GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ / MEXICO
Las cosas han cambiado en el continente, y mucho. Hace algunas décadas las naciones latinoamericanas eran controladas por férreas dictaduras militares que sin el menor escrúpulo desaparecieron a decenas de miles de personas y masacraron a otros tantos con tal de mantener el status quo que preservaba los privilegios para unos pocos. Entrenados en las escuelas estadounidenses, los militares dejaron el terreno bien preparado para que poco después asumieran el mando los tecnócratas egresados de las universidades también estadounidenses. A ese proceso se le llamó “la transición democrática” y junto a ella inició el período neoliberal que agrandó la brecha entre ricos y pobres.
Sin embargo, nada de eso fue suficiente para impedir la emergencia de otras alternativas políticas que abordan de forma diferente los asuntos nacionales, y se empeñan por atender primero las necesidades más urgentes de la población históricamente marginada. Por eso ahora se esgrime una nueva-vieja arma, efectiva para eliminar a las figuras políticas opuestas a los designios globales. Se le llama Poder Judicial y ya existe un término para designar sus operaciones: Lawfare. La definición que se ha dado de ella es la siguiente: “método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”. Así se estudia en las academias militares estadounidenses.
En otras palabras, ya no se derrocará un gobierno incómodo por medio de un golpe de Estado. El método más indicado y limpio en las actuales circunstancias es abrir un proceso judicial. Ejemplos ya hay varios: la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia del Brasil, acusada por un delito que no cometió y que tampoco era delito; el encarcelamiento de Lula da Silva para impedirle correr como candidato presidencial cuando todas las encuestas lo daban como el favorito; los procesos abiertos contra Cristina Fernández en Argentina.
Ahora ha llegado el turno de Ecuador. En abril pasado el expresidente Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por el supuesto delito de “cohecho agravado”. La sentencia fue parte del proceso contra el vicepresidente Jorge Glas, acusado de recibir 7.5 millones de dólares de Odebrecht, constructora brasileña investigada internacionalmente por sobornar a políticos latinoamericanos para ser beneficiada con la asignación de importantes obras de infraestructura. Glas es considerado un político cercano de Correa, por lo que el juicio fue percibido como políticamente motivado.
Desde el inicio del proceso Correa rechazó las acusaciones y posteriormente apeló la sentencia. Los abogados de Correa habrían demostrado que los documentos presentados por la Fiscalía como prueba del delito habían sido hackeados y modificados, pero el tribunal ignoró el reclamo. La Corte Nacional de Justicia, por su parte, ratificó el veredicto
Correa denunció esas decisiones como maniobras políticas para impedirle participar en los próximos comicios presidenciales programados para febrero del próximo año. A su vez, se desviaba la atención del grave problema enfrentado por los ecuatorianos, en referencia a la incapacidad gubernamental para atender los estragos provocado por la pandemia causada por la Covid-19.
Ecuador es uno de los países suramericanos que más víctimas mortales ha dejado el SARS-Cov2. El gobierno oficialmente reconoce la muerte de 6,700 personas a causa de la enfermedad, pero otras fuentes reportan que las víctimas podrían triplicar esa cifra, en tanto que medios internacionales consideran que el número real de fallecidos bien podría ser quince veces más de las registradas por las fuentes oficiales.
La sentencia contra Correa se emitió en los días que imágenes de decenas de fallecidos por la pandemia en la ciudad de Guayaquil. El manejo de los cuerpos también ha sido un desastre. Mientras muchos familiares no reciben información sobre sus deudos o no se les entrega los cadáveres, otros han recibido un cuerpo equivocado, o se ha identificado a distintos cadáveres con el mismo nombre.
Después de la sentencia contra Correa, el 20 de julio pasado el Consejo Nacional Electoral decidió anular la inscripción de Fuerza Compromiso Social, partido político fundado por el exmandatario, argumentando supuestas irregularidades cometidas durante su registro.
Pese a esas adversidades, tras un proceso de consultas internas, el pasado 22 de agosto Correa fue designado candidato a vicepresidente por el partido Centro Democrático. Así, el expresidente acompañaría al joven político Andrés Aráuz en la fórmula electoral de la coalición Unión por la Esperanza. Esto, si alguna nueva maniobra judicial no se lo impide. La fiscalía ha abierto más de veinte causas contra el exmandatario por los supuestos delitos de peculado, estafa, fraude, asesinato, tráfico de influencias, robo, tentativa de asesinato, homicidio, y otros.
Para Correa, todas esas causas revelan que sus enemigos políticos están desesperados por condenarlo “por cualquier cosa”. “Me acusaron de haber asesinado a una persona, aparece la persona viva, pero me siguen acusando de asesinato. Es irracional”, declaró, subrayando lo absurdo de la situación.
*Guillermo Fernández Ampié es un periodista nicaragüense con doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
