Organizaciones comunitarias analizan políticas migratorias canadienses

LUIS ALBERTO MATA* / HALIFAX /
Culminó con éxito la Consultación de Primavera del Consejo Nacional de Refugiados (CCR) en la ciudad de Halifax. Esta importante reunión tuvo representación de casi todas las provincias y territorios de Canadá, con poco más de 100 activistas y defensores de derechos humanos, trabajadores sociales y de asentamiento, reconocidos abogados defensores de refugiados, investigadores sociales, profesores, y un numeroso grupo de refugiadas y refugiados cuyo testimonio y experiencias enriqueció significativamente las deliberaciones.

El Artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas vigente desde 1951, definió contundentemente el término “refugiado”. Y a los efectos de esa Convención, el término “refugiado” se aplica a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

El gobierno conservador del señor Harper y su ministro de Inmigración están en la práctica desconociendo la Convención, una vez han intensificado la aplicación del proceso de Cesación. Más de 178 casos en proceso, y la amenaza de abrir centenares de nuevos casos han prendido las alarmas de los defensores de derechos humanos en Canadá.

La Cesación consiste en abrirle un proceso de despojo del status de refugio y/o de persona protegida por parte de la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB por sus siglas en inglés), a quienes habiéndolo obtenido y una vez recibieron la residencia permanente, han viajado a su país de origen ya sea por una corta visita inclusive realizada años atrás. La Agencia Canadiense de Servicios de Frontera (CBSA por sus siglas en inglés) trabaja estrechamente con el IRB para hacer estas aplicaciones.

En el evento de Halifax, se analizaron algunos casos donde el gobierno amenaza con despojar de su status de refugiado y posteriormente su residencia incluso a quienes hayan renovado el pasaporte de su país de origen. Es de aclarar que cuando a la persona se le despoja su status de refugio, inmediatamente se le abre un proceso para eliminar su residencia permanente en Canadá, porque de acuerdo al gobierno, esta fue obtenida al amparo del proceso de refugio, y una vez este ha dejado de existir, sea porque la persona viajó a su país de origen o renovó su pasaporte, estaría con ello renunciando voluntariamente a su protección en Canadá, situación conocida en derecho como “Re-availment”.

El tema es que en su entusiasmo por clasificar casos como “Re-availment”, y poder así ejecutar la “Cesación” del status de refugio, la CBSA ha actuado inapropiadamente al interpretar el más mínimo contacto, incluso con las embajadas, como una intención de “Re-availment” por parte de aquellas personas protegidas que se acercan a solicitar servicios o participar en actividades de su país.

De acuerdo a Chantal Tie de la Comunidad de Servicios Legales de Ottawa, y Rick Goldman del Comité de Ayuda a los Refugiados en Montreal, las personas afectadas no han hecho nada malo; muchas de ellas han estado viviendo por muchos años en Canadá como residentes permanentes y se han establecido exitosamente en nuestro país.

Otro tema de máximo interés para muchos de los participantes durante la reunión del CCR fue el de las detenciones prolongadas y arbitrarias contra aquellos solicitantes de refugio que, en algunos casos, han perdido el caso de refugio, y en otras, simplemente no tienen suficientes documentos para acreditar su identidad, sea porque se los robaron o los perdieron durante su viaje a Canadá.

También se abordó el tema de los casos de inadmisibilidad por seguridad. Fue quizá uno de los tópicos más candentes y polémicos durante la conferencia del CCR. La pregunta que giró en la sala de discusiones fue sencilla y contundente: ¿por qué Canadá está declarando inadmisibles en nuestro país a aquellos individuos que se han opuesto pacíficamente a gobiernos tiranos y corruptos?

De acuerdo al CCR este es un asunto de derechos humanos. El impacto social y sicológico que genera en una persona que mereciendo el refugio, se le niega y de paso, se le cierran otras avenidas en derecho que le permitirían demostrar la validez y legitimidad de su caso, es devastador.

Primero se le afecta emocionalmente y así mismo, muchas veces esta situación contribuye al rompimiento de su familia. Julie Chamagne de la Clínica Legal para Refugiados en Halifax y el profesor Angus Grant de la Osgood Hall Law School – Universidad de York, hicieron una excelente presentación, de la cual se puede interpretar la manera como el gobierno canadiense ha venido privilegiando decisiones de carácter político, desconociendo deliberadamente aspectos básicos del derecho.

Andrew Brouwer reconocido abogado especialista en refugio, y el defensor de derechos humanos Francisco Rico (FCJ Refugee Centre de Toronto), ejerciendo como moderadores del panel no dudaron en presentar esta situación como un caso de discriminación, en el cual Canadá no está haciendo honor a compromisos internacionales atados a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas.

Actualmente existen muchos casos de este tipo, incluso de refugiados aceptados (Convention Refugees) cuya residencia no ha sido otorgada, condenando sus familias a tener una vida en espera y angustia, pese a que han demostrado que su actividad política y periodística fue absolutamente legal y pacífica. Pero el gobierno ha “americanizado” conceptos de oposición política, asimilándolos a su concepción arbitraria y errónea de “terrorismo” para negar su naturaleza legal y política, y más bien castigar el que hayan sido oposición de gobiernos corruptos y violentos con los cuales existen acuerdos comerciales y de extracción minera.

*Luis Alberto Mata es un escritor y activista comunitario. Trabaja en el Centro Menonita Nueva Vida de Toronto