Asesino de Chalchuapa (El Salvador) confiesa cómo mataron a trece víctimas en el último año

SUMARIO: No fueron enterrados hace décadas, como el gobierno del presidente Nayib Bukele ha afirmado. Trece de los quince cadáveres extraídos hasta hoy de la fosa clandestina de Chalchuapa fueron enterrados entre 2020 y 2021, durante esta administración. El exagente y asesino confeso es también necrófilo, según él mismo lo ha dicho. Esta es la historia que el oficialismo no ha querido contar.

(Esta publicación ha sido retomada por Revista Debate Canadá en solidaridad con la revista salvadoreña Factum, luego de que la Fiscalia General de la República de El Salvador censuró y obligó a Revista Factum de El Salvador a borrar la investigación de todas sus plataformas digitales).

Por Bryan Avelar / Revista Factum

Fotos: Salvador Meléndez / Revista Factum

SAN SALVADOR. Una tarde a finales de 2020, un expolicía y un soldado se reunieron a platicar en una zona rural, cerca del cementerio de Chalchuapa, en el occidente de El Salvador. El soldado, según cuenta el expolicía, necesitaba un favor. Estaba pasando un mal momento. Se había quedado sin dinero y su novia, con quien tenía un hijo de dos años, había desaparecido hacía más de un mes. Estaba enfurecido y quería explotar. Aquel enojo, de acuerdo al expolicía, se debía a que la pareja del soldado lo había dejado atado a una cuota alimenticia de 50 dólares mensuales que debía cancelar para la manutención de su hijo. El soldado no quería pagar, y menos entonces, cuando ella no aparecía por ningún lado. “Me gustaría desaparecer a todos”, dijo el soldado, a lo que el expolicía respondió escueto, como se le responde a un amigo que se encuentra en necesidad, con una sola palabra:

— «Démole».

Cinco meses después de aquella conversación, en mayo de 2021, el criminalista Israel Ticas tuvo que desenterrar ese favor de una fosa clandestina cavada en el patio de la casa del expolicía: cuatro cadáveres apilados, incluyendo el del hijo del soldado.

Según cuenta el expolicía, aquella misma tarde de 2020 hicieron un plan: el exagente llamaría con engaños a las dos mujeres que formaban el núcleo familiar de la joven desaparecida. Las invitaría a su casa con la excusa de que el soldado necesitaba hablar con ellas. Y una vez ahí, las matarían.

Las mujeres cayeron en la trampa, pero no venían solas. La primera llegó acompañada de un niño de nueve años; mientras que la segunda llegó con un bebé de dos: el hijo del soldado. Entre ambos mataron a las cuatro víctimas y tiraron sus cadáveres en la fosa cavada en el patio de atrás para ocultarlos. Los cuatro cuerpos cayeron sobre otros que previamente habían sido arrojados en el mismo lugar. Debajo de los cuatro estaba el cadáver de otra víctima ya conocida: la pareja desaparecida del soldado. El expolicía, sin que su amigo lo supiera, la había matado también.

El relato anterior fue reconstruido por el testigo principal del caso de la fosa clandestina repleta de cadáveres que la Policía Nacional Civil descubrió el pasado 8 de mayo en una casa ubicada en la colonia Las Flores, en Chalchuapa. Su confesión consta en el requerimiento presentado por la Fiscalía salvadoreña el pasado 17 de mayo en contra de diez de sus presuntos cómplices, incluyendo al soldado. En ella se detallan nombres, fechas y el modus operandi con el que el asesino confeso y diez presuntos cómplices mataron a trece de sus víctimas entre los años 2020 y 2021.

Este número de víctimas, sin embargo, es solo una parte del total de las enterradas en ese lugar, según dijo el testigo. Hasta este lunes 7 de junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que han encontrado dieciocho cuerpos. De estos, según una fuente de Medicina Legal consultada por Factum, han extraído quince solo de la primera fosa ubicada en la casa del exagente. Según los peritos de la Fiscalía son siete fosas en total donde podría haber más cadáveres.

En la copia del requerimiento fiscal al que este medio ha tenido acceso, el testigo es identificado únicamente con el nombre clave “Estevez”, que es el mismo nombre del callejón de la colonia Las Flores, en Chalchuapa, donde se encuentra ubicada la casa del expolicía. Debido a la reserva total del caso y al régimen de protección del que goza, por ley, el testigo, este medio ha decidido no publicar su nombre. Pero de él puede decirse que ha confesado que participó en todos los homicidios, que dijo ser el dueño de la casa donde se encontró la fosa y que aceptó ser quien ocultó los cadáveres al arrojarlos al agujero que él mismo cavó.

