos grandes en arterias clave de la ciudad capital y tocaron sus bocinas incesantemente durante días.

Era la primera vez que se activaba la ley desde que se creó en 1988.

Al invocar la ley, el gobierno federal otorgó a las fuerzas del orden poderes extraordinarios para expulsar y arrestar a los manifestantes, y se otorgó a sí mismo el poder de congelar las finanzas de las personas relacionadas con las protestas. Los poderes de emergencia temporales también dieron a las autoridades la capacidad de requisar grúas para retirar los vehículos de los manifestantes de las calles de la capital.

La ley define una emergencia nacional como una situación que “no se puede tratar de manera efectiva bajo ninguna otra ley de Canadá”. Además, solo se puede invocar una emergencia de orden público cuando existe “una amenaza para la seguridad de Canadá”, según lo define la Ley del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá.

“Desde mi punto de vista, había información creíble y convincente que respaldaba una creencia razonable de que se cumplía con la definición de amenaza a la seguridad de Canadá”, escribió Rouleau en su resumen ejecutivo, que tiene más de 200 páginas. El informe completo es 10 veces más largo.

Dijo que la mayoría de las medidas implementadas por el gabinete federal en respuesta a la emergencia fueron “apropiadas y efectivas”, incluida la medida más controvertida tomada por el gobierno: congelar las cuentas bancarias de los participantes de la protesta.

En respuesta al informe, Trudeau dijo que fue una falla de los sistemas lo que condujo a la decisión de su gobierno. “Fue desafortunado, fue indeseable. No queríamos hacerlo… (pero) llegamos al lugar donde no había otra opción para mantener a los canadienses a salvo que hacer esto”, apuntó.

El informe hace 56 recomendaciones para mejorar el intercambio de inteligencia, la respuesta policial a protestas a gran escala y la propia Ley de Emergencias, y en el mismo Rouleau planteó algunos de sus comentarios más mordaces contra el gobierno de Ontario.

“Considero preocupante la renuencia de la provincia de Ontario a involucrarse plenamente en tales esfuerzos dirigidos a resolver la situación en Ottawa”, dijo, explicando que el Premier conservador Doug Ford y su gabinete estuvieron ausentes durante una crisis en una ciudad de su jurisdicción y no asistieron a dos “reuniones tripartitas” con representantes federales y municipales que intentaban colaborar en un plan.

“Dado que la ciudad y su servicio de policía estaban claramente abrumados, le correspondía a la provincia comprometerse de manera visible, pública y sincera desde el principio”, escribió Rouleau.