Por Vilma Filici
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TORONTO. En una entrevista con Radio Canadá, el nuevo Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, el honorable Marc Miller, anunció que va a crear una oficina de Defensoría del Pueblo para los oficiales de inmigración, ya que después de una investigación se llegó al fallo de que dentro del mismo departamento de inmigración hay discriminación y racismo. Entonces el ministro quiere tomar cartas en el asunto y arreglar esta situación.
Es loable que el Ministro de Inmigración esté haciendo esto y es de esperarse, ya que uno de sus intereses a nivel personal es justamente la defensa de derechos humanos. El ha escrito muchos artículos sobre este tema, etc.
Pero yo creo que si bien se va a crear esta Defensoría del Pueblo para el beneficio de los funcionarios públicos que trabajan en el Departamento de Inmigración, también sería excelente que hubiese una avenida especial, que no sean las Cortes, para las personas que aplican a programas de inmigración en Canadá.
Es interesante que la misma semana que el Ministro de Inmigración habló acerca de crear la Defensoría del Pueblo para los funcionarios que están sufriendo discriminación y racismo dentro del departamento que el dirige, también hayan salido dos noticias que hablan de discriminación y racismo hacia las personas que aplican ya sea para algún tipo de trámite migratorio con el Departamento de Inmigración, y hacia las personas que solicitan refugio.
Una de las noticias es que hay una demanda colectiva (Class Action Suit) que empezó esta semana, que involucra a refugiados que llegaron a Canadá después del 2012 y que en su momento se les calificó como miembro de un país designado (Designated Country of Origin), que fue la obra del entonces Ministro de Inmigración, Jason Kenney. Dicho ministro, que fungió bajo el gobierno del ex primer ministro Stephen Harper, introdujo la política de categorizar a las personas que llegaban de ciertos países como personas llegando de países designados, y al tener esa designación se le negaban la mayor parte o casi todos los beneficios que se les tienen que dar a un refugiado, yendo totalmente en contra de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Ciudadano.
Algunos de estos beneficios que se le negaron fueron los beneficios médicos, el poder trabajar dentro de un periodo razonable de tiempo, el acelerarles los procesos para que fueran aceptados o rechazados rápido y sacarlos del país cuanto antes posible. También otro de los beneficios que se les negaba era poder apelar ante la División de Apelaciones de Inmigración.
Hay personas que han sufrido muchísimo a causa del tratamiento que se les dio con estas medidas y ahora están haciendo esta demanda colectiva contra el gobierno. Dos nacionalidades que se encontraban dentro de esa lista fueron, para Latinoamérica, los ciudadanos mexicanos, y para Europa fueron los ciudadanos de Rumanía.
La idea de crear esta lista era que, según el entonces Ministro de Inmigración, en estos países no pasaba nada, que la gente que llegaba al país eran personas que estaban abusando de la generosidad del programa de refugio canadiense. Pero cuando miramos la documentación de la manera en que son tratados los roma en Rumania y en otras partes de Europa, y los problemas que hay en México, nos damos cuenta de que en realidad no son personas que están abusando del sistema, sino que son personas que en realidad están escapándose por persecución o porque sus vidas están en su riesgo.
El segundo caso que salió en las noticias esta semana es el nivel altísimo de rechazos a personas que tratan de venir de África, y específicamente de estudiantes internacionales. El articulo decía que hay racismo en contra de los africanos, y citan que el porcentaje de rechazo de una visa de estudiante para un africano anglófono es del 59%, y el promedio de negación para un africano francófono es del 75%, comparado con el 11% de personas que vienen de Estados Unidos, el 13% de personas que vienen de Inglaterra y 13% de las personas que vienen de Australia.
Entonces, cuando comparamos los porcentajes de refugio, es obvia la disparidad. Aparte, se hizo una investigación que corrobora la discriminación en cuanto a países de Latinoamérica. No hay cifras específicas como en el caso de los africanos, pero en el día a día vemos rechazos para personas que quieren venir como estudiantes internacionales o como trabajadores temporales, o como visitantes. Vemos un número altísimo de rechazos a venezolanos, a colombianos, etc. Entonces aquí también no sé si podemos hablar de racismo, pero sí de discriminación, y tal vez en este caso la discriminación no sea por raza, sino por la situación política, social de esos países.
Ahora bien, ¿Qué solución tienen estas personas que son rechazadas? Bueno, pueden pedir una Revisión Judicial ante la Corte Federal, pero en estos casos, al hacer una revisión judicial, al pedir una revisión judicial, los costos son sumamente altos. Una revisión judicial puede costar desde 6,000 dólares en adelante, dependiendo de la experiencia que tenga el abogado que esté trabajando con el caso.
Yo creo que había más posibilidades en el pasado, pero estoy hablando del pasado lejano, de hace más de 20 años atrás, cuando uno tenía la posibilidad de escribirle al manager de la oficina donde se había hecho el rechazo y pedir que se analizara el caso nuevamente. Hoy en día esto ya no es posible, ya que dicen que la decisión ha sido tomada y que si la persona quiere pelear esa decisión puede hacer una nueva solicitud si tiene información adicional a la que dio anteriormente, o puede pedir una Revisión Judicial ante la Corte Federal.
El punto es que eso implica una cantidad enorme de dinero que tiene que desembolsar el aplicante nuevamente para arreglar un error cometido por un oficial de inmigración. Entonces, así como se va a crear una posibilidad para que los funcionarios del Departamento de Inmigración puedan poner quejas para que se investigue la discriminación y el racismo dentro del mismo departamento, yo creo que sería justo que también se cree algo similar para los inmigrantes que hacen sus aplicaciones para vivir en Canadá, que se permita que los casos sean revisados cuando haya una negación arbitraria que es clara.
