Forcejeo por control de Corte Suprema de Justicia en El Salvador

WILFREDO SALAMANCA / SAN SALVADOR /
La mirada internacional ha vuelto a fijarse en El Salvador por el conflicto entre sus poderes Legislativo y Judicial, protagonizada por la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la extrema derecha. Se trata de las mismas fuerzas antagónicas que antes se combatieron con armas, y hoy se enfrentan con jugadas políticas e interpretaciones legales a su conveniencia.

La génesis de la confrontación es el reparto de poder manoseando las leyes, y echando al traste el discurso para democratizar las instituciones que el Frente arengó como grupo insurgente, y después, como el más representativo partido político de izquierda.

El detonante ocurrió el pasado 6 de junio, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la elección que el Congreso hizo para renovar cinco de sus magistrados que debían tomar posesión a partir del 1 de julio. Los ungidos tuvieron los votos del FMLN y tres partidos minoritarios de derecha que vieron la oportunidad de vengarse o sacar provecho en el reparto de poder. La opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se opuso argumentando que la nominación correspondía a la siguiente legislatura.

El FMLN acababa de perder las elecciones legislativas y municipales del 11 de marzo ante ARENA, su rival histórico que ganaba 35 de los 84 diputados en contienda y arrebataba gobiernos municipales en sectores populosos periféricos a la capital como Soyapango, Mejicanos, y otros que la ex guerrilla catalogaba como sus bastiones.

El Frente contaba en ese momento con 35 votos y como aliados incondicionales a los partidos minoritarios Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) que se desprendió de ARENA, y a los históricos Partido de Conciliación Nacional (PCN) convertido a Concertación Nacional (CN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) renombrado como Partido de la Esperanza (PES).

Agonizaba la legislatura en la que el FMLN tenía más votos. A partir del 1 de mayo, ARENA se convertía en la fuerza mayoritaria en el Congreso. Por eso, en las postrimerías de esa elección y actuando como lo hacía la derecha representada en ARENA durante los 20 años que mantuvo el control, el FMLN y sus aliados se repartían importantes instituciones.

El Frente lograba dos magistrados propietarios, entre ellos el abogado Ovidio Bonilla, para que asumiera la presidencia de la Sala de lo Constitucional y por ende la titularidad de la Corte Suprema de Justicia. El resto de magistraturas propietarias y suplentes se repartían entre GANA, PES y CN.

Esa misma piñata incluyó hacerse de la Corte de la Cuentas de la República, que como ente contralor era un botín del otrora PCN liderado por militares, y que se ganó el mote de partido político ganguero al servicio del poder de turno y patrocinado por la masonería local.

Pero el pastel tenía más. El partido GANA, que desde su fundación se ha vinculado con el ex Presidente Elías Antonio Saca colocó al abogado Ástor Escalante, como nuevo Fiscal General de la República para que asuma en septiembre próximo.

Ante la proximidad del 16 de julio, arreció el conflicto entre el Legislativo y el Judicial entonces presidido por el abogado Belarmino Jaime y tres magistrados más que se ganaron el respaldo de una parte de la población por decretar inconstitucional la votación para diputados con nóminas impuestas por los partidos políticos. Su resolución permitió que por primera vez El Salvador votara el 11 de marzo por rostros y que compitieran candidatos a diputados catalogados como no partidarios, aunque ninguno fue electo. 

Los “Cuatro Fantásticos” como se les llamó, también decretaron inconstitucional que por un decreto legislativo se resucitaran a los partidos de Conciliación Nacional y Demócrata Cristiano, que no alcanzaron los votos para sobrevivir en las elecciones presidenciales de 2009 cuando se aliaron con ARENA, y perdieron.

El mejor rédito electoral en la votación por rostros lo consiguió ARENA con 35 diputados, mientras el FMLN solamente alcanzó 31, por lo que tuvo que tragarse la derrota. GANA alcanzó 11, PES 1 y CN 5.

