FRANCISCO REYES / TORONTO /
Durante toda la tarde del pasado sábado, decenas de chileno-canadienses se reunieron en el salón principal del Sindicato de Empleados Públicos de Ontario (PSEU, por sus siglas en inglés) con el fin de hacer sus aportes a la reforma de la Constitución del país sudamericano, que serán debatidas y aprobadas en el Congreso.
Siguiendo la “Guía para organizar Encuentros Locales”, los participantes, casi todos exiliados como consecuencia del golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende y la instauración inmediata del gobierno militar de facto encabezado por el general golpista Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, abordaron temas relevantes que serán tomados en cuenta tan pronto el proyecto de enmiendas alcance el debate congresual.
En la apertura de la sección de trabajo, dividido en dos grupos de análisis, el profesor Renato Cristi, de la Universidad Wilfrid Laurier, explicó que la reforma constitucional era necesaria para corregir decisiones políticas históricas, con respecto a la Constitución Chilena que propiciaron el golpe de Estado y la instauración de la junta militar que cometió toda clase de barbaridades contra el pueblo chileno.
Agregó que las modificaciones a la Carta Magna posteriores a la instalación de la dictadura legitimaron los poderes de los militares, en que lo individual fue colocado por encima del bien común, lo privado sobre lo público y lo militar sobre lo civil.
Con respeto al plebiscito de 1980, siete años después de que los militares ejercieron poder absoluto sobre el pueblo chileno, cometiendo los crímenes que conocemos, entre ellos la desaparición y asesinato de importantes opositores al régimen, “simplemente, legitimaron las instituciones para llevar a cabo sus atrocidades”, acotó.
Sin embargo, agregó que el proceso constituyente de 1988 y 1989 fue una lucha heroica del pueblo chileno contra la dictadura, que produjo sus frutos en el plebiscito que sacó del poder a Pinochet y su aparato militar represor.
Sin embargo, Pinochet sigue teniendo vigencia, porque no se ha abrogado la Constitución que modificó y, por lo tanto, hay necesidad ahora de una nueva Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución, de acuerdo con un artículo periodístico aparecido hace varias semanas en el diario El Mercurio de Santiago.
Los participantes en las sesiones de trabajo del sábado discutieron conceptos constitucionales que, según sugieren, deben ser incluidos en el debata de la Asamblea Constituyente, tales como el derecho a la participación, a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la igualdad de género; la libertad personal, de conciencia y de expresión; derecho al trabajo, al salario equitativo, a la vivienda digna, a la salud, a la seguridad social y a la sindicalización; acceso a la cultura, a la identidad cultural de los pueblos indígenas; respeto a la naturaleza y el medio ambiente, a la propiedad, a la libre empresa, entre otros.
La guía para la discusión también incluye deberes y responsabilidades tales como el respeto por la Constitución, respeto de los derechos de otros; el cumplimento de las leyes y normas, de obligaciones fiscales y de satisfacer cargas públicas; deberes de protección y conservación de la naturaleza, de protección y conservación del patrimonio histórico y cultural y otras responsabilidades ciudadanas.
En cuanto a las instituciones, la reforma plantea el régimen de gobierno que anhelarían los chilenos, ya sea presidencial, semi-presidencial o parlamentario; las estructuras del gobierno nacional y del congreso o parlamento. También, el juicio político y la acusación constitucional; la estructura y funciones del poder judicial, así como la justicia constitucional y electoral.
Contempla, además, la forma del Estado, en cuanto si debe existir el federalismo o las autonomías regionales. Más aún, incluye el papel de las Fuerzas Armadas, el Estado de excepción, los plebiscitos, referendos y consultas.
Sobre estos temas, los participantes en la discusión debían limitar a siete, en orden de prioridades, lo que cada uno de ellos individualmente considera que se debe incluir en el debate de la Asamblea Constituyente.
Félix Mora, el único Juez hispano en la provincia de Ontario, consideró que lo más importante por ahora es el optimismo mostrado para que se haga una reforma constitucional justa.
Alejandro Morales, quien fungió como secretario de uno de los grupos de discusión, dijo que la reforma es necesaria para traer esperanza de futuro a Chile. “Quizás muchos de los que estamos reunidos aquí no alcancemos a ver sus frutos, pero lo alcanzarán las generaciones venideras”.
Por su parte, Luis Enrique Gutiérrez, otro de los participantes, mostró su preocupación por el medio ambiente. “El planeta nos está vomitando. En vez de ser un elemento vital de la naturaleza, nos hemos convertido en virus”.
Los encuentros locales no son oficiales, sino espontáneos. De acuerdo con uno de los organizadores de la jornada de estudio del sábado, las organizaciones comunitarias y deportivas de chilenos en Canadá pueden organizar sus propias discusiones, cuyo único requisito es que estén formados por un promedio de quince a veintinueve personas.