OSCAR VIGIL / TORONTO /
“Soy ciudadana canadiense y estoy pidiendo que mi esposo no sea deportado el 26 de febrero del 2020 para que su solicitud (de residencia) por razones humanitarias y de compasiva pueda ser revisada”. Con estas palabras inició Marilyn Alvarez una angustiosa campaña pública para detener la deportación de su esposo colombiano Wilson Cordero. Y sus esfuerzos fueron recompensados ya que el día antes en que debía ejecutarse la deportación, esta fue detenida por orden de un juez.
Wilson, junto con su madre Martha y su hermano menor Andrés, huyó de Colombia luego de ser perseguido y amenazado por un miembro de un grupo guerrillero. Wilson, su madre y su hermano viajaron a los Estados Unidos y el 6 de marzo de 2016 se presentaron en la frontera de Canadá en Buffalo para solicitar refugio. Pero el oficial fronterizo les dijo que no podían hacer la petición debido al Acuerdo del Tercer País Seguro que existe entre Canadá y los Estados Unidos, y dado que no tenían ningún miembro de la familia en Canadá con lo que pudieran cumplir con una de las excepciones del tratado.
Wilson y su familia quedaron devastados por esta respuesta, y fueron obligados a firmar un documento de exclusión que les negaba la búsqueda de asilo y la entrada a Canadá durante doce meses. Después de firmar este documento, fueron entregados a la policía fronteriza de los Estados Unidos, pero, debido a que sus pasaportes y visas aún eran legales y válidos durante seis meses, se les permitió permanecer en los Estados Unidos.
Pero cuatro meses después, Wilson y su familia ingresaron de forma irregular a Canadá a través de Newport Vermont y fueron capturados por la policía fronteriza en el distrito de Stanstead de Saint Francois, en la provincia de Quebec. Fueron interrogados y encarcelados en la prisión de Laval del 10 al 19 de julio por haber cruzado la frontera después de cuatro meses en lugar de los doce meses indicados en el documento de exclusión que se vieron obligados a firmar. Fueron liberados después de dos audiencias y una fianza de $5,000 pagada por el compañero de su madre, Martha.
Tras ser liberados, solo se les dio el derecho de presentar una solicitud de PRRA (Pre Removal Risk Assessment), que presentaron el 9 de agosto de 2016 y que les fue negada el 16 de noviembre de 2016. Luego, el 31 de enero del 2017 presentaron una apelación al PRRA, pero también les fue denegado el 18 de abril de 2017.
Acudieron a la corte para pedir que los dejaran quedarse en Canadá mientras apelaban su caso, pero finalmente el caso fue rechazado y se les dio libertad condicional de dieciocho meses, horas de servicio comunitario y una multa de $500 a cada uno, pero sin antecedentes penales, por haber desobedecido la exclusión que firmaron.
Para entonces, la pareja de Martha, José, la patrocinó a ella y a su hijo Andrés, por lo que pudieron obtener la residencia permanente en Canadá. Pero debido a que Wilson tenía más de veintidós años no pudo ser incluido en la solicitud de patrocinio de José, por lo que presentó una solicitud de residencia por razones humanitarias y de compasión el 31 de mayo del 2018.
Estas solicitudes tardan treinta y un meses en completarse y no detienen la deportación, y en diciembre del año pasado Wilson recibió una orden de expulsión del país. Tuvo una cita con un oficial de inmigración el 15 de enero del 2020 y este le dijo que tenía treinta días para abandonar el país.
Ahí fue cuando Marilyn lanzó su campaña. “Solo pensar en eso (en la deportación) me da ganas de llorar porque acabo de comenzar una familia con él, queremos tener hijos, queremos tener una vida juntos, él quiere ir a la escuela, quiere trabajar, todos nuestros sueños simplemente nos los quitan”, dijo Marilyn.
Cuenta que cuando conocí a Wilson “su alma generosa, trabajadora y amorosa capturó mi corazón. Ambos sabíamos que nos habíamos encontrado con las almas gemelas y pronto comenzamos a hablar, planificar y soñar con el día de nuestra boda”.
Así, la deportación de Wilson significaba que tendrían que poner todos sus sueños y su relación en espera, y que la vida que habían comenzado a construir juntos seria destruida.
Si Cordero hubiera sido regresado a Colombia, la solicitud de residencia por razones humanitarias y de compasión hubiera continuado válida y se tendría que haber decidido si se le otorgaba o no. Pero su abogado dice que hay una gran diferencia en la probabilidad de aprobación una vez que alguien está fuera del país.
“La tasa de aprobación para estas solicitudes, cuando la persona está en Canadá en estos días se acerca al 60 por ciento, pero una vez que alguien es deportado, la solicitud tiene una tasa de éxito de menos del cinco por ciento, una de las razones es simplemente porque la persona ya no está aquí”, dijo el abogado de inmigración y refugio Richard Wazana.
Pero exactamente un día antes de la fecha de deportación, Wilson Cordero tuvo una audiencia ante un juez que decidió que se podía quedar en el país a la espera de una resolución ante su solicitud de residencia por razones de humanidad y compasión.
Marilyn no pudo estar mas feliz: “¡Hoy presentamos nuestro caso ante un juez y ganamos! Mi esposo no se irá de Canadá mañana, ahora avanzaremos y esperamos que su solicitud humanitaria y compasiva se resuelva y apruebe. Muchas gracias por todo su apoyo y amor. ¡No podemos dejar de llorar de lágrimas felices! Gracias”, escribió a los seguidores de su campaña.
