OSCAR VIGIL / TORONTO /
La historia no es nueva: pobladores de países latinoamericanos afectados por la extracción de oro en sus tierras, por compañías mineras canadienses, tienen que viajar hasta este país en busca de ayuda. El turno le tocó ahora a comunidades salvadoreñas dañadas por la compañía Pacific Rim Mining, la cual fue adquirida recientemente por la empresa OceanaGold.
Lo han hecho ya los ecuatorianos, guatemaltecos, chilenos, mexicanos, bolivianos y colombianos, y muy pronto con seguridad les llegará el turno también a los dominicanos, hondureños y costarricenses: Pedir a las autoridades canadienses que les ayuden a parar la destrucción ambiental que algunas compañías mineras canadienses están realizando en sus países.
Recientemente, Yanira Cortez, Fiscal Adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), y Marcos Gálvez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES, miembro fundador de la Mesa Redonda Nacional contra la Minería Metálica) viajaron desde El Salvador para visitar Montreal, Ottawa-Gatineau y Toronto, en busca de ayuda.
Los representantes salvadoreños se reunieron con miembros del Parlamento, con funcionarios del gobierno federal, con organizaciones defensoras del medio ambiente y con la comunidad de origen salvadoreña y latinoamericana en estas ciudades, para solicitar apoyo en su lucha contra la explotación de la minería metálica en su país.
“Hemos venido a contextualizar el tema de la minería metálica y cómo este tema ha sido manejado en El Salvador, y cómo el estado salvadoreño por medio del gobierno actual ha impedido que se desarrolle este proyecto de minería metálica”, explicó Yanira Cortez, para luego explicar las consecuencias que esa defensa del medio ambiente le ha traído a su país: una demanda internacional.
Dijo que el estado salvadoreño se encuentra en este momento en un proceso arbitral que comenzó en el año 2009, cuando la empresa canadiense Pacific Rim Mining, ahora adquirida por la empresa OceanaGold, demandó a El Salvador ante un tribunal arbitral, el Centro Internacional de Arreglos Relativos a las Inversiones (CIAL), con sede en Washington, en el Banco Mundial, por 301 millones de dólares.
“Después de estos seis años de proceso estamos prontos a conocer el resultado, que será un laudo, que es la sentencia que emite el tribunal arbitral, y hay posibilidades de ser condenados como Estado”, explicó Cortez, abogada que labora en la PDDH.
Por su parte, Gálvez, quien trabaja directamente con las comunidades rurales afectadas por el proyecto minero, dijo que si bien 301 millones de dólares podría ser una cantidad poco significativa para un país como Canadá, el efecto que este desajuste económico podría tener en El Salvador, si el fallo arbitral favoreciera a la empresa canadiense, seria significativo.
“Esta situación nos tiene en una condición de presión, porque si llegamos a perder el caso vamos a tener una reducción importante en los programas sociales como en educación, salud y seguridad pública, porque ese dinero que se podría invertir se va a tener que pagar a la empresa, sin que esta haya invertido esa cantidad de dinero, simplemente porque cree que en el país hay oro, lo han identificado y se creen dueños de este oro y por tanto si no se les permite extraerlo hay que pagarles por no hacerlo. A esto nosotros le llamamos extorsión”, apuntó.
En este sentido, Gálvez explicó que vinieron a Canadá a dar a conocer la posición de El Salvador, y especialmente de las organizaciones y comunidades afectadas por la industria minera, “para que desde aquí también puedan hacer algún tipo de educación al público así como también puedan poner presión a las empresas, a las que están llegando a nuestro país, porque la mayoría tienen sede en Canadá y por tanto la población de Canadá así como los funcionarios también pueden ayudarnos a dar a conocer el tema para que se retiren del país estas empresas que van a afectar gravemente la situación de vida de la población.
Ilustró que en El Salvador la industria minera es altamente contaminante porque las zonas donde están establecidos los proyectos prácticamente están integradas a las cuencas hídricas más importantes del país, lo cual generará mucha contaminación dado que la industria minera utiliza grandes cantidades de agua.
“Van a hacer minería a cielo abierto, y esto afecta gravemente porque utilizan toneladas de cianuro en sus proceso de producción, y entonces la población va a tener que desplazarse, no va a poder vivir en esos territorios, y no tienen hacia dónde ir. Hay una resistencia fuerte de las comunidades a este tipo de industria, no porque estén en contra de la minería como tal, sino por las afectaciones que vamos a tener en nuestro país”, expresó.
Yanira Cortez y Marcos Gálvez se reunieron en Toronto con más de medio centenar de personas interesadas en la temática, a quienes invitaron a que se informaran a fondo sobre la problemática en el país centroamericano y que se pronunciaran con los políticos y funcionarios del gobierno canadiense a fin de que estos intervengan para que las mineras canadienses en El Salvador, y en específico Pacific Rim Mining / OceanaGold, cesen su “extorsión” contra el estado salvadoreño y se retiren del país.
“Venimos a plantear esta preocupación en el pueblo canadiense y en la población salvadoreña aquí en Canadá, para que conozcan la situación ambiental que tenemos, para poder elevar nuestra voz para que se escuche cual es la posición de la población salvadoreña, y que de manera informada nos podamos pronunciar”, finalizó.
*Oscar Vigil puede ser contactado en oscarvigil2015@gmail.com
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