FRANCISCO REYES / TORONTO /
La suspensión de las elecciones municipales ha creado un clima político confuso en la República Dominicana, pese a que se ha actuado con suma rapidez con el llamado a nuevas elecciones para el 15 de marzo.
El domingo pasado, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) se vio en la necesidad de suspender las votaciones programadas para ese día, debido a fallas técnicas en el sistema del voto automatizado.
De acuerdo con JCE, todo estaba preparado para las elecciones, pero temprano de la mañana en algunos colegios electorales el sistema no “arrancaba”. En otros puestos de votación la situación era aún peor debido a que en la boleta electrónica no aparecían los rostros de los candidatos opositores.
En noviembre del año pasado se había acordado celebrar las elecciones con el voto computarizado en las principales ciudades, mientras que en los pequeños municipios se realizaría con la boleta física. En esos lugares no hubo problemas.
Delegados de los partidos de la oposición se presentaron en la sede de la JCE alegando que se había montado un fraude y exigieron la suspensión de los comicios en todo el país. Antes del mediodía, la JCE anunció la cancelación de las votaciones.
Miembros del gobernante Partido de la Liberación Dominicana se reunieron de emergencia y tras la reunión su presidente declaró a la prensa que se había tratado de un sabotaje.
La reacción del pueblo dominicano, de algunos líderes opositores y de miembros de la prensa no se hizo esperar. En distintas manifestaciones de protesta exigían la renuncia de Julio César Castaños y todos los miembros del alto tribunal electoral, al tiempo que pedían la eliminación del voto electrónico una vez fueran convocadas las elecciones extraordinarias, según la ley electoral 15-20.
Según analistas políticos, el sabotaje se produjo a la democracia dominicana, al ser suspendidas las elecciones del domingo, tras descubrirse un alegado fraude abortado que favorecería al candidato presidencial del partido gobernante, Gonzalo Castillo, con miras a las elecciones generales del 17 de mayo.
Nadie sabrá con exactitud si se trató de sabotaje o de fraude abortado, o de ambas cosas a la vez. Pero, en la confusión creada, altos dirigentes del PLD han pedido castigar a los culpables. En efecto han sido apresados como presuntos autores un técnico de una empresa de comunicaciones y un coronel de la Policía Nacional que fungía como seguridad del candidato opositor Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno.
El alegato más generalizado es que el PLD hace todo lo posible para preservar el poder debido a la corrupción que ha imperado en las cinco administraciones gubernamentales que han tenido el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente Danilo Medina.
Los exmandatarios y funcionarios de sus respectivos gobiernos han sido acusados de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito con dinero del Estado, participación en el famoso esquema de sobornos de Odebrecht, venta irregular de empresas estatales, apropiación de terreros del Consejo Estatal del Azúcar y alianza con el narcotráfico internacional, convirtiendo a la República Dominicana en un narcoestado.
Las autoridades de los Estados Unidos han suspendido el visado y congelado propiedades y cuentas bancarias a unos 39 miembros del comité político del PLD, y sindican a funcionarios del gobierno de Danilo Medina con el narcotráfico.
En el caso de Odebrecht, la fiscalía de Brasil ha implicado a por los menos una docena de funcionarios del gobierno, pero la Procuraduría General de la República Dominicana no ha llevado a ninguno de ellos a la justicia, creando un régimen de impunidad.
Dado que los altos dirigentes del partido oficial PLD no quieren enfrentar la justicia tanto local como en los Estados Unidos, han creado el clima de impunidad y por eso hacen todo lo posible por mantenerse en el poder recurriendo al fraude electoral.
En tal sentido, como ya lo habían hecho con las elecciones fraudulentas de mayo del 2016, que otorgó un 62% de la votación para reelegir al presidente Danilo Medina, arrancándole el triunfo al opositor Luis Abinader, era evidente que a través de la JCE impondrían, aunque de manera parcial, el voto electrónico en las grandes ciudades del país, donde se concentra la mayor parte de los votantes.
La suspensión de las elecciones municipales ha creado un clima de incertidumbre en todo el país y los votantes han perdido la credibilidad en los miembros de la JCE a quienes acusan de ser cuadros políticos del PLD, como en efecto se ha comprobado, al nombrar a reconocidos dirigentes del PLD en el tribunal electoral.
La noche del lunes, el presidente Danilo Medina se dirigió a la nación pidiendo la cordura y recomendando a la JCE atender los reclamos de los ciudadanos. Es decir, convocatoria a nuevas elecciones para el 15 de marzo y la eliminación del voto electrónico, como en efecto se ha acordado, que se utilice la boleta física.