OSCAR VIGIL / TORONTO /
Las protestas, las consignas y los disparos han menguado en Nicaragua luego de que explotaran hace exactamente un año, sin embargo, el conflicto sigue latente y la comunidad internacional continúa presionando.
La semana pasada se conoció que el gobierno canadiense calladamente suspendió toda la ayuda directa a Nicaragua, basándose en lo que considera “el deterioro de la situación de los derechos humanos” en la nación centroamericana bajo la presidencia del ex comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega.
La suspensión ocurrió el verano del año pasado y afectó una serie de proyectos que van desde electrificación rural hasta prevención de embarazos en jóvenes, los cuales estaban siendo financiados directamente por Canadá por un valor aproximado de $60 millones.
El conflicto nicaragüense inició exactamente el 18 de abril del año pasado, cuando varios miles de personas salieron a las calles para protestar contra una reforma al sistema de seguridad social adoptada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, la que luego derogó, y que hoy ha escalado en un forcejeo por el control del gobierno.
Como resultado de este enfrentamiento que se ha desarrollado tanto en el frente interno como en el internacional, entre 200 y 500 personas han fallecido y entre 300 y 700 están en la cárcel, dependiendo de quién es la fuente que proporciona los datos.
Nicaragua pasó así, de la noche a la mañana, de ser uno de los países políticamente más estables y de mayor crecimiento económico en América Latina a convertirse en un campo de batalla periódico y en un ejemplo más de la lucha por el control político, económico e ideológico en el continente.
“Es una situación muy compleja y hay muchos factores influyendo. También hay un interés de sectores vinculados a la política estadounidense que quieren acabar con el gobierno de Ortega, porque lo miran como un aliado del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que derrocar al gobierno de Ortega debilitaría aún más al gobierno del presidente Maduro, que es quien verdaderamente interesa al gobierno estadounidense por los enormes recursos naturales y la riqueza que tiene el subsuelo venezolano”, dice el periodista nicaragüense Guillermo Fernández.
Fernández fue el editor de la revista Barricada Internacional en la década de 1990 en Nicaragua y actualmente es profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estuvo de visita en Toronto participando en un foro internacional y aprovechó la ocasión para analizar la situación política y social de su país de origen.
“Nicaragua vive una situación de crisis, hay una tensión entre fuerzas políticas opuestas, entre el gobierno constituido legalmente y un sector de la población bastante reducido que quiere forzar a que se realicen elecciones anticipadas, una exigencia que han venido planteando prácticamente desde que el presidente Daniel Ortega se reeligió en el 2011. Hay un sector de la oposición que nunca aceptó el retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y mucho menos del comandante Ortega nuevamente a la presidencia”, dice el periodista, tratando de resumir lo que está sucediendo en su país.
Pero explica que dicha crisis en buena medida ha sido controlada, pues si se comparan los incidentes que se dieron el año pasado, en los que hubo mucha violencia y mucha confrontación, con lo que está sucediendo ahora, un año después, eso ya no se ve, aunque “en cierto sentido esto también podría ser engañoso, porque alguien que no está muy enterado de la situación, si llega a Managua, podría pensar que no está pasando nada o que no ha pasado nada, porque no va a ver señales de una crisis, de una crisis que está latente”.
Dice que algunos observadores y analistas sostienen que con los eventos de año pasado hubo un despertar de la juventud que estuvo adormecida y que comienza a interesarse y a involucrarse en la política y que comienza a exigir una democracia.
“A mí me parece que mas bien como que hay un retroceso, porque estamos casi en conflictos similares a los del siglo 19 cuando estos grupos denominados liberales y conservadores hacían guerras civiles y se enfrentaban únicamente por detentar el poder, por asumir el gobierno, aunque no había muchas diferencias reales, profundas en términos de programas políticos entre ellos”, asegura.
Explica que realmente en estos momentos las demandas en términos sociales en Nicaragua no se ven, no están, por lo que las actuales luchas y confrontaciones que se ven difieren mucho de las confrontaciones que se dieron en el país centroamericano durante los años 60, 70 y 80, e incluso en los 90, donde sectores amplios de la población protestaban contra políticas neoliberales que estaban asfixiando económicamente a la población.
“En este caso, el conflicto es más en orden de quién dirige el gobierno, porque la realidad es que en términos de políticas sociales y de políticas económicas, quien asuma la presidencia no va a poder hacer algo diferente a lo que ha venido haciendo el gobierno de Ortega, que por otra parte ha sido quien ha mostrado en los últimos tres años mayor sensibilidad hacia los sectores más empobrecidos”, apunta.
Fernández plantea que al gobierno del presidente Ortega efectivamente le ha faltada mayor flexibilidad, mayor apertura y más tolerancia hacia el disenso, hacia la oposición que protestaba, porque “la respuesta que se dio a ciertas protestas, a ciertas expresiones de descontento, que eran muy legítimas, contribuyeron a que se creara esta imagen de un gobierno dictatorial, pero hace fata una comisión que investigue esos hechos y que se llegue a la verdad”.
“En algunos casos la policía se excedió, tuvo exceso de fuerza, pero también hay mucha evidencia que demuestra que las protestas no fueron totalmente pacíficas, sino que había mucha violencia y que en ese sentido la policía respondió ante ese fenómeno”, plantea.
Para salir de la crisis dice que deben seguir dialogando y, en su opinión, debería de haber un adelanto de las elecciones, lo cual le permitiría al gobierno o a la oposición legitimarse. “Para apagar completamente la tensión social que existe deberían hacer una especie de referendo revocatorio, debería legitimarse el proceso electoral… porque ambos sectores están asumiendo una posición intransigente”, asegura.
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