Nayib Bukele: el presidente latinoamericano mejor evaluado que puso en riesgo la democracia salvadoreña

LUISA MONCADA/@LuiMoncada / TORONTO.

El 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele escribió su nombre en los libros de historia de El Salvador y ocupó los titulares a nivel mundial. Un “Millennial” que, con solo 37 años, se convirtió en el presidente más joven y el mejor evaluado en América (Mitofsky, Sept 2019); terminó con casi 30 años de bipartidismo político en su país.

Desde entonces, Bukele ha gobernado El Salvador desde su “despacho virtual”, con sede en su cuenta de Twitter. Con 1.3 millones de seguidores en esta red social, el gobernante ha pasado de twittear ordenes de contrataciones y despidos de las dependencias del Estado, a autoproclamarse “el presidente más cool del mundo”. 

El hartazgo de la ciudadanía ante la corrupción política y las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad que vive el país más pequeño de Centroamérica, son el terreno fértil para el gobierno del joven presidente.

Actualmente, Nayib Bukele cuenta con altos niveles de aceptación, las encuestas califican su trabajo con una nota de 7.8 (UCA, enero 2020).

El Salvador cerró el 2019 con el menor número de homicidios en 27 años: casi 4 muertes diarias, frente a los 8,91 homicidios que se registraron en junio, mes en que el nuevo gobierno asumió el poder. Sin embargo, las cifras de desaparecidos continúan siendo un verdadero reto: por cada 5 homicidios, hay 8 personas desaparecidas y El Salvador continúa siendo el país con mayor cifra de desapariciones forzadas en el mundo, aún por encima de países en guerra como Irak y Siria (informe de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, enero 2020). 

Pero a un año de iniciado su mandato, el estatus de “celebridad de talla mundial” de Nayib Bukele, se enfrenta a su primer gran desafío. El temor que ha generado entre organizaciones mundiales de derechos humanos de que su llamada “nueva forma de gobernar”, sea más bien una muy vieja y tristemente conocida para América Latina: el populismo y autoritarismo que caracteriza a los gobiernos dictatoriales. 

 Absolutismo

La estrategia de marketing político y mediático de Bukele se desequilibró luego que el domingo 9 de febrero decidiera ingresar a la Asamblea Legislativa acompañado por un amplio batallón de militares y policías armados con rifles de asalto. Su objetivo fue poner un ultimátum y forzar a los diputados a aprobar un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares, que, según su gobierno, servirá para financiar la tercera fase del plan de control territorial con el que ha prometido poner fin a la violencia que caracteriza a la nación centroamericana.

Sin embargo, la crisis institucional inició el 6 de febrero cuando convocó a todos los diputados, a través de su Consejo de Ministros, a una sesión extraordinaria para domingo. Su iniciativa fue rechazada por la mayor parte de los parlamentarios, que consideraron que se trataba de una medida que rompía con el orden constitucional y la independencia de poderes. Los legisladores aseguran que no han dado los votos para la aprobación del crédito, porqué el Gobierno no ha logrado explicar bien el destino que tendrán los fondos.

El Salvador está regido por un sistema de pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El domingo, el presidente Bukele llegó a la Asamblea Legislativa pero solo 20 de los 84 diputados respondieron a su convocatoria. Entonces, usurpó el asiento del presidente del órgano Legislativo para decir una frase clave: “Esta claro quien tiene el poder acá”. Ese día acusó a los ausentes de “sin vergüenzas” y de “negociar con las pandillas”: “Estos delincuentes de la Asamblea Legislativa, no quieren aprobar dinero que no es de ellos, si no para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño”, enfatizó.

Al ver sus intenciones frustradas, el mandatario oró y aseguró que Dios le había respondido: “Podemos apretar el botón si queremos, pero Dios me dijo que tuviera paciencia”, dijo el mandatario al salir del parlamento y dirigir una concentración frente a cientos de sus seguidores, que, convocados por él, aguardaban en las afueras de la Asamblea Legislativa. 

Bukele terminó su discurso abriendo la puerta para que, de no ser aprobado dicho préstamo dentro de una semana, la ciudadanía haga uso del artículo 87 de la Constitución de la Republica y se declararan en insurrección. Horas más tarde, en una entrevista con el diario El País, de España, el presidente volvió a asegurar que los salvadoreños quieren insurrección: “El pueblo se enojó cuando pedí calma”, se lee en el reporte. Al mismo tiempo el mandatario se defendió de quienes lo acusan de tener actitudes dictatoriales: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía”, sostuvo.

Condena nacional e internacional

La estrategia de Bukele fue duramente criticada por la comunidad internacional. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó el hecho como una “exhibición de fuerza bruta”, y sostuvo que “usar la religión en política es una de las formas típicas de los autócratas”.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, dejó claro que no aprobaba la presencia de fuerzas militares en la Asamblea e instó a las partes a “dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma”. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, consideró que lo acontecido el domingo fue un intento de “golpe de Estado” y dijo que no responderán a lo que el ejecutivo pide mientras los tenga “con una pistola en la frente”.

Ponce también rechazó las acusaciones de Bukele y le recordó que en los últimos 60 días la Asamblea Legislativa ha aprobado 465 millones de dólares destinados exclusivamente a la cartera de seguridad y que el presupuesto general de la nación para el presente año contempla 900 millones de dólares para la misma. 

¿Qué está en riesgo?

Ahora son muchos los que temen que la demostración de poder e imposición de fuerzas no solo sea un intento de forzar la aprobación de estos fondos, sino también una señal de alerta de un mandatario que busca un pretexto para gobernar El Salvador, en el mismo camino del autoritarismo que ya preocupa a la región latinoamericana.

