Crece oposición contra cambios electorales a nivel federal

REDACCION / TORONTO /
El Partido Conservador de Canadá ha tomado como ejemplo a la provincia de Ontario como un modelo para su propuesta de combate al potencial fraude electoral en su polémica reforma de las leyes electorales nacionales.

Pero el director electoral de la provincia de Ontario dice que el proyecto de ley federal adopta solamente una medida instituida en Ontario -la prohibición de dar fe- sin adoptar ningún mecanismo de compensación para asegurar que los votantes sin identificación apropiada no sean privados de su derecho democrático fundamental de votar.

Como resultado, Greg Essensa dijo que teme que miles de votantes sean privados de sus derechos, con lo cual está haciéndose eco de una crítica casi universal a dicha ley, tanto de expertos electorales locales como del extranjero.

Durante las audiencias sobre el proyecto de ley, los diputados conservadores han señalado que la mayoría de las provincias, entre ellas Ontario, no permiten que las personas den fe de los votantes que no tienen una identificación apropiada. En ese sentido, han sugerido que el gobierno federal simplemente se ponga al día con la práctica actual de la provincia.

Essensa reconoció que Ontario prohibió esa práctica en 2003. Pero dijo que se ha tratado de compensar esta al permitir que los electores puedan utilizar sus tarjetas de información de votante (VIC) como uno de los dos documentos de identificación requeridos.

Los VICs, que incluyen la dirección de cada votante, han sido “una herramienta extremadamente valiosa”, utilizada por aquellos que de otro modo tendría problemas para demostrar la residencia en su área de votación -sobre todo los estudiantes, los votantes de edad avanzada en hogares de la tercera edad y aborígenes, dijo.

El gobierno federal se propone prohibir el uso de los VIC como prueba de residencia, al mismo tiempo que quiere suprimir el que otras personas de fe de alguien, lo que constituiría un doble golpe.

“Soy un firme creyente, si usted elimina el dar fe, que usted deberá proporcionar alguna otra herramienta, como la tarjeta de información electoral, como una forma de identificación aceptable”, dijo Essensa.
Si eso no se hace, dijo que está de acuerdo con el director nacional electoral Marc Mayrand y otros expertos en que “usted puede, de hecho, privar de derechos a las personas que no pueden proporcionar evidencia de su residencia”.

Mayrand y otros expertos electorales han advertido que las medidas combinadas podrían despojar hasta a 250.000 electores de su derecho a emitir su voto.

Pierre Poilievre, ministro responsable de la reforma democrática, ha defendido las medidas como necesarias para evitar el doble voto o en circunscripciones donde no viven.

Pero, al igual que otros expertos, Essensa dijo que no ha visto ninguna evidencia de fraude electoral deliberada en sus más de 28 años en el trabajo de supervisión electoral, seis de ellos como director de la Agencia de Ontario.

Si bien el proyecto de ley tiene como objetivo acabar con lo que Essensa cree que es un problema que no existe, observó que falla en dar a Elecciones Canadá los poderes necesarios para investigar posibles irregularidades, como las llamadas telefónicas automáticas engañosas que plagaron las elecciones del 2011, o garantizar que intereses políticos se adhieren a las leyes de financiación electoral.

Essensa, al igual que la mayoría de los organismos de control provinciales, tiene el poder de obligar a declarar durante las investigaciones y de examinar los libros de ,los partidos, incluyendo exigir ver todos los recibos y facturas. El gobierno de Harper se ha negado a dar los mismos poderes a Mayrand y al comisario electoral Yves Cote, quien se encarga de hacer cumplir la Ley Electoral de Canadá.

“Nosotros, como una especie de guardianes de la democracia, tenemos que tener la capacidad para asegurarnos de que … estamos cumpliendo nuestro mandato estatutario, el cual a veces nos obliga a pedir a alguien presentar los registros bancarios, u obligar algunos testimonios, así que en realidad podemos llegar a la verdad de la cuestión”.

Essensa tuvo elogios para algunas disposiciones del proyecto de ley -por ejemplo, el registro propuesto de mensajes telefónicos automatizados y penas más duras para cualquier persona que se haga pasar por un funcionario electoral.

Sin embargo, dijo que teme que podría poner fin al papel de Elecciones Canadá en la educación de los canadienses sobre la importancia de votar. Eso acabaría con proyectos como los planes de estudio Grado 5 y 10 elaborados conjuntamente por el Ontario y los organismos nacionales de vigilancia para enseñar a los niños acerca de nuestra democracia.

También teme que pondría fin a la capacidad de Elecciones Canadá para experimentar con la modernización necesaria del sistema electoral, lo que requeriría que el Parlamento firmara cualquier proyecto piloto, como el voto electrónico.

Pese a las críticas a la ley, el gobierno parece decidido a aprobarlo antes de que el Parlamento entre al receso de verano a finales de junio, con pocas o ninguna modificación significativa.