OSCAR VIGIL / TORONTO /
Actualmente, las noticias sobre deportaciones que hacen primeras planas generalmente son las que suceden en los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, aquí en Canadá, la campaña de búsqueda, captura y deportación de indocumentados, y particularmente de refugiados fallidos, también hace de las suyas.
Todos conocemos a alguien que conoce a alguien a quien en los últimos doce meses le deportaron a un familiar, amigo o conocido. Y esto se debe a que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency, CBSA) está tratando de acelerar la remoción de los solicitantes de refugio fallidos que aún se encuentran en Canadá, a más tardar el 31 de marzo próximo.
Eso fue lo que prometió a finales del año pasado el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, quien dijo que la CBSA había establecido el objetivo de completar 10,000 deportaciones antes de finalizar el año fiscal 2018-19 (el 31 de marzo del 2019), lo que significaría un aumento del 35 por ciento de lo que ha sido normal en los últimos dos años.
Para ello, Goodale anunció un refuerzo presupuestario de $7.46 millones, a fin de garantizar que todos los solicitantes de asilo que hayan agotado sus vías legales de apelación sean deportados del país.
Sin embargo, la meta podría estar lejos de cumplirse, pues hasta finales del año pasado la CBSA solo había deportado alrededor de 300 de las personas que cruzaron la frontera canadiense de manera irregular y que habían perdido su caso de refugio, y solo tenía listo para sacar del país a otros quinientos más.
Según las estadísticas más recientes dadas a conocer por Global News, el número total de “solicitantes de refugio con llegada irregular fallida” deportados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2018 fue de 298. Otros 534 “casos de remoción procesable” tenían luz verde para la deportación, pero aún no se habían llevado a cabo.
“Hemos indicado que tenemos que acelerar el ritmo en términos de esa actividad. Hemos proporcionado algunos recursos adicionales para que la CBSA realice el trabajo que es necesario”, dijo en su momento Goodale, agregando que “la ley es clara. Cuando se determina que una persona no es elegible para estar en Canadá y ha agotado todas las vías de apelación, queda sujeta a la remoción y CBSA está obligada a expulsar a las personas lo más rápidamente posible cuando se encuentran en esa situación. Y hacen ese trabajo literalmente todos los días”.
Desde 2017, más de 35,000 personas han cruzado la frontera desde los Estados Unidos a través de puntos ciegos, y ya estando en Canadá ha solicitado refugio. El incremento sucedió cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revocó el estatus de protección temporal con que vivían ciudadanos de diferentes países, entre ellos Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Según las estadísticas dadas a conocer, aproximadamente el 65 por ciento de las 24,657 personas interceptadas por la policía solo en Quebec entre el 30 de junio de 2017 y el 3 de junio de 2018 tenían lo que los funcionarios de inmigración llaman “estatus legal en los Estados Unidos antes de sus viajes a Canadá”.
Esto significa que en los Estados Unidos eran residentes permanentes, vivían bajo un estado de protección temporal que expiraría pronto, o tenían una visa de turista vigente. De hecho, el 56% tenía una visa válida de no inmigrante en los Estados Unidos, principalmente nigerianos que obtuvieron visas para viajar legalmente a los Estados Unidos y luego cruzaron la frontera para presentar su solicitud de refugio en Canadá.
Otro siete por ciento, es decir 1,632, tenía ciudadanía estadounidense, que eran en general hijos de ciudadanos no estadounidenses.
Además, 3,937 (16% de los 24,920) solicitantes de refugio interceptados en Quebec entre el 30 de junio de 2017 y el 17 de junio de 2018, “informaron haber solicitado previamente y / o haber solicitado refugio en los Estados Unidos”.
El problema para el no cumplimiento de los objetivos planteados por el ministro Goodale podría estar, según Jean-Pierre Fortin, presidente nacional de la Unión de Aduanas e Inmigración, en que a los oficiales especiales de las fuerzas de seguridad que manejan estas deportaciones no se les informó sobre el plan para establecer objetivos y acelerar el proceso, y mucho menos se les consultó.
Fortin dijo que el personal se enteró de los planes a través de los medios de comunicación.
“El gobierno no creó ningún equipo especial ni contrató nuevo personal para cumplir estos objetivos. (El personal) dice que realmente no entiende o no sabe cómo va a ser factible… en esos momentos ellos ya estaban abrumados en su trabajo, así que cuando vieron eso en las noticias, dijeron que no entendían”, punto Fortin.
Así, desde abril del 2018, cuando comenzó el año fiscal, hasta septiembre del 2018, únicamente habían sido deportados 398 personas, lo que representa apenas el uno por ciento de los mas de 35 mil personas que han llegado al país cruzando la frontera de forma irregular desde los primeros meses del 2017.
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