OSCAR VIGIL / TORONTO /
La semana pasada se celebró en todo el país el Día de los Derechos de los Refugiados, una celebración que busca resaltar los derechos que poseen en el país aquellas personas que, por razones de raza, religión, credo político o violencia intrafamiliar, entre otros factores, debieron abandonar sus países de origen y refugiarse bajo la protección canadiense.
Esta celebración se lleva a cabo el 4 de abril de cada año, dado que fue un 4 de abril de 1985 que la Corte Suprema de Justicia de Canadá reconoció los derechos que tienen todos los solicitantes de refugio en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades del país.
Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Canadá es conocida como la “decisión Singh”, en reconocimiento a siete demandantes, seis de los cuales eran de apellido Singh, quienes eran ciudadanos de la India que solicitaban el estatus de refugiado por Convención sobre la base de su temor de persecución por las autoridades indias, como consecuencia de sus creencias y actividades políticas. La séptima persona demandante era una ciudadana de Guyana cuya petición de refugio se basaba en temores de ser perseguida por motivos raciales, religiosos y políticos en su país de origen.
Este año, como todos los anteriores, las celebraciones incluyeron actividades artísticas, académicas, políticas y culturales, así como también más de alguna marcha y protestas.
Si embargo, el evento más importante de este año lo constituyó, sin ninguna duda, la decisión de un juez de la Corte Federal de detener la expulsión del país de una familia de origen latino, cuyo caso de refugio había sido rechazado y enfrentaban una orden de deportación que debía hacerse efectiva el pasado miércoles 3 de abril, es decir, exactamente un día antes de la celebración del Día de los Derechos de los Refugiados.
La Corte Federal dictaminó que Rosalba Solares, de 42 años, originaria de Guatemala, y Jorge Orozco, de 59, de Colombia, a quienes se les negó el estatus de refugio y han vivido en la clandestinidad en Canadá por 12 años sin estatus migratorio, se les permitirá, por ahora, permanecer en Canadá.
A esta familia se les otorgó el derecho de continuar viviendo en el país mientras continúan con sus solicitudes ante los tribunales para permanecer en Canadá, principalmente porque su hijo, Julian, de siete años, es ciudadano canadiense.
La familia ya había empacado y estaba lista para dirigirse al aeropuerto el miércoles por la mañana, cuando recibieron la noticia de la suspensión de la deportación.
“Estamos muy aliviados y felices. Podemos desempacar ahora. Julian estaba muy callado y ahora está feliz “, dijo Solares, agregando que la familia tendría su primera noche de sueño tranquila en meses, ya que temían las consecuencias peligrosas si regresaban a sus países de origen.
La familia habría sido dividida, ya que Solares sería deportada a Guatemala con Julian, y Orozco sería devuelto a Colombia. Ninguno de ellos tenía el derecho legal de ir al país de origen del otro y no había parientes con los que Julian pudiera quedarse en Canadá.
Sus solicitudes de asilo fueron rechazadas en el 2011, no aparecieron para su retiro programado en el 2012 y eludieron a las autoridades de inmigración hasta el 2018, cuando Orozco estuvo involucrado en un accidente automovilístico.
Normalmente, eso sería suficiente para negar su solicitud de una estancia, escribió el juez en su resolución. “Sin embargo, eso no es cierto en este caso, donde la principal preocupación del tribunal y su deber primordial es garantizar que se consideren adecuadamente los mejores intereses de un niño nacido en Canadá”, apuntó.
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