Venezuela: el derecho a decidir soberanamente

POR GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ* / MEXICO /

Las elecciones legislativas realizadas el pasado fin de semana en Venezuela han sido objeto de la prepotencia y el desprecio con que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea aún tratan a las naciones pequeñas que intentan fortalecer su autonomía e independencia, y buscan caminos propios para resolver los problemas más agudos que enfrentan sus sociedades, especialmente los de la pobreza y la marginación histórica de amplios sectores.

Dando muestras una vez más de su intolerancia y su obsesión contra todo lo que representa la revolución bolivariana, desde muy temprano líderes políticos estadounidenses y europeos se apresuraron a descalificar y a amenazar con desconocer los resultados de dicho proceso electoral si éste no cumplía con las condiciones que ellos consideran las adecuadas o necesarias. También han tratado de descalificarlas porque no participaron figuras políticas como su protegido, Juan Guaidó y sus asociados, excluidos por decisión propia de la justa electoral.

La maniobra de Guaidó y el sector más intransigente de la oposición venezolana de boicotear estas elecciones repite el guion que siguió el candidato antisandinista Arturo Cruz hace algunas décadas, cuando se retiró del proceso electoral que llevó a la presidencia de Nicaragua a Daniel Ortega, en 1984. La decisión de Cruz, quien después reconoció que había sido sugerida por sus amigos estadounidenses, sirvió  al gobierno de Ronald Reagan para argumentar que dichas elecciones no contaron con “las garantías necesarias”, ni fueron justas ni libres porque en ellas no participaron los líderes opositores más representativos, es decir, sus favoritos. Estos argumentos son los mismos que ahora esgrimen los funcionarios del gobierno de Trump, como el jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, y algunos funcionarios de la Unión Europea, para descalificar las legislativas venezolanas. Y son los argumentos que también repite Guaidó.

El papel de este personaje es realmente triste y penoso. Sus declaraciones parecieran una traducción al español de los tweets de Pompeo. Un día este escribe “Venezuela’s electoral fraud has already bien comitted”, y horas más tardes Guaidó declara en conferencia de prensa “El fraude ha sido consumado”, literalmente. Y más que una mera coincidencia de posiciones, el político opositor venezolano y sus representantes parecen cumplir así las funciones por las que están siendo pagados por un gobierno extranjero. Así lo sugiere el periódico británico Financial Times, cuando informó días atrás que varios representantes de Guaidó se quejaban amargamente porque aún no habían recibido la paga que esperaban de fondos estadounidenses. Para calmarlos, Elliot Abrams, un oscuro personaje de la era Reagan y actual funcionario del gobierno de Trump, declaró que la situación sería resuelta antes que finalice diciembre. Así que estos personajes podrán tener unas buenas navidades, aunque no se les haya cumplido el sueño de destruir al gobierno bolivariano.

Pero más allá de esos detalles que podrían resultar anecdóticos, en esta situación existen otros elementos de fondo y mucho más relevantes para el derecho internacional que no debemos pasar por alto.  En primer lugar, es importante preguntar quién ha otorgado a Estados Unidos y a la Unión Europea la atribución de calificar como adecuado o no un proceso electoral realizado en un país independiente. ¿Dónde queda el derecho de los pueblos  a la autodeterminación, que es en el que se basa todo el entramado del derecho internacional, tal como lo reconoce Naciones Unidas? ¿Y qué del principio de no intervención en los asuntos internos de otros países?  Los venezolanos y las venezolanas se ganaron a pulso, desde hace dos siglos, el derecho a elegir a sus propios representantes, y ya es hora de que las naciones económica y militarmente poderosas entiendan eso. Por mucho que no les guste la forma en que el pueblo venezolano arregla sus asuntos, es algo que deben respetar.

Por otra parte, más allá de las deficiencias o las virtudes que haya tenido el ejercicio electoral venezolano, otro punto que hay que señalar es la paradoja que existe entre los problemas que enfrenta el propio sistema político electoral estadounidense, que a más de un mes de las votaciones aún no declara oficialmente al candidato ganador, y los reclamos que el gobierno Trump hace a las autoridades venezolanas.  ¿Con qué derecho y autoridad moral pueden los estadounidenses  cuestionar  procesos electorales en otras partes del mundo?

 

Tal como lo ha señalado el ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, una voz sensata en medio de la diatriba internacional anti venezolana, de continuar con su posición, estadounidenses y europeos se encontrarán ante el absurdo de considerar como presidente de los venezolanos a una persona que según la Constitución Venezolana dejará de ser representante electo el próximo 5 de enero. Entonces atestiguaremos una graciosa situación en la que el gobierno de Trump, que ya no será gobierno, seguirá reconociendo como “presidente” a Guaidó, quien en realidad nunca ha sido gobierno.

*Guillermo Fernández Ampié es un periodista nicaragüense con doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).