Aunque la Ley de Protección a Víctimas y Testigos prohíbe revelar la identidad de un testigo con régimen de protección, el mismo fiscal del caso y jefe de la Unidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, Max Muñoz, y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, han revelado su identidad. El criterio de oportunidad (o testigo criteriado) es una figura contemplada en las leyes salvadoreñas para que un procesado reciba beneficios penales a cambio de confesar sus delitos y delatar a sus cómplices.

“Se le dio un criterio de oportunidad parcial única y exclusivamente por nueve casos en donde su participación fue de lanzar los cadáveres al pozo”, dijo el fiscal Muñoz el 21 de mayo en una conferencia de prensa realizada a unos metros del lugar donde se encuentra la fosa. Horas más tarde, el presidente Nayib Bukele aseguró desde su cuenta de Twitter que la misma persona estaba “dando información para condenar a nueve de sus cómplices”.

Factum ha transcrito de forma parcial cada uno de los nueve casos que suman un total de trece víctimas. Este medio ha omitido elementos o detalles dichos por el testigo que podrían dañar la dignidad de las víctimas.

El asesino serial de Chalchuapa seleccionaba a casi todas sus víctimas con características por igual: mujeres, jóvenes y pobres. Según confesó, su estrategia para capturarlas era siempre parecida: las llevaba con engaños hasta su casa, donde luego las violaba o las agredía sexualmente él, alguno de sus cómplices o los dos. Incluso para matarlas, dice, lo hacía de forma similar: nunca usaron cuchillo ni pistola, las golpeaban con un objeto contundente en la cabeza, un tubo de metal o una piedra, y después se deshacían de los cadáveres, escondiéndolos en una fosa que él mismo cavó en su patio de atrás. Finalmente, «el asesino de Chalchuapa» –como ha sido llamado el caso– aseguró que su tarea culminaba cuando tapaba el agujero con una plancha de cemento y lo mantenía sellado hasta el día en que llegara su siguiente víctima.

El caso del cuádruple asesinato que, según el testigo, cometió junto al soldado es solo uno de nueve que en total confesó. Según consta en el documento judicial, el testimonio fue tomado por la Fiscalía el doce de mayo, cinco días después de la captura. El testigo Estevez describió con detalles nueve casos que juntos suman trece víctimas. Del total de estas, ocho son mujeres, dos niñas, dos niños y un hombre adulto. Este último era su hermano.

De acuerdo con la confesión del testigo, en cada caso, el perfil de las víctimas era muy similar. La primera de ellas, por ejemplo, era una joven de 19 años que vendía comida en un puesto ambulante en un complejo habitacional de Santa Ana. La segunda víctima era una vendedora de sorbetes. La tercera, vendía carteras y productos varios en un pequeño local. Otra era ama de casa; otra era hija de la dueña de una cervecería; y otra era una joven que no tenía trabajo.

Según confesó Estevez, la mayoría de los trece asesinatos fueron cometidos en el año 2020, en plena ejecución del plan de seguridad “Control Territorial”, al que el Gobierno del presidente Bukele le adjudica la baja de homicidios que en la actualidad vive el país. El testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19. “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estevez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Las fechas en que Estevez afirmó que cometieron los asesinatos –versión que también es validada por la Fiscalía y que encaja con lo reportado por familiares de las víctimas– contradice la versión oficial del gobierno, incluyendo al presidente Bukele, quien sugiere que los homicidios ocurrieron hace mucho tiempo, “en más de una década”, como tuiteó el mandatario. El lunes 7 de junio, en una entrevista televisiva, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que “el caso de Chalchuapa es un caso que, lamentablemente, data desde 2009, con cadáveres de personas que fueron asesinadas hace más de una década. Pusimos al hechor y sus colaboradores ante la justicia”, dijo.

A nivel judicial, el caso del asesino de Chalchuapa se ha dividido en dos. El primer proceso está dirigido únicamente en contra del expolicía por un número de homicidios y feminicidios que la Fiscalía aún no revela. En el segundo, la Fiscalía acusa a diez personas que han sido señaladas por el testigo como cómplices o asesinos de trece personas. La confesión del testigo criteriado a la que este medio ha tenido acceso consta como prueba principal en el segundo proceso. Según fuentes de la Fiscalía, la reserva total del caso se debe a que algunos de los homicidios confesados por el testigo aún se encuentran en etapa de investigación.

