FRANCISCO REYES / TORONTO /
El pasado 5 de julio el pueblo dominicano fue a las urnas para sacar al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que llevaba cuatro mandatos consecutivos en el poder.
Un amplio sector del electorado decidió votar por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no por los méritos propios de su candidato, el actual presidente Luis Abinader, sino para acabar con el régimen de corrupción e impunidad iniciado por el expresidente Leonel Fernández en 1996 y continuado por el exmandatario Danilo Medina.
El PLD había perdido las elecciones en el 2000, al ser derrotado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de donde se desgajó el PRM, pero lo recuperó en las elecciones del 2004, para continuar con el desfalco al Estado, hasta el pasado 16 de agosto.
Al asumir Abinader la presidencia de la República Dominicana, encontró un Estado completamente en quiebra desde el 2017. La crisis económica se agravó con la llegada de la pandemia del COVID-19 en febrero, llevando al gobierno saliente a concertar nuevos préstamos de emergencia para afrontar la crisis de salud, de la que se aprovecharon para seguir robando al Estado.
Los funcionarios de las anteriores administraciones gubernamentales del PLD habían creado un esquema de desfalco en todas las instituciones del Estado, que llevó al deterioro de los servicios básicos de la población. El robo descomunal no tenía precedente en el país. Para balancear los presupuestos de cada año acudían a los préstamos internacionales, que iban en tajadas a las cuentas bancarias de altos funcionarios, lo que significaba el aumento de la deuda externa por encima de los $50,000 millones de dólares.
La quiebra financiera que encontró el gobierno de Luis Abinader demandaba de las nuevas autoridades tomar medidas drásticas para recuperar el robo a las arcas públicas. Tan solo en el período de transición de mando Danilo Medina y su clan de corruptos desviaron de los fondos del Estado unos $51,000 millones de pesos.
Los electores esperaban que el nuevo gobierno sometiera a la justicia a los exfuncionarios corruptos del PLD, los despojara de las riquezas acumuladas con el desfalco, los sobornos de Odebrecht y el lavado de activos del narcotráfico, para que no se viera en la necesidad de acudir a nuevos empréstitos con el fin de reactivar la economía.
Exigía también un plan de austeridad reduciendo los salarios elevados en la administración pública, así como la eliminación de exoneraciones de vehículos y de viáticos en el Congreso Nacional.
Pero el presidente Abinader, quien pertenece a la clase empresarial, traicionó a los electores. Escogió para formar su gobierno a miembros de las elites económicas y de clanes familiares de antiguos dirigentes del PRD, que gobernó en tres períodos comprendidos entre 1978-1982 y el 2000-2006, de donde se originó el gobernante partido PRM. Tampoco redujo los abultados salarios ni eliminó los privilegios en el Congreso Nacional como esperaba el pueblo dominicano.
Por el contrario, en menos de dos meses de gobierno ha acudido a la venta de bonos en los mercados internacionales por un monto de $1,400 millones de dólares y de un préstamo con el FMI por $500 millones, para cubrir el gasto corriente hasta diciembre.
Lo que más ha enardecido a la población fue el anuncio del presidente Abinader, hace varias semanas, de someter un proyecto de ley con el fin de crear nuevos impuestos para el 2021, incluyendo un impuesto al doble sueldo o “regalía pascual” que se entrega a los trabajadores en el período navideño.
La mayoría de los dominicanos reaccionó oponiéndose a la medida, sin ser consultada a amplios sectores de la población. Los medios de prensa y las redes sociales se inundaron con acusaciones y amenazas de protestas callejeras para impedir que el Congreso Nacional diera la aprobación de nuevos impuestos. El descontento se desbordó y tuvo que dirigir un discurso a la nación el pasado jueves 9.
Aunque el presidente Abidaner dijo que “había escuchado el reclamo de la población”, opuesta al alza de los impuestos, lo cierto es que las amenazas de protestas colectivas obligaron al gobierno a rectificar. En apenas 54 días de gobierno, el pueblo dominicano le tumbó el pulso al presidente Luis Abinader, haciéndole saber que no permitirá los mismos abusos cometidos por las pasadas administraciones gubernamentales, recordándole que el pueblo había votado para acabar con el régimen de corrupción e impunidad del PLD.
El discurso presidencial aplacó la ira de una forma momentánea en la población dominicana, que no dejará de exigir justicia, como fue su intención al acudir a las urnas, para que los exfuncionarios corruptos del PLD sean llevados al banquillo de los acusados y se les despoje de las riquezas ocultas que han robado al erario público.
*Francisco Reyes puede ser contactado en reyesobrador@hotmail.com