Por ejemplo, la Universidad Centroamericana (UCA) consideró que la “superficialidad” con la que el presidente abordó el tema de la insurrección puede ocasionar que otros comiencen a hablar de insurrección contra el ejercicio de cualquier otro poder del Estado. “La violencia comienza siempre por las palabras. Y el Ejecutivo está para limitar la violencia, no para promoverla”, puntualizó el centro de enseñanzas superior.

El politólogo Álvaro Artiga cree que la tensión creada por el presidente no es por la aprobación del préstamo, sino porqué “pretende cambiar la Constitución”. Algo que con sus altos niveles de aceptación ciudadana podría llegar a suceder. 

Por su parte, la abogada constitucionalista Erika Saldaña, dice que las consecuencias de lo sucedido para el estado de derecho “son peligrosas”, y que las declaraciones del presidente abonan a conflictos institucionales que califica de “innecesarios”.

Para la defensora de Derechos Humanos, Bessy Ríos, lo sucedido es “un retroceso que dejó claro que, en El Salvador, las instituciones no funcionan para contener a los gobernantes de turno”.  Ríos opina que el problema de seguridad del país no se resolverá con el ejército en las calles, al contrario, urge a que la Fuerza Armada sea disuelta y esos fondos se entreguen las carteras de salud y educación.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, en una entrevista para BBC Mundo condenó el “ostentoso” despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y señaló que esto “nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país”.

Desde Canadá, el analista político para temas latinoamericanos, Sean Faulkner, coincide con lo dicho por Rosas. Faulkner consideró que uno de los mayores logros de los Acuerdos de Paz en El Salvador fue justamente la separación completa del Ejercito con el Estado, “pero cuando hay un presidente que tiene muestras de poder e intimidación, es realmente preocupante. Él está intimidando al Legislativo y eso recuerda mucho a las dictaduras militares. Sé que grupos de derechos humanos están preocupados porqué esto sucede solo a un año de que él esté en el poder y esta es una situación que puede empeorar muy rápidamente. La represión no es un fenómeno único en El Salvador, en varios países de Latinoamérica en las que ha habido dictaduras, el patrón ha sido el mismo”, sentenció el también docente universitario.

Los atentados a la libertad de expresión también se han convertido en una crítica constante al gobierno de Bukele. Él ha negado el acceso a sus conferencias de prensa a aquellos medios a los que él considera sus detractores. Sus seguidores han amenazado y acosado a los periodistas que publican noticias que afectan al presidente. Y el domingo, en la Asamblea Legislativa, policías y militares obstruyeron el trabajo de por lo menos cinco equipos de noticias.

El sucio lastre de la corrupción

La negativa de los diputados de aprobar los fondos destinados a la tercera fase del plan de control territorial de Bukele, se da luego de que se conociera que, de estos 109 millones de dólares, 25.9 se destinarían para comprar sistemas de video vigilancia.

La oposición salvadoreña cree que la compra de estos sistemas de video vigilancia podría estar relacionados al viaje privado a la ciudad de México que la empresa SeguriTech costeo en octubre pasado al Viceministro de Justicia y Director de Centros Penales, Osiris Luna.

La información sobre quien pagó el viaje a Luna ha sido hasta hoy el secreto mejor guardado en el gobierno de Bukele, incluso a través de la Unidad de Acceso a la Información de la Dirección General de Centros Penales se mintió, haciéndole creer a la opinión pública que el viaje fue pagado por una ONG, versión que luego fue desmentida por una investigación del Periódico Digital El Faro.

En México, la empresa SeguriTech tiene por lo menos seis denuncias abiertas por presuntas irregularidades en contratos adquiridos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El rector de la UCA, Jose Maria Tojeira, explicó en una entrevista a un medio digital que “Los diputados solicitaban más información y al presidente le urgía la aprobación. Siempre en estos proyectos hay discusiones de ‘a quién le van a hacer la compra’ porque hay compañías que tuvieron privilegios y favoritismo de parte de gobiernos anteriores”.

La Ley de Ética Gubernamental salvadoreña prohíbe que funcionarios acepten viajes o dadivas de privados por posibles conflictos de interés. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene en estudio un proceso sancionatorio contra Osiris Luna por no dar a conocer la información de su viaje.

Un hecho con tristes antecedentes

El episodio protagonizado por Bukele nos recordó que, en al menos tres ocasiones, Latinoamérica se ha enfrentado a escenarios similares: en 1973, el entonces presidente Uruguayo Juan María Bordaberry logró disolver el órgano legislativo. En 1992, Alberto Fujimori cerró el congreso peruano y encabezó un autogolpe de Estado porque la Cámara de Senadores inició una investigación contra su persona por presuntas violaciones a los derechos humanos. La experiencia más reciente, fue en 2017, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro quitó todas las atribuciones a la Asamblea Legislativa, para que sus facultades las atendiera la Asamblea Nacional Constituyente que pretendía gobernar de manera absolutista.

Los tres personajes arriba recordados están ya en los libros de la historia Latinoamericana bajo la etiqueta de dictadores. Bordaberry y Fujimori incluso pagaron con cárcel por atentar contra el orden constitucional, desapariciones forzadas y demás violaciones a los derechos humanos. Ahora está en manos de Bukele definir si en los cuatro años que le restan de mandato seguirá optando por la receta autoritaria o enmendará su papel en los libros de historia salvadoreña.

*Luisa Moncada es una periodista salvadoreña con más de 16 años de experiencia. Corresponsal de la Agencia Internacional Voz de la Diáspora en Toronto, Canadá.

FOTO: Yaneth Estrada, Agencia Internacional Voz de la Diáspora