A lo largo del documento, Estevez revela los nombres de las víctimas, su trabajo, el lugar y el modo en que las engañaron él o alguno de sus presuntos cómplices. Además, ahondó en detalles acerca de cómo las mataron y cómo luego lanzaron sus cuerpos a la fosa. Los cadáveres, no obstante, corresponden solo a algunas de las víctimas enterradas en la casa del expolicía, ya que, según su misma confesión, en la casa hay enterradas muchas más. Según los investigadores del caso, en total podría haber hasta 40 víctimas enterradas en siete fosas cavadas en la propiedad del exagente.

“(Estevez) ya tenía el tubo galvanizado en la esquinita de la entrada, por la pared que da al patio, cuando observó que la víctima iba para el baño ubicado en el interior de la casa y pensó que era el momento oportuno para golpearla […] Después de matarla, le quitó el pantalón a la víctima, antes de tirarla a la fosa que tiene construida el testigo para deshacerse de los cadáveres de las personas que ha asesinado durante muchos años”, narra el documento, a propósito de uno de los casos.

El testigo relató a la Fiscalía con abundantes detalles cada uno de sus crímenes y de sus presuntos cómplices. Incluso pudo recordar a qué víctimas enterró con ropa, a cuáles les quitó el pantalón antes de tirarlos a la fosa, como el caso de su hermano, o a cuáles enterraron desnudas. También relató minucias, como que a veces guardaba artículos que dejaban las víctimas: documentos, lápiz labial o aretes dentro de un calcetín gris.

Tanto el fiscal general impuesto por el gobierno de Bukele, Rodolfo Delgado, el ministro de Seguridad y Justicia Villatoro, y hasta el presidente Bukele, han calificado públicamente al asesino confeso como “psicópata”. Hasta la fecha, Factum no ha podido confirmar que le hayan realizado algún examen de psiquiatría forense. Sin embargo, el testigo revela en su confesión su gusto por tener relaciones sexuales con cadáveres.

En la descripción de uno de los casos confesados –en el que se describe que el testigo, acompañado de uno de sus cómplices, asesinó a una madre de 35 años y a su hija, de nueve–, el documento judicial reza: “El testigo mencionó que a él le gusta tener relaciones sexuales con cadáveres, por lo que su cómplice le dijo que procediera a hacerlo con la niña. Pero este le dijo que no […] Entonces procedieron a aventar los cuerpos a la fosa”.

La fosa del “asesino serial de Chalchuapa” fue descubierta el pasado 7 de mayo, luego de que una de las víctimas lograra escapar momentáneamente de la casa del asesino confeso hasta la calle y dar gritos de auxilio. Minutos después, según el reporte policial, el exagente la golpeó en la cabeza con un tubo metálico y la arrastró de regreso a su casa. Los vecinos llamaron a la Policía, que llegó casi una hora más tarde al lugar. Tras ingresar por la fuerza a la vivienda, los policías encontraron cuatro cadáveres: en la sala de la casa estaba el de la víctima que logró alertar a los vecinos y el de su mamá; mientras en el patio había otros dos. Uno de ellos era del hermano del exagente. Estevez, en un intento por eludir su captura, fingió estar muerto sobre el cadáver de su hermano. Al hacer un registro de la casa, los policías encontraron una fosa cavada en el patio donde había varios cadáveres más.

Además de ser una prueba acusatoria, la confesión del testigo ha servido a la Fiscalía para identificar a trece de las víctimas encontradas en la fosa. Este testimonio ha sido contrastado por los investigadores con el relato de personas que se acercaron a denunciar una desaparición y confirmaron que sus familiares estaban entre las víctimas. Esas entrevistas coincidieron con la confesión del testigo en cuanto a las características, nombres y oficios de los desaparecidos, así como en su fecha y lugar de desaparición.

El criminalista Israel Ticas lidera la excavación de las siete fosas exploradas. En la casa, según dijo Ticas a los medios de comunicación, podría haber al menos 25 muertos, aunque estas declaraciones fueron rechazadas posteriormente por el fiscal Delgado. La Fiscalía abrió un proceso disciplinario a Ticas por dar esa información.

