VILMA FILICI / TORONTO /
La noticia en materia migratoria de estos días es que en la Corte de Nueva Escocia se está escuchando evidencia para determinar si el caso de un empleador de la zona de Halifax debe ser procesado judicialmente o no.
A este hombre de negocios, que tenía una compañía de limpieza y traía trabajadores extranjeros al país, se le hicieron 56 cargos en el año 2013 por violar les leyes de Inmigración.
Los acusadores sostienen que este empresario no solamente les aconsejaba a los trabajadores que traía que le mintieran al Departamento de Inmigración cuando hacían su trámite para venir a trabajar a Canadá, sino que además él mismo le mentía al Departamento de Recursos Humanos dando declaraciones fraudulentas en relación a su empresa, a los contratos que tenía con los trabajadores, y a las sumas de dinero que les pagaba.
Hay que recordar que en Canadá los permisos de trabajo se otorgan bajo reglas bastante rigurosas, las cuales en principio buscan satisfacer al Departamento de Recursos Humanos de que en la mayoría de las situaciones los empresarios han tratado de conseguir a los empleados dentro del país y no los han encontrado. Sobre la base de esta lógica, el Departamento de Recursos Humanos otorga el permiso para que la compañía pueda traer a los trabajadores extranjeros.
Pero para que el Departamento de Recursos Humanos otorgue esos permisos, tiene que estar satisfecho también de que el monto de dinero que se le ofrece al trabajador extranjero está en consonancia con el monto de dinero que se le pagaría a cualquier trabajador canadiense o residente permanente con las mismas calificaciones. En otras palabras, el empresario también debe demostrar que está ofreciendo suficiente dinero como salario para atraer a ciudadanos canadienses o residentes permanentes para dicha posición.
Esta dinámica tiene a la base que los programas de trabajadores temporales y extranjeros están diseñados para suplir empleados donde hagan falta en Canadá, particularmente en ciertas especializaciones, y no para que los empleadores traigan trabajadores que los conviertan en esclavos al pagarles mucho menos dinero del que pagarían regularmente, con lo cual obviamente excluirían la posibilidad de darle trabajo a residentes permanentes y ciudadanos canadienses.
Lo que estaba haciendo este empresario era precisamente que les estaba pagando a $3.13 dólares la hora a los trabajadores que traía, cuando el salario mínimo que se les debe pagar es de aproximadamente cuatro veces esa cantidad.
Esta definitivamente es una falta muy grave, no solamente hacia el trabajador, a quien se está explotando, sino que también hacia las Leyes de Inmigración del país y hacia el Departamento de Recursos Humanos de Canadá.
De hecho, la Ley de Inmigración de Canadá tiene una sección que deja muy claro que hay graves penalizaciones para las ofensas que contravengan la ley migratoria, lo que significa que cualquier persona que cometa una ofensa o un delito en contra del Acta de Inmigración o de los reglamentos de Inmigración, va a ser castigado severamente.
Por ejemplo, si una persona, como en el caso de este señor, es encontrada culpable, puede recibir una multa de 100 o 50 mil dólares o puede ser enviado a la cárcel por hasta cinco años. En casos de delitos menores, una persona puede recibir una multa de 10 mil dólares o una sentencia en cárcel de seis meses.
Definitivamente es mejor no mentirle o cometer fraude ante los Departamentos de Inmigración o de Recursos Humanos, pero también es un delito aconsejar a una persona a dar declaraciones fraudulentas.
La ley específicamente dice que cualquier persona que aconseje, ayude o instigue a una persona a directa o indirectamente dar testimonios falsos o a ocultar hechos materiales que tienen relevancia en cualquier tipo de solicitud de Inmigración, está cometiendo un delito. Porque dar declaraciones falsas puede inducir a un Oficial de Inmigración a tomar una decisión que puede ir en contra de la ley.
En el caso de este empresario de Nueva Escocia, él cometió prácticamente todas las faltas posibles dentro de la sección de penalidades de la Ley de Inmigración. No solamente mintió él sino que también aconsejó a los trabajadores a que mintieran. Por eso es que está yendo a la Corte y por eso es que puede terminar pagando una suma alta de dinero o varios años de cárcel.
Definitivamente estas son violaciones muy serias a las leyes canadienses y las personas deben tener mucho cuidado para no involucrarse en este tipo de situaciones. La advertencia no es solamente para los empleadores, porque también los trabajadores se pueden prestar a seguir adelante con los malos consejos de otras personas.
En mi experiencia personal, muchos clientes generalmente dicen que fueron a ver a “x” persona y que esta les dijo que hicieran “x” cosa. Pero si el cliente es consiente de que el consejo que se les está dando lo induce a mentir y sabiéndolo continua con la mentira es responsable de sus acciones y puede sufrir las consecuencias.
Aquí estamos hablando de adultos responsables, de personas mayores de edad que saben la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, por lo que al elegir mentirle al Departamento de Inmigración son ellos mismos quienes están tomando una decisión equivocada. Esta no es la culpa del abogado, del consultor o del empleador, sino que es la persona misma quien es responsable, la ley es clara en que el solicitante es responsable de su proceso y es quien pagara las consecuencias.
Y para los trabajadores también existen penalidades tan severas como las hay para los empleadores, y aún peores, porque es el trabajador el que efectivamente va a terminar siendo deportado de Canadá.
Para evitar este tipo de problemas, los inmigrantes deben tener una buena asesoría, pero además deben escuchar a su asesor, particularmente cuando éste les dice que no hay posibilidades de obtener un permiso de trabajo, la residencia permanente o cualquier otro tipo de estatus migratorio en Canadá y no dejarse llevar por personas sin escrúpulos que venden sueños imposibles de alcanzar.
Los inmigrantes deben tener claro que por medio de mentiras o de fraude no solamente no van a obtener lo que están pidiendo sino que por el contrario, pueden terminar con cargos y seguramente con una orden de deportación que les va a impedir poder regresar a Canadá en un futuro sin antes obtener un permiso especial.
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