GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ / MEXICO /
Mientras medios de comunicación internacionales y reconocidos intelectuales y políticos conservadores, como Mario Vargas Llosa y el español José María Aznar, advierten obsesivamente de las supuestas intenciones de gobiernos a los que Estados Unidos no considera democráticos, como los de Nicaragua, Venezuela o Cuba, de tomar ventaja de la epidemia generada por el Covid-19 para limitar las libertades públicas o cercenar derechos políticos, en otros países donde las autoridades gozan del beneplácito estadounidense está ocurriendo exactamente eso, sin que se genere ningún espaviento internacional. Uno de estos casos es Bolivia, donde el gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez anunció una nueva posposición de las elecciones.
Como se recordará, la señora Añez llegó a la primera magistratura de ese país andino después de que altos mandos del ejército boliviano “recomendaron” al entonces presidente Evo Morales que renunciara a su cargo. La exigencia, que resucitó la nefasta historia de golpes de Estado y represión en los países latinoamericanos, fue justificada por los militares ante las protestas que generaron supuestas irregularidades cometidas durante el conteo de votos emitidos en los comicios presidenciales realizados a finales de octubre pasado, en los que Morales corría nuevamente como candidato presidencial en un intento por ser reelegido por cuarta vez, a contracorriente de muchos cuestionamientos legales.
La forma en que Morales fue expulsado de la presidencia boliviana fue avalada por la Organización de Estados Americanos en la voz de su Secretario General, el cuestionado político uruguayo Luis Almagro, quien responsabilizó al ahora expresidente por la situación a la vez que se negó a reconocer la ruptura constitucional como un Golpe de Estado. Cuando Añez asumió la primera magistratura se comprometió a organizar un nuevo proceso electoral para restablecer la legalidad y el orden constitucional. Así, en enero de este año, se anunció que los comicios serían programados para la primera semana de mayo.
Sin embargo, ante el estallido de la pandemia global, los partidos políticos llegaron a un acuerdo para suspender el proceso hasta principios de septiembre. La fecha establecida fue el 6 de ese mes. Ahora, cuando faltaba apenas poco más de treinta días, se anunció una nueva suspensión. Y aunque la decisión fue anunciada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un poder del Estado en teoría independiente del Ejecutivo, la medida había sido insinuada desde mediados de junio por la propia mandataria de facto, cuando declaró su intención de posponer los comicios.
“Queremos elecciones, pero no me parece responsable no tener los elementos suficientes que permitan saber a los bolivianos si el día de las elecciones no van a correr peligro de contagio. Postergar probablemente un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie”, expresó entonces la mandataria.
En armonía con los deseos de Añez, a finales de julio las autoridades electorales bolivianas anunciaron que la nueva fecha para la justa electoral ahora será el 18 de octubre. El TSE argumentó que los médicos estiman que los picos más altos de la pandemia se presentarían a finales de agosto y principios de septiembre, precisamente en las fechas previamente acordada. El objetivo de la medida es, oficialmente, evitar nuevos contagios.
Bajo esa lógica, el derecho de los bolivianos a elegir democráticamente a su gobernante podría ser pospuesto indefinidamente, dado que los riesgos de contraer la enfermedad provocada SARS-Cov2 seguirán latentes en tanto no se haya demostrado la efectividad de todas las vacunas actualmente en experimentación. Más aún, mientras no sean distribuidas mundialmente y se haya inmunizado a todos los bolivianos y bolivianas.
Por su parte, los simpatizantes del expresidente Morales han visto en la nueva posposición un descarado intento para evitar el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente indígena. Efectivamente, las encuestas realizadas desde enero de este año acerca de las intenciones de voto han revelado que el candidato del MAS, Luis Arce, resulta favorecido con un porcentaje que duplica las preferencias por el candidato en segundo lugar, Carlos Mesa, principal contrincante frente a Morales en los malogrados comicios del 2019. Ante esa información, resulta convincente el argumento de los masistas, de lo que en verdad quiere la señora Añez no es evitar nuevos casos de Covid-19, sino impedir la victoria electoral del partido al que junto con los militares logró expulsar del poder.
Un rápido monitoreo de medios de comunicación alternativos del país andino da la impresión de que la emergencia causada por el coronavirus, la excusa para suspender las elecciones, ha pasado a segundo plano. Bolivia enfrenta ahora una nueva crisis, pero de carácter político. Pobladores de la ciudad de El Alto han salido a protestar y exigen que se respete la fecha electoral acordada anteriormente. Mientras tanto, los que continuamente han protestado por reales o supuestas o limitaciones de los derechos políticos ciudadanos en Nicaragua o Venezuela, ahora guardan solemne silencio.
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