CHIQUI RAMÍREZ / TORONTO /
El día 15 de julio de 2015 el desmantelamiento de una red criminal en las aduanas guatemaltecas vinculada al actual gobierno del presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Rosana Baldetti desató una ola de protestas pacíficas demandando la renuncia de los gobernantes.
Dichas protestas sin vinculación partidaria ni ideológica de “derecha ni izquierda” se han manifestado desde el 25 de julio a la fecha, incrementando la indignación ciudadana la negativa de Otto Pérez Molina a renunciar a su puesto de presidente de la Republica.
Mayas, mestizos, garífunas y xinkas de diferentes niveles económicos, organizaciones sociales campesinas y obreras, profesionales, estudiantes han llamado a manifestaciones y bloqueos de carreteras los días 24, 25 y 26 de agosto, y al paro Nacional, al cual las corporaciones financieras como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) se oponen.
Dicha red de corrupción llamada “La Línea” ha estado operando por décadas a la sombra de los gobiernos anteriores, llegando a abrir las puertas aduaneras para el narco-tráfico de manera inimaginable en el gobierno de Pérez-Baldetti.
Gracias a la intervención del Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señor Iván Velásquez, y la Fiscal General, Thelma Aldana, del Ministerio Público, se han presentado pruebas para juzgar a los involucrados en ésta red criminal.
El clamor popular en Guatemala motivó la renuncia y la eliminación de la inmunidad de la vice-presidenta Rosana Baldetti y la permanencia de la CCIG para que cualquier persona implicada en estos delitos pueda ser juzgada como manda la ley. La captura de Rosana Baldetti el fin de semana pasado y el inicio del proceso judicial en su contra el lunes 24, las escuchas telefónicas y otras pruebas, están demostrando que el binomio Pérez-Baldetti eran los cabecillas de “La Línea”.
El MP cuenta con 88 mil grabaciones de llamadas telefónicas entre miembros de La Línea, los cuales fundamentan la acusación, señalando a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a “otra persona”, quien se presume es el presidente Otto Pérez Molina, como los mayores beneficiarios de La Línea. De acuerdo con las investigaciones, la estructura se apropió de Q28 millones 556 mil en un año, de los cuales al menos el 50 por ciento era distribuido entre “El 1″ y “La 2″, como les llamaban a Otto Pérez (el 1) y Rosana Baldetti (la 2), según publica La Hora 25/08/2015.
Sin embargo, la población guatemalteca va más allá de la renuncia de Otto Pérez y del juicio a Baldetti, exigiendo Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la independencia del Organismo Judicial, la renuncia de todos los diputados, postergar las elecciones de septiembre 2015 y la creación de una Constituyente.
Los guatemaltecos consideramos que las elecciones de septiembre, de llegar a realizarse, sólo llevarían más delincuentes a gobernar el país que pasa por una de las crisis sociales y económicas más agudas, agregando la delincuencia e inseguridad producto del narco-tráfico avalado por los gobiernos de turno. Los partidos políticos que participan en la campaña electoral tienen vínculos con el narco -tráfico, y los que no, los avalan con su participación.
Vemos con preocupación el aumento de la criminalidad en Toronto y otras ciudades de Canadá, ya que el flujo de drogas hacia este país está relacionado con la red “La Línea” que opera en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de Guatemala.
“La ruta de la droga” cubre México, Guatemala y Colombia llenando de violencia nuestros países con el enriquecimiento ilícito de los narco-estados. El desmantelamiento de “La Línea” abre la posibilidad de detener las drogas con sus consecuencias de criminalidad, muerte, extorsiones, etc., en su disputa de territorios y de nuevos mercados para las drogas.
Solicitamos que el gobierno canadiense tome cartas en el asunto en hechos delictivos que incluyen al presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, con amplio record de violación de Derechos Humanos y crímenes de guerra, a los cuales se les acusa de:
1. Ser parte de una organización criminal internacional.
2. Conspiración para cometer fraude fiscal, defraudación y contrabando aduanero interoceánico.
3. Blanqueo de capitales.
Los guatemaltecos en Canadá demandamos:
a) Al gobierno Canadiense, a los Miembros del Parlamento, al Comité de Relaciones Exteriores, que exijan al Canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales una explicación de los cargos que se le imputan al presidente de Guatemala.
b) Pedimos a las empresas, corporaciones, instituciones, ONGs canadienses una moratoria de las inversiones y donaciones destinadas al actual gobierno de Guatemala.
Aprovecho para invitar a la video-conferencia con analistas guatemaltecos el viernes 28 de agosto del 2015, de las 6 a las 10 P.M., en el local del CUPE-4400 (1482 Bathrusts Street), en donde tendremos tamales, música y discusión política sobre qué hacer desde el extranjero. Seguimos siendo guatemaltecos.
*Chiqui Ramírez, miembro del Colectivo Solidaridad Jun Q’anil, puede ser contactada en ixlajuj@gmail.com