Las autoridades, sin embargo, no han logrado establecer el número total de víctimas enterradas en el lugar. El presidente Bukele anunció en su cuenta de Twitter el pasado 21 de mayo que para entonces había 15 víctimas confirmadas, aunque añadió que “podrían ser muchas más”. Ese mismo día, horas antes, el ministro Villatoro dijo en una conferencia de prensa en el lugar de la escena de los crímenes que había solamente ocho víctimas identificadas, mientras que el fiscal del caso, Max Muñoz, dijo que los casos podían ser más de veinte. Al respecto, la información más reciente es la que compartió el ministro Villatoro el lunes 7 de junio. Ese día confirmó el hallazgo de 18 cadáveres en la casa, pero agregó que aún podría haber más.

Aunque los investigadores aseguran que las víctimas también eran atraídas desde San Salvador y otros departamentos, doce de las trece personas a quienes el testigo identifica en su confesión vivían en las cercanías de Chalchuapa, su zona de operación. Sumado a ello, y basado en lo declarado por el testigo, Ticas informó que únicamente una de las víctimas identificadas vivía en el Puerto de la Libertad, a 90 kilómetros de la casa del asesino.

La Fiscalía acusa a los diez presuntos cómplices por dos delitos: feminicidio y homicidio agravados. La confesión aportada por Estevez es tan importante para la Fiscalía que es el único elemento en el que se basa para acusarlos en el requerimiento fiscal. No hay nada más que los vincule ni en modo, tiempo o lugar.

Mujeres, jóvenes y pobres

Según el requerimiento fiscal en el que consta la confesión del testigo, Estevez utilizaba una “técnica de convencimiento de mujeres” para engañarlas con ofertas de trabajo o dinero. Luego, a varias de sus víctimas las llevaba a su casa con argucias. Ahí, de acuerdo al relato, les esperaba alguno de sus cómplices para violarlas y posteriormente quitarles la vida.

Estevez confesó que él mismo cavó la fosa en el patio trasero de su casa hace varios años con el único objetivo de ocultar cadáveres. Igual que ese, cavó seis más en el mismo patio. Aunque el testimonio no detalla en qué año lo hizo, el testigo enfatiza varias veces que nunca tuvo problemas con el hedor que generaban los más de quince cuerpos en descomposición. “A dichos cuerpos ni siquiera les tiraba tierra ni cal. No hacía nada para el hedor, ya que para eso el testigo tapaba el hoyo con una plancha [de cemento]”, dice el documento fiscal.

El primero de los trece asesinatos en los que Estevez confesó haber participado ocurrió el 13 de febrero de 2020. En ese caso, la víctima fue una joven de 19 años que trabajaba en un pequeño puesto de venta de comida ubicado en una carretera del departamento de Santa Ana. Para identificarla, además de la confesión del testigo, la Fiscalía entrevistó a un familiar de la víctima, cuyo relato coincide con lo aportado por Estevez en relación a la descripción de las características, fecha y modo en que fue reportada la desaparición de esta persona.

Según el relato del testigo, ese día, uno de sus cómplices se presentó a su casa aproximadamente a las 6:00 de la tarde, y le dijo que andaba con una señorita con quien tenía una relación, pero no tenía dónde llevarla. Por eso, Estevez asegura que le ofreció su casa “para que pudieran platicar”. Más adelante, el testigo relata que el sujeto quiso abusar de la joven, pero ella no se dejó.

El testigo dice que, ante esto, su cómplice sometió a la víctima y la agredió sexualmente. Entonces, ella lo amenazó con que lo iba a denunciar. Y ante esto, “el imputado le quitó la vida pegándole con un hierro en la cara. Luego, entre los dos, la lanzaron desnuda en un hoyo que había en el patio de dicha vivienda. Por esa ayuda, el amigo de Estevez le pagó la cantidad de 20 [dólares]”, dice el relato judicial.

Cuatro días antes de que Estevez y sus cómplices mataran a la primera de sus víctimas, el presidente Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa acuerpado de militares y se tomó el palacio legislativo. Su excusa, dijo, fue presionar a los diputados a aprobar un préstamo por $109 millones para financiar su plan control territorial. Esta medida de presión, según dijo el mandatario, era apoyada con los supuestos resultados de su plan: una disminución de homicidios histórica que no se veía desde los tiempos de la tregua entre las pandillas y el gobierno del expresidente Mauricio Funes, en el año 2012. Bukele aseguraba que para mantener esos resultados era necesario más dinero. En Chalchuapa, sin embargo, la matanza apenas empezaba.

