POR GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ* / MEXICO /
Contrario a lo que expresan manidas frases presentes en medios de comunicación dominantes, tales como “el regreso a la democracia”, “llevar la democracia”, “restaurar la democracia” y otras del mismo estilo, lo cierto es que la democracia se construye en un proceso complejo, y quienes la construyen son los pueblos, no las élites, especialmente en regiones como América Latina.
Esta verdad sencilla, que parece una perogrullada, ha sido ratificada por el pueblo chileno los pasados 15 y 16 de mayo. Esos días los votantes chilenos eligieron 155 convencionales que redactarán una nueva Carta Magna para su país. Los resultados también confirmaron la tendencia global, presente en los últimos veinte años, de rechazo o repudio a los partidos políticos tradicionales.
Según los resultados, dos tercios de los constituyentes representan agrupaciones políticas calificadas como independientes, compuestas por liderazgos jóvenes de tendencia izquierdista o de centroizquierda, con estrechos vínculos con sus comunidades o movimientos sociales y feministas. Los grandes derrotados fueron el presidente Sebastián Piñera y el grupo de intereses económicos y políticos que representa, y en última instancia, el modelo económico neoliberal que el dictador Augusto Pinochet impuso por medio de encarcelamientos, asesinatos y desapariciones, con el beneplácito de sus socios estadounidenses y europeos.
Al comprobar que su lista de candidatos obtuvo sólo 28 asientos de los 52 a los que aspiraba para incidir de manera decisiva en el perfil de la nueva Carta Magna, vetando los aspectos que no fueran de su agrado, Piñera reconoció que los partidos tradicionales no estaban en armonía con las demandas y los anhelos de los ciudadanos.
Además de subrayar la autocrítica que incluye esa declaración, inusualmente honesta, hay que destacar que se trata de una verdad que aplica no solo al momento chileno actual. Las élites políticas chilenas, como sus contrapartes latinoamericanas, tradicionalmente han estado alejadas de las demandas y los anhelos de los ciudadanos. Más aún, se han opuesto rotunda y agresivamente contra las demandas y anhelos ciudadanos.
Lo hicieron a principios del siglo XX, cuando los trabajadores del salitre marcharon a Iquique para demandar un mejor salario, la sustitución del pago en fichas y condiciones de trabajo dignas de un ser humano. La respuesta de las élites fue enviar al ejército, que sin el menor reparo asesinó a vario miles de trabajadores y a los familiares de estos, incluyendo niños. También lo estuvieron en 1973, cuando para conservar sus privilegios se aliaron a los intereses internacionales más oscuros. Decidieron desbaratar el proceso de profundización de la democracia iniciado en 1970 con la elección de Salvador Allende, el primer gobernante en América que pertenecía a un partido socialista, y no les importó si para eso tenían que asesinarlo. También estuvieron contra las demandas de la población en 2006, durante “la revuelta de los pingüinos”, cuando los estudiantes de secundaria exigieron la derogación de las leyes referidas a la enseñanza impuestas por la sangrienta dictadura militar pinochetista. En ese entonces, como en ocasiones anteriores, la respuesta gubernamental fue la represión. Fue un período en que a Michelle Bachelet, la actual alta comisionada de Naciones Unidas, los derechos humanos parecían no preocuparle mucho.
Ahora la mayoría de chilenos exige, y lo demostró en las urnas, la eliminación no de un reglamento, sino de la ley fundamental -principal andamiaje de la “superestructura”, diría un marxista- que Pinochet y sus principales secuaces dejaron bien amarrada, una vez que decidieron retirarse del primer plano, obligados por los votos en el ya casi olvidado plebiscito de 1988.
Los convencionales recién electos ahora podrán elaborar una Constitución en la que no esté presente el malahado espíritu del cruel dictador, fallecido en 2006. La tarea no será sencilla, pues implica refundar el Estado chileno, confiriéndole una nueva naturaleza, una que garantice derechos sociales a todos los chilenos y chilenas. Este será un invaluable aporte a la democracia en América Latina. El tema tiene que ver con lo que hemos afirmado en otras ocasiones: que la democracia, por lo menos para las amplias capas de la población latinoamericana más empobrecidas, no tiene sentido sino va acompañada de justicia y derechos sociales. De lo contrario es solo pantomima, remedo de democracia.
Otro gran reto que deberán enfrentar los recién electos convencionales será sobreponerse a sus diferencias. En la historia de la región también se encuentran muchos ejemplos de la inveterada tendencia de los sectores de izquierda a dividirse y atomizarse, a considerar como enemigos a compañeros con los que deberían marchar juntos, y a perder de vista al verdadero adversario. Pronto veremos si logran convertir la diversidad en un factor de unidad. El inédito hecho de que la mitad de los convencionales son mujeres, buena parte de ellas feministas, y la elección de 17 puestos para las comunidades indígenas, dan mucha esperanza. De ahí nuestra confianza en que los sectores populares chilenos no serán defraudados. Y si es así, los pobres de las otras naciones latinoamericanas también lo festejarán.
*Guillermo Fernández Ampié es un periodista nicaragüense con doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
