REDACCION / TORONTO /
Lo que en la pasada campaña electoral parecía ser simple propaganda política, al acusarse al entonces candidato (hoy premier) por el Partido Conservador de Ontario, Doug Ford, de aplicar en la provincia ciertas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya empieza a surtir efecto, creando tensiones en los tres niveles de gobierno de Canadá, en lo que concierne a los peticionarios de refugio.
En su primera reunión oficial con el primer ministro Justin Trudeau, el nuevo premier dijo el pasado miércoles que Ontario no ayudará a los peticionarios de refugio que, temiendo el apresamiento y la deportación en Estados Unidos, cruzan la frontera para buscar asilo en Canadá.
Tras comunicarle al primer ministro que Ontario retira su cooperación para ayudar a los peticionarios de refugio, las palabras de Ford alcanzaron al alcalde de Toronto, John Tory, y al ministro de Inmigración de Quebec, David Heurtel, quienes manifestaron sus desacuerdos con la decisión.
El alcalde John Tory se quejó diciendo que “miles de solicitantes de refugio se encuentran en el sistema de asilo de Toronto, incluyendo 800 personas, entre las que hay muchos niños, que necesitarán un techo, cuando a partir del 6 de agosto ya no puedan utilizar dormitorios temporales en dos colegios universitarios”.
Agregó que la ciudad de Toronto necesita asistencia (provincial y federal) para tratar con la gran cantidad de solicitantes de refugio que llegan a esta urbe. “Esta situación no puede continuar y debe ser resuelta”, se quejó el alcalde John Tory.
Maxim Labrecque, vocero del ministro Heurtel, dijo que el gobierno de Quebec continúa conversando con grupos especiales que trabajan con refugiados y que no sabe cómo la decisión de Ontario afectará las conversaciones. Sin embargo, agregó que el sistema de refugio de su provincia ha alcanzado su capacidad máxima para alojarlos.
Simon Jefferies, secretario de prensa del premier Ford, acusó al gobierno federal de alentar el cruce de la frontera entre Quebec y Estados Unidos para que ingresen en Ontario, “resultando en una crisis habitacional y amenaza a los servicios que la provincia ofrece a las familias”.
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