POR GILBERTO ROGEL* / TORONTO /
Por más que algunas personas lo griten a todo pulmón y pretendan hacernos creer lo contrario, la libertad no es absoluta, también tiene sus límites, y esta es una de las conquistas más grandes de toda sociedad democrática. La ruidosa demostración de un grupo reducido de camioneros canadienses ejemplifica de mejor manera hasta donde el valor de la protesta tiene su verdadero significado, y al mismo tiempo nos ilustra en qué momento se cruza la delgada línea que separa el derecho colectivo de los intereses sectarios. Dos situaciones que hoy cobran relevancia en vista del momento político que vive Canadá.
Una de las cosas que a cualquier recién llegado a este país le llama la atención es la forma en que se realizan las protestas callejeras. Para comenzar, la mayoría de las protestas, o mejor conocidas como las manifestaciones callejeras, en su mayoría deben contar con un permiso de la autoridad edilicia respectiva. Lo que implica que la manifestación deberá contar con la seguridad que la dará la fuerza policial respectiva. Por lo tanto, la policía garantiza que la marcha sea pacífica, es decir, velará porque el derecho constitucional a la protesta se cumpla.
Por supuesto, las marchas no siempre se restringen al contexto legal. Por su lado, las fuerzas policiales también han ido más allá de su papel de garantizador de la seguridad y se han vuelto todo lo contrario, violadores de los derechos constitucionales. Y qué mejor momento que recordar dos eventos ocurridos en Toronto hace pocos años atrás para entender esta dinámica.
El primero sucedió en el 2009. Un grupo grande de ciudadanos del país de Sri Lanka, en su mayoría refugiados por las comprobadas violaciones a los derechos humanos cometidas por el presidente militar de ese país, desarrolló una serie de protestas para demandar de la comunidad internacional sanciones contra ese gobierno. La más llamativa de estas acciones fue el cierre del boulevard Gardiner Express (una carretera de mucha importancia localizada en el pleno centro de la ciudad) que paralizó por horas el tráfico vehicular entre varias ciudades cercanas.
Podríamos decir que, inicialmente, el objetivo de la protesta se cumplió. Los manifestantes pusieron sus demandas en la agenda mediática canadiense, la protesta fue noticia por varias semanas con una cobertura centrada principalmente en el tema de las violaciones a los derechos humanos. Desgraciadamente estas acciones continuaron por muchos años más en esa nación asiática sin que la comunidad internacional hiciera mucho al respecto.
El otro caso más destacado sucedió en el 2010. La cumbre que anualmente reúne a los jefes de estado y presidentes de los 19 países más industrializados del mundo junto a la Unión Europea se efectuaría en el centro de Toronto y en una ciudad cercana, Huntsville. Como era de esperarse las medidas de seguridad deberían ser extremas.
De igual manera se esperaban protestas multitudinarias, como había ocurrido en otras ciudades del mundo cuando se dan cita los gobernantes y financistas mundiales para debatir cómo arreglar la economía del planeta, pero cuyos resultados son los mismos: muchas declaraciones de compromisos, pero nada en concreto.
De regreso a la cumbre del G-20 en Toronto, a diferencia de lo que había pasado en otras ciudades, acá las fuerzas policiales detuvieron, golpearon y encarcelaron a cientos de protestantes pacíficos solamente por el hecho de estar cerca, a varios kilómetros de donde se realizaba la cumbre. Cabe decir que este lamentable episodio está registrado como el arresto en masa más grande en la historia de Canadá.
Las violaciones a los derechos individuales fueron evidentes y comprobadas. Las responsabilidades eran claras, las fuerzas policiales violaron el derecho de la ciudadanía a protestar pacíficamente. Y déjeme decirle algo, a raíz de la protesta se efectuó una investigación para determinar responsabilidades. Luego de muchos debates y documentos se llegó al informe final, después de casi 10 años, ojo no 10 meses, 10 años. Las fuerzas policiales entre otras cosas dijeron algo así: admitimos que hicimos uso excesivo de la fuerza, pero nos comprometemos a que no volverá a pasar. Caso cerrado.
De regreso al 2022, evidentemente la marcha de este grupo de camioneros continuará dando de qué hablar en los días y meses por venir, por varias razones. Por un lado, por qué a diferencia de lo ocurrido en Toronto, acá la policía de Ottawa y el aparato de seguridad estatal fue agarrado con los pantalones a las rodillas al no prevenir una protesta de esta magnitud, algo inimaginable en este país primermundista.
También confirma que pese a ser un mínimo sector de la población, los antivacunas han logrado generar mucha bulla que incluso ha resonado en otros países, quienes nos ven a la espera de que las autoridades cumplan con su rol legal.
Finalmente, no se puede dejar de lado el componente político. Es claro que el partido Conservador ha metido sus narices, manos y cerebro en esta protesta, y si los primeros hechos son un indicativo parece que muchos de sus dirigentes no saldrán bien librados. Ahora solo falta que ver si las autoridades policiales en Ottawa y otras ciudades importantes cumplen con sus obligaciones de ley y garantizan los derechos de las mayorías y no se dejan intimidar por un grupo de rancheros que creen que pueden pasar sobre las leyes y la ciencia.
*Gilberto Rogel es un periodista de origen salvadoreño radicado en Toronto, quien se especializa en temas de libertad de expresión en América Latina.