El documento señala que la segunda de sus víctimas fue asesinada en marzo de 2020. Aunque el testigo “no recuerda bien el día”, aseguró a los fiscales, igual que en el caso anterior, que fue otro amigo suyo quien la llevó a su casa. Esta joven, a diferencia de las demás víctimas, no vivía en Chalchuapa o sus alrededores, sino que era originaria del puerto de La Libertad y fue llevada a casa de Estevez bajo el engaño de que “si llegaba, le daría dinero”, dice el relato.

Estevez asegura que, una vez entraron a la casa, su amigo intentó abusar sexualmente de la joven. “En ese momento, el testigo salió de la casa y empezó a escuchar una especie de tropel, como sonidos de golpes y gritos de auxilio, porque su victimario la estaba estrangulando con las manos y le había pegado en la cabeza con una piedra”, dice el documento.

La tercera víctima de los trece casos confesados por Estevez fue asesinada el 13 de abril de 2020, exactamente dos meses después de la primera. Esta víctima era una joven vendedora de sorbetes. De acuerdo con la confesión del testigo, fue llevada a su casa por otro de sus cómplices. Una vez ahí, Estevez asegura que él encerró a ambos en el cuarto del fondo, “donde los dejó para que platicaran”. Al finalizar esa tarde, Estevez dice que entró a su casa y vio a la joven ya muerta “con señales de haber sido asfixiada”.

Confiesa Estevez que él y su cómplice tiraron el cuerpo desnudo de la joven a la fosa. El testigo dice que, como ocurrió en otras ocasiones, con diferentes coautores de los crímenes, recibió de su segundo cómplice un pago en efectivo. Esa vez, según aseguró, fueron “ochenta y ocho dólares”.

Para cuando Estevez y su cómplice mataron a esta víctima, El Salvador estaba bajo encierro total por la cuarentena obligatoria ocasionada por la crisis del COVID-19. El país entero estaba militarizado y la Policía junto al Ejército garantizaban que nadie saliera a las calles sin justificación. Las medidas incluyeron privar a miles de salvadoreños de su derecho a la libre circulación y cientos fueron encerrados de forma obligatoria en centros de cuarentena. Para el expolicía y los suyos, sin embargo, aquellas restricciones no fueron suficientes.

Las siguientes dos víctimas fueron una madre de 36 años y su hija de nueve. Este doble asesinato, según el testimonio, ocurrió el 5 de julio de 2020. De acuerdo con la confesión, esa vez, otro amigo suyo le contó que tenía una relación con una mujer y quería llevarla a su casa con la intención de abusar de ella y de su hija. Le dijo que “quería cumplir su fantasía”, dice el testigo. Estevez asegura que después de dejar en su casa a las víctimas en compañía de su amigo, salió a comprar pupusas y, al regresar, él las había matado, por lo que decidieron tirarlas a la fosa.

La sexta de las víctimas también sufrió una agresión sexual. En esa ocasión, a finales del 2020, sin especificar la fecha, el testigo narra que fue él mismo quien la engañó. El testigo la invitó a su casa con la intención de llevarla hasta un amigo suyo que la quería violar. Una vez ahí, Estevez asegura que de nuevo los dejó solos. Premeditando no solo violarla sino también matar a la víctima, el testigo le recomendó a su amigo que “testigo muerto no habla” y le señaló el tubo de hierro que tenía en su casa. Una vez encerrados, Estevez asegura que fue su amigo quien mató a la víctima y después él le ayudó a enterrar el cadáver.

Estevez cuenta que el asesinato de las siguientes cuatro víctimas ocurrió un mes y medio después de la anterior. En esa ocasión, asegura, se le acercó otro amigo. Esta vez su amigo era un soldado.

La décimo primera víctima fue asesinada el 21 de noviembre de 2020. Según el relato de Estevez, una joven de 18 años fue atraída, de nuevo, con engaños. El testigo cuenta que le prometió que si llegaba a un lugar cercano, le iba a dar dinero a cambio. Sin embargo, una vez se acercó al lugar, la convenció de ir a su casa.

Cuando llegaron a la casa, Estevez le presentó a otro amigo. Ambos la violaron y después la asesinaron, según relató el mismo Estevez. “Posteriormente le pidió ayuda al imputado para echársela encima y la aventó a la fosa que había construido para desechar los cadáveres de las personas que el testigo clave mataba o los que le pedían enterrar como ayuda”, dice el testimonio.

