El lunes, vote por los candidatos que garanticen los derechos de los ciudadanos

Por Vilma Filici

filici@filici.com

 

TORONTO. Durante los últimos años hemos visto cambios drásticos —dramáticos, realmente— en la vida política y democrática de distintos países de América y del mundo. Algo que me impacta muchísimo y que me preocupa es la erosión de los derechos humanos de los ciudadanos de esos países, especialmente cuando se normaliza la idea de que las instituciones democráticas pueden ser desmanteladas desde dentro.

Tomemos como ejemplo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, donde el gobierno del presidente Donald Trump ha estado prácticamente despreciando y desobedeciendo las leyes y decisiones dadas por los tribunales de justicia, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esta corte es justamente la institución más alta encargada de proteger las leyes del país y de garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía. El hecho de que un poder ejecutivo abiertamente ignore o cuestione el poder judicial constituye una grave amenaza al equilibrio institucional que sostiene la democracia.

En Canadá tenemos la suerte de que, desde 1982 —cuando se incluyó la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, conocida en inglés como The Canadian Charter of Rights and Freedoms—, esta fue incorporada como parte fundamental de la Constitución. La Carta fue uno de los logros más importantes del primer ministro Pierre Elliott Trudeau, y desde entonces ha servido como base sólida para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, de los residentes permanentes y de cualquier persona que tenga sus pies en suelo canadiense.

Estas libertades incluyen derechos fundamentales como la libertad de expresión, de religión y de asociación; derechos democráticos como el derecho al voto; derechos de movilidad; y derechos legales como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, y a la protección contra registros e incautaciones irrazonables. También contempla la protección contra la discriminación, el derecho a un juicio justo, y el derecho a usar los idiomas inglés y francés en las instituciones federales.

Básicamente, ningún gobierno —ni el provincial, ni el federal, ni el municipal— puede aprobar una ley que contradiga alguna de estas libertades fundamentales protegidas legalmente en Canadá. De hecho, muchas leyes han sido anuladas por los tribunales precisamente porque vulneraban los principios de la Carta.

Ahora bien, cuando se promulgó la Constitución Canadiense, se incluyó una sección conocida como la “Cláusula de Excepción” (Notwithstanding Clause), contenida en el Artículo 33 de la Carta, que permite que los gobiernos aprueben y apliquen leyes a pesar de que vulneren ciertos derechos garantizados por la misma Carta. Es decir, permite que se aprueben leyes que se apliquen aun cuando nieguen derechos constitucionales fundamentales, como las libertades básicas o los derechos legales y de igualdad.

Esta cláusula fue creada como una herramienta de equilibrio entre la autoridad parlamentaria y el poder judicial. En teoría, se pensó para ser usada de manera extremadamente limitada, en situaciones excepcionales en las que un gobierno quisiera reafirmar su soberanía legislativa frente a decisiones judiciales consideradas injustas o excesivas.

Pero esta ley es muy, muy peligrosa. Y lo es porque tiene un altísimo potencial de abuso. Con esta cláusula, se debilita la protección de los derechos humanos y se permite a los gobiernos ignorar libertades como la libertad de expresión o la igualdad ante la ley. También le resta poder a las cortes, ya que el gobierno puede simplemente ignorar sus decisiones.

Lamentablemente, esto afecta sobre todo a los grupos más vulnerables de la sociedad: inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidades, miembros de la comunidad LGBTQ+, entre otros, que muchas veces no tienen cómo recurrir a los tribunales ni cómo obtener su respaldo. El uso abusivo de esta cláusula pone en riesgo no solo casos individuales, sino el tejido mismo de la justicia y la equidad social.

Lo más peligroso de esta cláusula es que, si se utiliza con demasiada frecuencia, puede convertirse en rutina y reducir así la importancia y el poder de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Su uso indiscriminado debilita la confianza del público en el sistema judicial, y con ello, en todo el sistema democrático.

Obviamente, existe una diferencia entre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos —y en otros países del mundo— y lo que podría suceder en Canadá. En aquellos países, los gobiernos desobedecen directamente los mandatos de las cortes o ignoran las leyes. En países como Nicaragua, El Salvador o incluso en democracias erosionadas como Hungría y Turquía, hemos visto cómo la concentración del poder político ha llevado a restricciones graves de derechos y libertades.

La diferencia es que, en Canadá, existe la Cláusula de Excepción. Por lo tanto, la situación no es exactamente la misma: en un caso se ignora la ley, y en el otro se utiliza una herramienta legal para sobrepasar un mandato judicial. Pero en ambos escenarios el resultado puede ser similar: un debilitamiento progresivo del Estado de derecho.

Aun así, en ambos casos el objetivo es el mismo: eliminar las protecciones legales previstas en las leyes del Estado para resguardar a los ciudadanos. En ambos contextos, los gobiernos pueden descontrolarse, abusar de su poder, atacar a comunidades vulnerables y reducir la confianza pública en la justicia y en la democracia.

Tal como ya estamos viendo en muchos países, lo que prevalece es el abuso y el ataque a las comunidades más desprotegidas. No podemos permitir que ese patrón se repita en Canadá.

En nuestro país, el mecanismo es legal; en otros países, es una violación directa de las normas. Pero el efecto puede terminar siendo prácticamente el mismo. Y esto debería preocuparnos profundamente, sobre todo ahora que estamos cerca de elegir un nuevo gobierno federal.

Especialmente debemos tener cuidado con los candidatos que hablan abiertamente de utilizar la Cláusula de Excepción. Porque esta puede convertirse en una herramienta para subvertir las leyes canadienses, y si su uso se vuelve habitual, puede afectar profundamente nuestra vida diaria y la estabilidad del sistema democrático.

Podríamos llegar a perder nuestros derechos fundamentales garantizados por la Constitución, a menos que el gobierno que la utilice sea completamente transparente y la aplique únicamente en casos muy específicos. ¡Pero esa transparencia nunca está del todo garantizada!

Concluyo diciendo que, aunque los mecanismos legales para negar los derechos de los ciudadanos sean distintos en Canadá y en otros países, el resultado final puede ser el mismo: un gobierno que ignora o anula las salvaguardas democráticas fundamentales.

Y ese riesgo, en cualquier democracia que se precie, debe ser tomado con la mayor seriedad. Por eso, este lunes, vote con conciencia. Vote por quienes se comprometan no solo con la ley, sino con el espíritu de justicia, de inclusión y de respeto que debe guiar siempre a una sociedad libre y democrática.