Buscan detener la deportación de un salvadoreño acusado de ‘terrorismo’

YENSY ORTIZ / VANCOUVER
Varias entidades en Canadá se han unido en la campaña “We are José”, en un intento por detener la deportación de José Figueroa, quien en el pasado asegura sostuvo un vínculo con una organización que ha sido catalogada como terrorista pese a que no figura en la lista de ese tipo de entidades de este país. El alcance del movimiento, iniciado el 2 de enero de este año y apoyado por sindicatos y políticos canadienses, ha llegado hasta El Salvador y Australia.

El caso de José Figueroa podría ser el de cualquier latinoamericano u otra región que intente ingresar a Canadá bajo el estatus de refugiado. Haber formado parte de una organización estudiantil universitaria y sostenido un vínculo con un grupo de la entonces guerrilla en El Salvador, durante la época de la guerra, mantiene su situación migratoria en el “limbo” desde hace trece años.

Viviendo actualmente en Vancouver, Figueroa relata que en la efervescencia revolucionaria se involucró en la Sociedad de Estudiantes del Centro Universitario de Occidente SECUO, de la Universidad de El Salvador, desde donde “muchos de los miembros mantenían una relación clandestina con el FMLN”, puntualiza.

Por esa conexión del pasado, la Agencia del Servicio Fronterizo de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) lo ha considerado un peligro para la seguridad pública canadiense al tipificar al FMLN (que actualmente es el partido de gobierno en El Salvador) como una organización terrorista. Basado en esos argumentos, el Juez de la Comisión de Inmigración y Refugio, Otto Nupponen, lo declaró inadmisible en su resolución emitida el 5 de mayo de 2010.

Ahora sólo le queda esperar la respuesta a la aplicación por la excepción, que deberá emitir el Ministro de Seguridad, Vic Toews. Esto significa una declaración del funcionario en la que dice que su presencia no genera ningún perjuicio a la sociedad de este país; una resolución que podría demorar entre 7 y 9 años.

El Acta de Inmigración y Protección a los Refugiados (IRPA) en el artículo 34 inciso (1), literal (f) señala que un residente permanente o un extranjero es inadmisible por motivos de seguridad al ser miembro de una organización de la que hay motivos razonables para creer existen vínculos, han habido o habrían en actos referidos a terrorismo, entre  otros mencionados.

“A mí me encontraron inadmisible no porque haya hecho algún acto en contra de la humanidad, simplemente porque fui miembro del FMLN”, indica Figueroa.

Con este panorama, “el extranjero” como se le ha denominado en los expedientes de inmigración, asegura que se le está violentando los derechos humanos a su familia. “No hemos tenido acceso a cobertura médica, mi esposa está padeciendo de cálculos en los riñones”, denuncia.

Un precedente para otros inmigrantes

El abogado de la Mesa de Concertación de Refugiados de Quebec y responsable del dossier de refugiados, Richard Goldman, explica que si alguien “fuera miembro de un grupo, hizo algunos actos o actividades que según definición de Canadá pueda ser terrorismo, está en el mismo riesgo”.

El profesor en ciencias políticas de la Universidad de British Columbia y experto en política
Latinoamericana, Maxwell Cameron, coincide con Goldman al señalar que si el FMLN es tipificado como una organización terrorista, como el oficial que vio su caso así lo decidió, cualquier persona que formó parte de esa estructura es “vulnerable a ser deportado”, mientras que a quienes están fuera se les podría impedir su ingreso.

Goldman dice que lo mismo aplicaría para quienes hayan obtenido su residencia o ciudadanía, sin importar la nacionalidad. “Si  una persona en la misma situación que este señor esconde su actividad y es aceptado de una manera u otra para la residencia permanente y luego para la ciudadanía, 20 años más tarde puede perder su ciudadanía”. Él ejemplifica con casos vinculados con la Segunda Guerra Mundial, en los que algunas personas han mentido sobre sus actividades y “aquí le ponen ese tipo de proceso para quitarle la ciudadanía y deportarlos”.

El profesor Cameron resalta que la ley canadiense es demasiado amplia cuando se define el término terrorista, que “hasta un estudiante que recluta para una organización popular que luchó contra un régimen militar despiadado y a quien nadie ha acusado de ningún acto violento, puede enfrentar deportación sólo porque la ley dice que es inadmisible”

En una situación similar, el abogado William Sloan ganó el caso de un nicaragüense miembro del FSLN a quien lo querían deportar por haber sido parte de una organización a la que acusaban de cometer crímenes contra la humanidad. Al final le dieron la residencia.

A la luz del artículo 34 del IRPA, “Nelson Mandela sería inadmisible, Thomas Jefferson habría sido inadmisible, todos los miembros de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial eran inadmisibles… es una ley que aplican selectivamente contra los que quieren y principalmente gente del tercer mundo, es una ley racista que tiene sus efectos racistas”, concluye Sloan.

El apoyo a “We are José”

La presidenta de la Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y Región de la Capital Nacional (ASCORCAN), Laura Ávalos, explica que el respaldo que se brinda a la campaña es del tipo moral. “Creemos que la razón por la cual lo quieren deportar no es justificable, es un error”, señala.

Ávalos asegura que cada vez el apoyo va creciendo y que entre esos nombres figuran
los diputados canadienses: Mark Warawa, representante de Langley, por el Partido Conservador; y los miembros del Partido Nacional Democrático por Vancouver Kingsway, Don Davis y Peter Julian por Burnaby-New Westminster, en British Columbia.

Con la iniciativa, la presidenta de ASCORCAN expone que se busca “ejercer presión, porque hay varias comunidades que han sido víctimas de esta ley”.

La campaña no es solo por Figueroa. Lo que busca es que “no le pase a nadie más”, expresa Sasha Wood una de las colaboradoras de la campaña “We are José”. De momento asegura que unas 1,300 personas han firmado la petición que dirigirán al gobierno de Canadá en las que se pide no referirse ni al salvadoreño ni al FMLN como terrorista. También se han enviado cartas de apoyo desde diferentes partes de Canadá para pedirle al Ministro de Seguridad que no deporte a José y su familia.

La voz también ha corrido hasta El Salvador. Los diputados del FMLN, Jorge Shafick Hándal, hijo; el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y el diputado al Parlacen, Freddy Tejada, se han sumado a la lista de apoyo. Aunque sólo ha sido de “palabra”, expresa Figueroa.

“A mí me parece inmoral que el gobierno de Canadá esté tildando de terrorista al FMLN y que el
FMLN y el gobierno de Mauricio Funes (actual presidente del país centroamericano) se quede callado”, externa Figueroa, al tiempo que dice sentirse “desilusionado” de estos últimos.

Mientras, la cónsul en Vancouver, Rosa Elena Moreno, dijo que su labor ha sido poner al tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador sobre esta situación.

En tanto esto sucede, otros “José” esperan la respuesta a la excepción del Ministro de Seguridad. En un documento obtenido por la oficina de la Miembra del Parlamento por el Partido Nuevo Demócrata, Olivia Chow, el funcionario revela que 234 personas, de 49 países, guardaban por una resolución hasta noviembre del 2010.

{module Suscribase a la edicion impresa de Revista Debate|none}