POR OSCAR VIGIL / TORONTO /
Lorena acababa de cumplir 20 años de edad cuando encontró lo que parecía ser el camino para realizar todos sus sueños: un anuncio buscando modelos para comerciales de televisión que apareció publicado en uno de los periódicos más importantes de su país.
Llamó al número indicado y le dieron una cita, en la cual le explicaron que uno de los requisitos para trabajar como modelo en esa compañía era la disposición para hacerlo fuera del país. Esto le pareció aún más atractivo.
Su mentor en la agencia de modelos se encargó de que le hicieran varias sesiones de fotografía, y luego le ayudó a obtener su pasaporte, le dio dinero, y pocas semanas después se encontraba aterrizando en el aeropuerto de Montreal. Eran los tiempos en que los ciudadanos de su país no necesitaban visa para viajar a Canadá.
En el aeropuerto la recogieron y la llevaron a un hotel, para dos días después trasladarla hasta Toronto, donde la alojaron en el sótano de una casa en un barrio residencial. Ahí también se encontraban otras dos chicas: una ucraniana y otra israelita.
La trataron muy bien, le proporcionaron ropa y alimento, y lo único que en ese momento encontró extraño es que le pidieron sus documentos de viaje. “Para que no vayas a tener problemas con la policía dado que no podes trabajar porque estas como visitante en el país”, le explicaron.
Pero su calvario comenzó cuando tuvo que presentarse a su primer día de trabajo: modelaría desnuda en un club nocturno, y eventualmente debería atender clientes de forma privada.
Con apenas 20 años de edad, sin hablar inglés, sola y sin dinero en un país extraño, a Lorena no le quedó más remedio que hacerle frente a su nueva vida y esperar el momento adecuado en el cual pudiera salir de ésta. No fue fácil, lo costó cinco años lograrlo y asegura que aún no puede decir con certeza que esa etapa de su villa ya quedó atrás.
Pero su caso no es único y es nada más la punta de un problema aún más grande que aqueja a la sociedad canadiense, y que no solo se reduce a casos de explotación sexual como el de Lorena, sino que abarca otras industrias como la de servicios y la de trabajadores agrícolas temporales. Esto fue precisamente lo que plantearon expertos en el tema durante el Foro “Trata de personas para trabajo forzoso: creando conciencia y respuestas” (Human Trafficking for Forced Labour: Raising Awareness and Building Response).
La actividad fue organizada por el FCJ Refugee Centre y formó parte de la jornada que impulsó en el mes de abril el Departamento de Justicia de Canadá, conocida como Semana Nacional de Concientización sobre Víctimas del Crimen (National Victims of Crime Awareness Week 2013).
En esta, destacados expertos brindaron una perspectiva amplia sobre la problemática, misma que afecta particularmente a ciudadanos de los países de América Latina. Es por ello que entre los ponentes estuvieron Marisa Méndez Berry, Directora de Políticas de Asentamiento del Consejo Canadiense para los Refugiados (CCR), Samanta García Fialdini, Coordinadora del Proyecto de Trata, del CCR, y Alfredo Barahona, Coordinador del Programa de Derechos de los Migrantes e Indígenas, de la organización Kairos.
Loly Rico, Presidenta del CCR, dijo que el objetivo del Foro era crear una serie de recomendaciones para enfrentar, concientizar y prevenir la problemática de la trata de personas, particularmente en Canadá, debido a que es un problema grande que afecta anualmente a miles de personas.
Explicó que es importante hacer la diferencia entre “trata de personas” y “tráfico de personas”, porque “el tráfico”, dijo, se da cuando alguien le paga a una persona para que le ayude a cruzar la frontera de un país, y una vez al otro lado, le hace el pago correspondiente y ahí se acaba la relación.
“La trata”, sin embrago, se da cuando se recluta a alguien en un país extranjero, ya sea con engaños o de forma voluntaria, y se le trae a Canadá a trabajar en un tipo de trabajo donde es explotado.
Tradicionalmente se ha considerado la “trata de personas” referida a casos como el de Lorena, donde con engaños las mujeres son traídas a Canadá y luego son puestas a trabajar en burdeles o en clubes nocturnos para beneficio de redes organizadas de trata de personas. Sin embargo el concepto es más amplio, explicaron en el foro, e incluye la trata de personas para trabajos forzados y la trata de personas para tráfico de órganos.
En la primera, dijo Samanta García, se podría incluir a muchos trabajadores que llegan al país bajo el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales y bajo los Permisos de Residencia Temporal, quienes debido a las características de dichos programas llegan al país y quedan en una situación de vulnerabilidad respecto a sus empleadores.
“La trata de personas es un crimen y hay que denunciarlo”, dijo Rico, agregando que “si la persona no tiene estatus migratorio y es reconocida como víctima de trata, puede recibir un permiso temporal de residencia por 180 días con un permiso de trabajo abierto, con lo que puede decidir si se queda o no, y si colabora con las autoridades”, aseguró.
Como ejemplo, ahí está el caso de Lorena.
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