Sin embargo, el FMLN presidiendo el Gobierno de la República con el ex periodista Mauricio Funes, alcanzó también hacerse de la presidencia de la Asamblea Legislativa con el diputado Sigfrido Reyes, quien llevará las riendas del Congreso hasta abril de 2015. Al Frente solamente le faltaba controlar la Corte Suprema de Justicia.

ARENA con la mayor votación y más diputados apenas podía celebrar. Fue marginada del reparto de instituciones.

Los cuatro magistrados que hicieron historia desde la Sala de lo Constitucional empezaron a resolver fallos contra la piñata. ARENA se mostró de su lado, mientras los empresarios y otros sectores conservadores se agruparon en el movimiento Aliados por la Democracia para denunciar como ilegal que la legislatura pasada haya realizado los nombramientos que correspondían a la presente gestión en la que tiene más diputados, pero no el control del Congreso.

Ante el fallo de la Sala Constitucional, el Congreso acudió ante la cuestionada Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para que resolviera el conflicto de poderes. El organismo regional con sede en Nicaragua admitió la demanda, y ordenó la suspensión del acto reclamado, facilitando que se instalaran los cuestionados magistrados ungidos por el FMLN y sus aliados mientras resuelve; aunque por estar controlada por sandinistas y representantes salvadoreños de los partidos que se han repartido el botín, no se advierte un fallo contrario a esos intereses. 

Mientras tanto, las calles de San Salvador se volvieron escenario de confrontación cuando terminaba la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del magistrado Belarmino Jaime, quien de acuerdo al Reglamento Interno depositó la Titularidad temporal en el magistrado Florentín Meléndez, un destacado jurista que incluso fue parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Llegado el 16 de julio, sindicalistas empleados de la Corte Suprema de Justicia, con la venia de la Policía Nacional Civil (PNC), se tomaron el edificio judicial y sus contornos, generando todas las condiciones para que se entronizara Ovidio Bonilla.

En un acto insólito en el que puso en entredicho la independencia de poderes, el abogado Bonilla fue escoltado para dirigirse a una concentración de simpatizantes del FMLN junto al presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, y políticos de derecha como Rodolfo Parker, secretario general de PES; el ex Vicepresidente de la República y actual diputado de CN, Francisco Merino; y por el diputado y dirigente de GANA, Mario Tenorio.

Para la izquierda se trató de una conquista. Las arengas de dirigentes comunistas como la diputada del FMLN, Norma Guevara, fue que “los sectores poderosos” del país querían seguir dominando la Corte Suprema de Justicia para patear al pobre y para encubrir su corrupción.

El discurso de los dirigentes y militantes del FMLN es que por fin tienen el poder total del país, dirigiendo el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al nuevo presidente judicial lo llaman “compañero”, aunque no mencionan su pasado como militante de este partido de izquierda en el oriente del país.

A partir de entonces, y por el momento, El Salvador cuenta con dos Salas de lo Constitucional y un conflicto sin visos de resolverse adecuadamente. La Iglesia Católica en voz de su Arzobispo José Luis Escobar ha pedido que se reelijan a los magistrados cuya nominación es cuestionada, pero no  ha tenido eco.

Mientras el Procurador de Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, alertó que solicitará la intervención de Naciones Unidas para que se resuelva el conflicto de poder, que el movimiento Aliados por la Democracia califica como Golpe de Estado al Órgano Judicial mediante una campaña de radio en la que exigen al Presidente Mauricio Funes impedir que prevalezca un resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que legitime la desobediencia del Legislativo.

Las reuniones entre todos los partidos políticos, con la mediación del presidente Funes comenzaron el pasado 24 de Julio y continúan. Pero aunque el acuerdo general al que han llegado es que se van a cumplir las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, en el fondo el forcejeo sigue siendo el mismo: mantener una Sala de lo Constitucional independiente con los actuales cuatro magistrados, o desarticular esta y conformar una que responda a los intereses de los partidos dominantes.

Veinte años después de haber finalizado la guerra, pareciera que los partidos políticos salvadoreños aun no han aprendido la lección.

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