OSCAR VIGIL / TORONTO /
En una decisión muy celebrada por los organismos defensores de los inmigrantes y refugiados, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que los solicitantes de refugio que llegan al país y son encarcelados, tienen el derecho de impugnar su encarcelamiento prolongado ante un juez del Tribunal Superior.
La decisión fue tomada en una votación de 6-1 a favor, en el caso de Tusif Ur Rehman Chhina, un ciudadano paquistaní que impugnó su detención prolongada en un centro de detención preventiva de máxima seguridad en Calgary, provincia de Alberta. Fue detenido porque fue considerado un riesgo de seguridad.
Tal y como establecen las normas de refugio en Canadá, su caso fue revisado con cierta regularidad por un tribunal de inmigración, que repetidamente ordenó que continuara su detención debido a lo que consideró como un riesgo de fuga si el detenido era puesto en libertad.
A pesar de que Chhina fue despojado de su condición de refugiado y deportado a Pakistán en el año 2017, la Corte Suprema del país aceptó escuchar su caso porque rara vez decide sobre el antiguo recurso legal conocido como “habeas corpus”, que es el derecho a que la validez de una detención sea revisada para determinar si es legal o no. El principio está consagrado en la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
El fallo de la Corte Suprema dado a conocer el fin de semana anula una excepción que obliga a los migrantes sin ciudadanía canadiense a impugnar la detención por motivos migratorios únicamente a través de los tribunales de inmigración o de una revisión judicial federal.
Eusebio García trabaja para el Comité para Refugiados de los Cuáqueros, en Toronto, y asegura que la decisión de la Corte Suprema de Canadá es una victoria para las organizaciones humanitarias y para el grupo de abogados que ha estado históricamente propugnando por ese derecho.
“Es un avance en la dirección correcta y es una buena noticia para las personas que se van a beneficiar, ya que están encerradas sin haber cometido ningún delito sino simplemente porque las autoridades decidieron encerrarlos. Sin haber ningún juicio en contra de ellos a veces los condenan a estar encerrados sin tener acceso a ningún tipo de ayuda para que puedan salir del encarcelamiento”, explicó.
Eusebio García es un trabajador comunitario que todos los jueves visita el Centro de Detención Migratorio de Toronto y explica que cuando una persona es detenida en un puerto de entrada al país generalmente la envían al centro de detención migratorio mientras se resuelve su situación, pero si las autoridades deciden mantenerlos detenidos por un tiempo prolongado, los envían a las cárceles provinciales.
Esta es una situación injusta, plantea García, quien asegura que, aunque el número de personas detenidas por este tipo de situaciones de origen latinoamericano no es muy elevado, “al final, una persona detenida ya es mucho… es una cuestión de justicia”.
Por su parte, el secretario general de Amnistía Internacional Canadá, Alex Neve, dijo que “el derecho a la libertad es un derecho humano fundamental. Esta decisión reivindica a los inmigrantes detenidos a quienes se les ha negado su libertad durante años y años sin ninguna posibilidad significativa de desafiar esa injusticia y recuperar su libertad”.
El Consejo Canadiense para los Refugiados (CCR), organización de la que García es miembro, explicó también que los detenidos no siempre reciben una audiencia imparcial en el sistema migratorio del país, y que el encarcelamiento puede tener serias repercusiones.
“La detención a menudo tiene efectos devastadores, incluso cuando es solo por un período corto, en particular para los niños, los solicitantes de refugio, las personas traficadas y las personas que sufren problemas de salud mental”, planteó.
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