Una semana después de que Estevez y su cómplice mataran a su décimo primera víctima y la fosa clandestina estuviera casi llena de cadáveres, el gobierno salvadoreño se jactaba en un comunicado con el siguiente titular: “Plan Control Territorial continúa dando excelentes resultados en materia de seguridad”. El comunicado aseguraba de forma contundente que “la reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto son producto de la implementación, desde hace 17 meses, del Plan Control Territorial (PCT), que ha significado una estrategia decidida para la reducción de la criminalidad. Al frente del PCT está el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, en coordinación con la Fuerza Armada”. Y añadía: “En el caso de los feminicidios también ha habido una baja, con un 44.2 % de reducción con respecto a 2019, año en que 217 mujeres fueron asesinadas, frente a 121 en este año”. Estevez y sus cómplices, sin embargo, llevaban once feminicidios impunes en menos de nueve meses.

La penúltima de las víctimas que Estevez confesó haber asesinado junto a sus cómplices fue una adolescente de 16 años. Según el documento, ella fue engañada por Estevez y por uno de sus amigos a mediados de marzo de 2021. Según relató el testigo, él y su amigo llegaron a un kiosco donde la joven –a la que habían identificado previamente– vendía carteras y artículos varios. Confiesa Estevez que los dos llegaron fanfarroneando y fingiendo ser empresarios. Le aseguraron que le ayudarían a conseguir trabajo en una venta de celulares ubicada en el centro comercial Metrocentro Santa Ana o en una sucursal de Walmart en el mismo lugar.

Estevez, según cuenta, le pidió su número de teléfono a la víctima y se mantuvo hablando con ella durante casi dos semanas. El día de la desaparición de la adolescente, ella le dijo a su madre que iba a su primer día de trabajo, tal como se lo habían hecho creer. Pero cuando acudió al lugar citado, el asesino la llevó, engañada, hasta su casa. Una vez ahí, la mataron y la tiraron a la misma fosa donde Estevez ocultaba otros cadáveres.

El último de los crímenes que el testigo confiesa en su relato fue el homicidio de su propio hermano. Según su declaración, la esposa de su hermano le había prometido a Estevez pagarle si lo asesinaba. “Le dijo que le pasaría a su nombre el carro de la víctima, un Kia Soul”, dice el documento.

Estevez confesó que para cometer este crimen convenció con engaños a su hermano para que llegara a su casa a finales de abril de 2021. Le aseguró que consiguió a dos bailarinas y lo invitó a tomar en un bar cercano. Luego les pidió que fueran a seguir bebiendo en su casa. Una vez ahí, Estevez le quitó la vida golpeándolo cuatro veces con un tubo de hierro en la cabeza en presencia de las bailarinas. “En esa ocasión el testigo dice que no aceptó el pago porque era dinero mal habido”, narra la confesión. Al contrario de lo aceptado en los demás casos, Estevez manifestó un conflicto moral que no corresponde, precisamente, al hecho de haber cometido fratricidio (asesinar a su hermano), sino al hecho de aceptar dinero por ello.

“Estevez recuerda que su hermano vestía un pantalón azul y un bóxer desteñido. Él mismo lo desvistió al momento de tirarlo a la fosa que usaba para deshacerse de los cadáveres. Dice que lo recuerda porque el pantalón le quedó en las manos. Ese pantalón lo dejó en su casa. Pensó mucho tiempo en quemarlo, pero no le quedó tiempo”, finaliza la confesión.

Días después de ese asesinato, el siete de mayo de 2021, Estevez llevó a dos víctimas más a su casa. Ese día, una de ellas logró escapar momentáneamente y pedir auxilio a gritos. Los vecinos oyeron y cuando la Policía tocó la puerta, Estevez recurrió a su hermano muerto en el patio de su casa. En un intento por ocultarse, el asesino se cortó las venas de las muñecas y se acostó sobre el cadáver de su hermano, fingiendo estar muerto. Pero su respiración lo delató. La impunidad para él había terminado.

*Esta publicación ha sido retomada por Revista Debate Toronto en solidaridad con la revista salvadoreña Factum, luego de que la Fiscalia General de la República de El Salvador censuró y obligó a Revista Factum de El Salvador a borrar la investigación de todas sus plataformas digitales.